Acogimiento familiar de menores

Es un programa de acogimiento familiar en la modalidad de especializado, complementario a las medidas de protección ya existentes, que ofrece a niños, niñas y adolescentes con necesidades o circunstancias especiales, que actualmente viven en centros de protección,  la posibilidad de convivir con una familia especialmente preparada para acogerlos. 

El acogimiento familiar especializado de especial preparación, pretende dar respuesta a las necesidades de niños, niñas y adolescentes, entre 7 y 18 años, con problemas de salud mental o con problemas de conducta o adaptación, que actualmente se encuentran en centros de acogimiento residencial.

Estos menores no pueden vivir con sus familias de origen, pero tampoco pueden vivir con una familia de acogida voluntaria, por el desafío que suponen sus dificultades de conducta y adaptación.

Es necesaria una “especial preparación” por parte de las familias acogedoras en esta modalidad de acogimiento, porque el objetivo es  ofrecer a los niños, niñas y adolescentes, la posibilidad de vivir en un entorno familiar, que contribuya a reparar daños emocionales, trabajando las dificultades de su historia previa. Por este motivo, se necesitan familias que puedan desempeñar ese papel intensivo de “especial reparación”, que requieren esas situaciones.

A través de la ayuda especializada de la propia familia que lo acoge, es posible desarrollar un ambiente de reparación de las dificultades que presenta el menor.

Se necesitan familias que acrediten una especial preparación, conforme a los requisitos del proyecto piloto desarrollado en la Comunidad de Madrid por la entidad colaboradora: https://www.redesafe.org/ y financiado con fondos MRR:

1. Formación específica acreditada y homologada por el Ministerio de Educación.
   1. Contar con una Diplomatura, Licenciatura o Grado en Educación Social, Magisterio, Enfermería, Medicina, Pedagogía, Psicopedagogía, Psicología, Sociología, Trabajo Social, Antropología Social y Cultural, Logopedia.
   2. También se considerarán otros grados formativos no universitarios o titulaciones relacionadas con el ámbito sanitario, socio–comunitario o socio–educativo, debiendo estar todas homologadas por el Ministerio de Educación.
   3. Se aceptará la titulación de Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato Semipresencial (antiguo CAP) como requisito previo a nivel formativo con el objetivo de incluir a profesorado de secundaria.
   4. Se deja abierta la posibilidad de Otras titulaciones afines, considerando aquellos títulos que han modificado su nombre respecto a los descritos en los últimos años.
   5. Esta titulación no implica un reconocimiento de la capacitación y/o competencia para el desarrollo de un plan de intervención que se evaluará en el proceso de valoración psicosocial.
   6. Se excluyen todos los títulos de formación obtenida en el ámbito laboral y/o certificaciones privadas.
2. Experiencia laboral y profesional acreditada:
    
   1. Disponer de una experiencia práctica mínima de dos años en el desempeño de funciones en el ámbito sanitario, socio-comunitario o socioeducativo relacionadas con la atención, cuidado, educación o protección de personas menores de edad.
   2. No se considerará la experiencia en prácticas no remuneradas ni como familia de acogida ordinaria o voluntaria previa para cumplir este requisito.
   3. Esta experiencia deberá acreditarse principalmente mediante la presentación del Certificado de Vida Laboral que emite la Seguridad Social. Excepcionalmente se podrá acreditar mediante la presentación de los contratos laborales.

• Enlace a la solicitud: sede.comunidad.madrid/prestacion-social/acogimiento-familiar-especializado

El Decreto 44/2022, de 29 de junio,  regula la prestación económica para apoyar el acogimiento familiar de menores de la Comunidad de Madrid.

1.- Las ayudas estaban sujetas a una convocatoria, su tramitación era a instancia de parte y sujetas a un plazo de solicitud. Ello suponía que algunas familias acogedoras no las percibieran al solicitarlas fuera de plazo o por haberse constituido el acogimiento con posterioridad a la fecha fin establecido en la convocatoria para poder solicitarla.

2.- La prestación es un derecho subjetivo del acogedor desde el momento en el que se formaliza el acogimiento por la entidad pública de protección. No está por tanto sujeta a ninguna convocatoria ni a solicitud, al tramitarse por un procedimiento de oficio por la Administración una vez se haya formalizado dicho acogimiento, lo que supone que ningún acogedor va a dejar de percibirla.

1.- Las personas físicas que ostenten la condición de acogedor en los términos previstos en el artículo 173 del código civil, y la medida de protección de acogimiento familiar se haya formalizado por el entidad pública de protección de la Comunidad de Madrid o dispuesto judicialmente o cuando la Comunidad de Madrid, se haya subrogado legalmente en la medida de protección acordada por otra comunidad autónoma. Ostentan la condición de acogedores:

• aquellos unidos por un vínculo de parentesco con el menor/es acogido (hasta el cuarto grado)
• aquellos seleccionados y aceptadas por la entidad pública de protección de menores
• aquellas familias seleccionadas por la entidad pública de protección de menores para integrarse en el programa de urgencia (menores de 6 años y con una duración no superior a 6 meses)

 Existen dos:

1.- Carácter General (todas las que no son especial), independientemente de que el acogedor tenga un vínculo de parentesco con el acogido o haya sido seleccionado y aceptado por la entidad pública de protección de menores

2.- Carácter Especial: la destinada al acogimiento de un menor al que se le haya reconocido la situación de dependencia, discapacidad igual o superior al 33% o se haya valorado la necesidad de atención temprana por el Centro Regional de Coordinación y Valoración Infantil (CRECOVI).

Si será compatible, con cualesquiera otras ayudas, prestaciones, beneficios de otras administraciones públicas, incluidas las de la Comunidad de Madrid, del Estado y de la administración municipal, aunque tengan por objeto apoyar la función guardadora que supone el acogimiento familiar.

No será compatible, con prestaciones de naturaleza similar, a cargo de otras comunidades autónomas, cuando las personas acogedoras residan fuera de la Comunidad de Madrid, de forma habitual o no.

Será también compatible con el abono, en su caso, de  los gastos extraordinarios que se puedan ocasionar en las familias acogedoras en el cumplimiento de  sus funciones, cuando no estén cubiertos por el sistema público, gastos que  se instrumentalizarán mediante una subvención.

La prestación económica tiene efectos económicos desde la fecha de la resolución administrativa del acogimiento familiar, o en su defecto desde la fecha que conste en el certificado emitido por la entidad pública de protección o desde el momento en que el órgano competente en materia de protección de menores de la Comunidad de Madrid acuerda la inclusión de la familia en el acogimiento familiar de urgencia.

Para los acogimientos anteriores a 2022, la prestación tiene efectos desde 1 de enero de 2022.

Prestación económica de carácter general: 300 euros mensuales por menor acogido, con efectos económicos desde la fecha de la resolución administrativa del acogimiento, o en su defecto desde la fecha que figure en el certificado que emita la entidad pública de protección.

Prestación económica de carácter especial: 467 euros mensuales por menor acogido con efectos económicos desde la fecha de la resolución administrativa del acogimiento, o en su defecto desde la fecha que figure en el certificado que emita la entidad pública de protección.

Prestación económica por acogimiento en familia de urgencia: 1200 euros mensuales, por estar de alta en el programa, con efectos económicos desde la fecha de alta en el mismo, independientemente del número de niños acogidos.

El procedimiento se iniciará de oficio, por el titular de la Consejería competente en materia de protección de menores, mediante un acuerdo de inicio que se notificará al interesado, el cual podrá presentar alegaciones en un plazo de 10 días para aportar los datos y pruebas que crea convenientes. El órgano competente dictará resolución de reconocimiento de la prestación en un plazo máximo de 3 meses, contra la cual, una vez notificada, el interesado podrá interponer recurso de reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación, ante el mismo órgano que dictó dicha resolución.

Se va realizar mediante transferencia bancaria a la cuenta de la que el acogedor sea titular.

El pago se realizará mensualmente, sin perjuicio de los importes atrasados, que se abonarán igualmente mediante transferencia bancaria en un solo pago.

Si, puede, si se da una variación de las circunstancias del acogimiento que afecten al cálculo de la prestación. En este caso, se tramitará de oficio un procedimiento de modificación del importe reconocido, emitiendo una nueva resolución en la que figure el nuevo importe mensual a percibir, con efectos económicos desde la fecha de la resolución administrativa que reconozca la modificación.

Los acogedores deberán comunicar cualquier variación que pudiera afectar a la cuantía y continuidad de la prestación, a la entidad pública de protección de menores de la Comunidad de Madrid, en el plazo de 15 días, desde que se produzca el hecho que la motiva.

Si, puede, si se da alguna de las causas que motiven la extinción de la prestación:

• Cese del acogimiento, mediante acuerdo o resolución del órgano competente
• Renuncia expresa por parte del acogedor a la prestación
• Incumplimiento de las obligaciones como acogedor, recogidas en el artículo 5 del Decreto 44/22 de 29 de junio
• Adopción, cuando exista resolución firme

En estos casos, la administración de oficio resolverá la extinción de la prestación con efectos económicos a partir de la fecha en que se produzca el hechoque la motiva. 

Si, cuando se compruebe la percepción indebida de la prestación económica para apoyar el acogimiento familiar de menores, la administración iniciará un procedimiento de reintegro. Este procedimiento se iniciará por acuerdo del titular de la consejería competente en materia de protección de menores, que una vez transcurrido el plazo de trámite de audiencia, dictará la resolución que corresponda y requerirá a la persona titular de la prestación la devolución de las cantidades que hubiera recibido indebidamente.

El artículo 7. z) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre las Renta de las personas físicas,  establece que están exentas  “las prestaciones y ayudas familiares percibidas de cualquiera de las Administraciones Públicas, ya sean vinculadas a nacimiento, adopción, acogimiento o cuidado de hijos menores”.