La controversia se en determinar si SECUR incumplió requisitos mínimos de adscripción de medios o simplemente no acreditó determinadas mejoras valorables. Concluye que los medios mínimos exigidos en el PPT son distintos de las cualificaciones adicionales puntuables como mejoras. La falta de acreditación de estas mejoras no justificaba considerar retirada la oferta conforme al artículo 150.2 LCSP, sino únicamente descontar la puntuación asociada.
Por ello, la resolución que tuvo por retirada la oferta de SECUR se basó en una interpretación jurídica incorrecta. El órgano de contratación podía revocarla al amparo del artículo 109.1 LPACAP, ya que era un acto desfavorable para SECUR y la revocación buscaba restablecer la correcta aplicación de los pliegos. Aunque JOMAR debió haber sido oída antes de la revocación, el Tribunal considera que la omisión del trámite de audiencia no le produjo indefensión material suficiente para anular el acto. Tampoco aprecia que SECUR modificara su oferta o recibiera un trato privilegiado, sino que se corrigió la valoración de las mejoras no acreditadas. Finalmente, entiende que no se vulneraron los principios de igualdad, transparencia, confianza legítima ni vinculación a los pliegos, por lo que procede desestimar íntegramente el recurso
