Centros Base de Valoración y Orientación a personas con discapacidad

Las personas con discapacidad son aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Las personas con discapacidad afrontan limitaciones para realizar determinadas actividades (por ejemplo, oír, andar, etc.), pero no siempre necesitan la ayuda de otra persona en las actividades básicas de la vida diaria. El reconocimiento de la discapacidad corresponde a la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social.

La incapacidad laboral es la limitación que presenta una persona para el desempeño de su puesto de trabajo habitual o bien para cualquier tipo de trabajo. Su reconocimiento corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social.

La dependencia es el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria. Su reconocimiento corresponde a la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social.

No. En su sentencia 156/2020, de 19 de febrero de 2020, la sala de lo Social del Tribunal Supremo ha unificado doctrina interpretativa respecto al artículo 4.2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, del Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, señalando que el reconocimiento de una incapacidad laboral permanente total, absoluta o gran invalidez no da derecho al reconocimiento automático de un 33% de discapacidad.

Los criterios establecidos en esta sentencia se aplican en la Comunidad de Madrid a partir del 19 de julio de 2020, cuando se recibe comunicación de la misma a efectos administrativos.

Instrucciones de la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad, relativas a la interpretación jurisprudencial del artículo 4.2 del texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobado por real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y sus efectos jurídicos.

También son distintos e independientes entre sí los procedimientos de reconocimiento del grado de discapacidad y de la situación de dependencia. Más Información.

La incapacidad civil es la situación jurídica, declarada por un juez mediante sentencia firme, en la que, a causa de enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico, la persona no puede gobernarse por sí misma y precisa que otra persona, tutor o curador, vele por su situación civil.

Hay dos esferas legales específicas (Seguridad Social e IRPF), a cuyos solos efectos se entiende que las personas cuya incapacidad sea declarada judicialmente acreditan un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento, aunque no alcancen dicho grado.

Normativa: disposición adicional vigesimoquinta del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y artículo 60 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

A partir del 19 de julio de 2020, solo se emiten tarjetas acreditativas de grado de discapacidad a aquellas personas que hayan sido reconocidas por los Equipos de Valoración de un Centro Base, en el marco del procedimiento de grado de discapacidad.

Las tarjetas emitidas antes del 19 de julio de 2020 de forma automática en base a la condición de pensionista por incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, siguen teniendo validez. No sirven, sin embargo, para acreditar una situación de movilidad reducida ya que siempre ha sido necesaria una valoración específica en los Centros Base para determinar si una persona tiene dificultades para utilizar el transporte público.

Instrucciones de la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad, relativas a la interpretación jurisprudencial del artículo 4.2 del texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobado por real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y sus efectos jurídicos.

En este caso puede dirigirse al Centro Base y solicitar que se valore únicamente el baremo que permite acreditar la dificultad para utilizar transportes colectivos.

No, en ese caso el interesado deberá presentar solicitud de revisión dentro de los tres meses anteriores a la fecha fijada.

Sí, pero solo si dispone de informes médicos que acrediten el agravamiento con fecha posterior a la anterior revisión. En este caso debe marcar en el impreso de solicitud la casilla de "revisión por agravamiento" en vez de la opción de "revisión por plazo de validez".

Sí, el procedimiento de determinación de las necesidades de atención temprana es distinto e independiente de cualquier otro.

Puede dirigirse al Centro Base y solicitar el dictamen técnico correspondiente.

Las personas con discapacidad pueden solicitar una pensión no contributiva de invalidez (PNC) en la Consejería de Familia, Juventud y Política Social si están afectadas con un grado de discapacidad igual o superior al 65%, no superan determinado nivel de ingresos y no han cotizado o lo han hecho de forma insuficiente para tener derecho a una pensión contributiva.

Si el grado de discapacidad es igual o superior al 75% y acreditan la necesidad del concurso de tercera persona para desarrollar las actividades esenciales de la vida, percibirán un complemento del 50% de la renta fijada en cómputo anual.

Sí, siempre que no tenga vivienda en propiedad y sea titular de un contrato de arrendamiento en la vivienda que constituya su domicilio habitual, puede solicitar el complemento de pensión para el alquiler de vivienda en la Consejería de Familia, Juventud y Política Social.

Puede solicitar en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) la prestación económica por hijo a cargo del beneficiario o menores acogidos que se encuentren en algunos de éstos casos:

• Menores de 18 años, con una discapacidad igual o superior al 33%.
• Mayores de 18 años, con una discapacidad igual o superior al 65%.
• Mayores de 18 con una discapacidad igual o superior al 75%.

La cuantía de la prestación será diferente para cada uno de los supuestos y es incompatible con la pensión no contributiva de invalidez.

En el caso de trabajadores con discapacidad, la edad de jubilación exigida en cada momento puede ser reducida aplicando coeficientes reductores, si la discapacidad del trabajador es igual o superior al 65%  (Real Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen coeficientes reductores de la edad de jubilación a favor de los trabajadores que acreditan un grado importante de discapacidad) o con grado de discapacidad de 45% o más (Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 161 bis de la Ley General de la Seguridad Social [entiéndase, artículos 206 a 208 de la LGSS 2015], en cuanto a la anticipación de la jubilación de los trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 45 por ciento.) En este último caso la discapacidad debe derivar de alguno de los trastornos o patologías reflejados expresamente en dicho Real Decreto.