Residuos de Construcción y Demolición (RCD)

Los RCD son residuos de naturaleza fundamentalmente inerte generados en obras de excavación, nueva construcción, reparación, remodelación, rehabilitación y demolición, incluidos los de obra menor y reparación domiciliaria.

Las normas estatales que establecen las condiciones sobre producción y gestión de los residuos de construcción y demolición son:

el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición,
la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.

En la Comunidad de Madrid es de aplicación la Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid.

Clasificación de RCD

En la Comunidad de Madrid, los RCD se clasifican en:

RCD de Nivel I: RCD excedentes de la excavación y los movimientos de tierras de las obras cuando están constituidos por tierras y materiales pétreos no contaminados. En la Orden APM/1007/2017 se denominan suelos no contaminados excavados y otros materiales naturales excavados.

RCD de Nivel II: RCD no incluidos en los de Nivel I, generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios (abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, suministro eléctrico, gasificación y otros).

Productores y poseedores de RCD. Obligaciones

El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, diferencia entre el productor y el poseedor de RCD, estableciendo determinadas obligaciones para cada uno de ellos.

Es productor de RCD:

La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición. En aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.

La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.

El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de construcción y demolición.

Es poseedor de RCD:

La persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. No tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena.

Los productores y poseedores de RCD deberán cumplir con las obligaciones previstas en los artículo 4 y 5 del Real Decreto 105/2008, salvo que se trate de RCD generados en obras menores de construcción o reparación domiciliaria, en cuyo caso estarán sujetos a los requisitos que establezcan las entidades locales en sus respectivas ordenanzas municipales.

Obligaciones de los PRODUCTORES de RCD

Incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos, con el contenido mínimo que se establece en el artículo 4.1 del RD 105/2008.

En el caso de obras sometidas a licencia municipal o estén sujetas a otra forma de intervención municipal previa, constituir ante el Ayuntamiento donde se ejecute la obra, cuando proceda, y de acuerdo con lo establecido en el art. 9 y siguientes de la Orden 2726/2009, una fianza, o garantía financiera equivalente, que garantice la correcta gestión de los RCD.

Disponer de la documentación que acredite que los RCD realmente producidos en la obra han sido gestionados, en su caso, en la obra, o entregados a una instalación de valorización o de eliminación, para su tratamiento por gestor de residuos autorizado.

Obligaciones de los POSEEDORES de RCD

La persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los RCD que se vayan a producir en la misma. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

Separar los RCD por tipos de materiales. Si esta operación se llevara a cabo en una instalación externa a la obra, el titular de esta última instalación, además de contar con las preceptivas autorizaciones de gestión de residuos, deberá entregar al poseedor de RCD un documento acreditativo, con el contenido señalado en el anejo I de la Orden 2726/2009, de que la separación se ha llevado a cabo de forma adecuada.

Presentar una comunicación previa al inicio de sus actividades ante el órgano ambiental competente de la Comunidad Autónoma si se generan más de 1000 t/año de RCD.

Entregar los RCD a gestores debidamente autorizados o registrados , siempre que no procedan a gestionarlos por ellos mismos. Dicha entrega habrá de constar en documento fehaciente.

Sufragar los costes de gestión de los RCD y entregar al productor los certificados y demás documentación acreditativa de su correcta gestión, así como mantenerla durante el tiempo legalmente establecido.

Obligaciones relativas al TRASLADO de RCD

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el territorio del Estado, en los traslados se debe cumplir lo siguiente:

Contrato de tratamiento: Con carácter previo al inicio de un traslado, el operador deberá disponer de un contrato de tratamiento con el destinatario del traslado, según se establece en el artículo 2.h) del citado Real Decreto.
Documento de identificación: Los traslados de residuos deben ir acompañados de un documento de identificación desde el origen hasta su recepción en la instalación destino. El contenido del documento de identificación del traslado viene recogido en el anexo I del Real Decreto 180/2015. En el caso de traslados de RCD no destinados a eliminación, podrá hacer la función de documento de identificación un albarán, una factura, carta de porte, etc. siempre que recoja la información de dicho anexo I.
Notificación previa de traslado: Cuando se trate de RCD destinados a eliminación, el operador deberá presentar al menos diez días antes de que se lleve a cabo el traslado una notificación ante el órgano competente de la comunidad autónoma de origen y de destino. Se debe enviar a través del procedimiento electrónico de Presentación de escritos y comunicaciones, utilizando el formulario existente al que se anexará la notificación en formato PDF con el contenido del Anexo II del Real Decreto 180/2015.

Hay que tener en cuenta que el operador de traslado es la persona física o jurídica que pretende trasladar o hacer trasladar residuos para su tratamiento. Es alguna de las personas físicas o jurídicas de la siguiente lista, elegidas de acuerdo con el siguiente orden:

el productor del residuo (en el caso concreto de RCD, incluye al contratista de la obra que los genera entendido como productor inicial) y siempre que el origen del traslado sea el lugar de producción del residuo.
el gestor del almacén o de la instalación de tratamiento, en el caso de que se recojan residuos procedentes de distintos productores o poseedores en un único vehículo y se trasladen a un almacén o a una instalación de tratamiento de residuos.
el gestor del almacén, en el caso de que el traslado se realice desde un almacén autorizado.
el negociante, previsto en la definición del artículo 3.k) de la Ley 22/2011, de 28 de julio.
el agente, previsto en el artículo 3.l) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, autorizado por escrito por el tercero que le encargó la gestión de los residuos.
el poseedor del residuo, en los casos en que los sujetos anteriores sean desconocidos.

Gestión de RCD de Nivel I (materiales naturales excavados)

Su gestión está regulada en la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados, cuando se utilicen en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron, con las condiciones establecidas en dicha Orden. En el resto de los supuestos resulta de aplicación el régimen general establecido para los RCD.

La Orden APM/1007/2017 es de aplicación a los residuos no peligrosos consistentes en suelos no contaminados excavados y otros materiales naturales excavados procedentes de obras de construcción o demolición, tales como tierras, arcillas, limos, arenas, gravas o piedras, incluidas en el código LER (Lista Europa de Residuos) 17 05 04 (materiales naturales excavados).

Se excluyen:

Los que se encuentren mezclados con otros materiales u objetos distintos a los materiales naturales, tales como restos de hormigón, materiales cerámicos, metales, plásticos, maderas, etc., o
Los que procedan de suelos que hayan soportado alguna de las actividades potencialmente contaminantes de suelo (según R.D 9/2005, de 14 de enero), así como cuando se tengan indicios de que el suelo pueda estar contaminado.

Estos materiales sólo podrán utilizarse en operaciones de valorización en sustitución de otros materiales que no sean residuos cumpliendo la misma función en:

Obras de construcción, consistentes en la colmatación de zonas o de huecos de un emplazamiento con el fin de mejorar el terreno para el ejercicio de sus funciones en actividades constructivas tales como obras de urbanización u otras similares.
Operaciones de relleno con fines de rehabilitación del terreno afectado por las actividades de las industrias extractivas, restauración de espacios degradados, acondicionamientos de caminos o vías pecuarias.

Para otro tipo de acondicionamientos no recogidos en estos supuestos, se estará a lo establecido en la normativa general de RCD.

La valorización de estos residuos está exenta de autorización administrativa, sin perjuicio de otros trámites como la Comunicación previa, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

Requisitos que deben cumplir los materiales de excavación

La cantidad máxima excavada no podrá ser superior a la justificada en los proyectos de origen.
La cantidad máxima de los materiales naturales excavados será la que esté justificada en los proyectos de destino.
Los materiales naturales excavados sólo se podrán clasificar según su naturaleza y según su granulometría cuando proceda.
Los materiales naturales excavados no se mezclarán con otros residuos distintos o con sustancias que puedan contaminarlos, tanto durante la ejecución de la excavación como durante las operaciones posteriores de clasificación y transporte hasta su entrega a la persona física o jurídica que llevará a cabo la valorización en el lugar que se vayan a utilizar.
Los materiales naturales excavados deberán cumplir los requisitos establecidos en los Pliegos de Condiciones Técnicas del proyecto de las obras de destino. Asimismo cumplirán las condiciones o requisitos que, en su caso, sean impuestas en las correspondientes autorizaciones administrativas.

Obligaciones del productor o poseedor inicial de los materiales excavados

Entregarlos a una entidad o empresa registrada, cumpliendo con las obligaciones relativas al traslado de residuos señaladas en apartados anteriores, o bien gestionarlo por sí mismo.
Acreditar documentalmente la entrega de los materiales naturales excavados:
- Contenido mínimo: identificación del productor o poseedor, la obra de procedencia, la cantidad en toneladas, la naturaleza de los materiales entregados, así como la identificación de las personas físicas o jurídicas que realizarán la valorización y la obra de destino.
- Conservación de la documentación: al menos tres años
Asegurar a la persona física o jurídica que va a realizar la operación de valorización que los materiales naturales excavados cumplen lo establecido en el artículo 2, apartados 1 y 2, mediante una declaración responsable (Anexo II del Documento de Comunicación previa al inicio de actividades de valorización de materiales naturales excavados).
Si genera más de 1.000 toneladas al año de residuos no peligrosos, presentar una comunicación previa ante el órgano ambiental competente de la comunidad autónoma donde se generaron, mediante el procedimiento especificado en el apartado "Cómo realizar la Comunicación Previa", y disponer del archivo cronológico de conformidad con el artículo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio.
En el caso de que los materiales naturales excavados se entreguen a una entidad o empresa registrada, la responsabilidad de los productores u otros poseedores iniciales de estos materiales concluye cuando se realice dicha entrega.

Obligaciones de las empresas valorizadoras

Presentar una comunicación previa al inicio de la actividad, ante el órgano ambiental competente de la comunidad autónoma donde esté ubicado el emplazamiento en el que se llevará a cabo la operación de valorización mediante el procedimiento especificado en el apartado "Cómo realizar la Comunicación Previa".
Comprobar que los materiales que van a valorizar son exclusivamente materiales naturales excavados y que cumplen los requisitos establecidos en el artículo 3 de la Orden APM/1007/2017.
Asegurar que, cuando sea necesario almacenar en la obra o en la ubicación de operación de relleno de destino los materiales naturales excavados, este almacenamiento no será superior a dos años, mediante una declaración responsable (incluida en el Documento de Comunicación previa al inicio de actividades de valorización de materiales naturales excavados).
Asegurar que el espacio utilizado para el almacenamiento de materiales naturales excavados deberá quedar en su estado originario antes de esta operación. En el caso de que, tras la operación de valorización, exista un excedente de material natural excavado, las personas físicas o jurídicas responsables de la valorización deberán retirar este material.
Si en dos años no se ha producido la operación de valorización de los materiales naturales excavados almacenados, estará obligado a la reposición de la situación alterada su estado originario, e indemnización de los daños y perjuicios causados (según artículo 54 de la Ley 22/2011, de 28 de julio).
Disponer de un archivo cronológico, físico o informático, en el que se recogerá, por orden cronológico indicando la fecha de recepción, la cantidad y naturaleza de residuos valorizados, la identificación del origen de los residuos (obra de procedencia), la obra de destino, así como la entidad o empresa que haya realizado la entrega, el medio de transporte y la frecuencia de recogida. La información archivada se guardará durante, al menos, tres años y estará a disposición de las autoridades públicas a efectos de vigilancia, inspección y control.
Presentar, como máximo un mes después de la finalización de las operaciones de valorización, un resumen de su actividad al órgano que recibió la comunicación. El contenido de este resumen será el que figura en el anexo II de la Orden APM/1007/2017. En los casos en que las operaciones de valorización se realicen en más de un año natural, presentará anualmente, y antes del 31 de marzo del año en curso, el citado resumen de actividad correspondiente al año anterior.

Transportistas de RCD Nivel I (materiales naturales excavados)

Los transportistas de RCD Nivel I (materiales naturales excavados) tienen que estar adecuadamente registrados en el Registro de Transportistas de Residuos no Peligrosos de la Comunidad de Madrid y les es de aplicación lo establecido en el Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.

Cómo realizar la Comunicación Previa

De forma temporal, mientras se habilita el trámite telemático mediante un formulario específico, la Comunicación Previa en el caso de materiales naturales excavados se realizará a través del formulario genérico de Presentación de escritos y comunicaciones, al que se adjuntarán los siguientes documentos:

Régimen transitorio de la Orden APM/1007/2017

La Disposición transitoria primera de dicha Orden establece que no será de aplicación a las obras u operaciones de relleno en las que se realice alguna de las operaciones de valorización previstas en la misma, y que se encuentren en ejecución el 2 de enero de 2018, siempre que tales operaciones finalicen en el plazo máximo de un año desde dicha fecha

Durante el citado periodo transitorio, para conocer las explotaciones mineras cuyo Plan de Restauración permite el depósito de tierras externas (RCD de Nivel I) puede consultar en la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda (C/ Cardenal Marcelo Spínola, 14. Tel.: 91 420 64 62).

Bolsa de excedente de tierras

Con objeto de promover la reutilización de los RCD de nivel I en la Disposición Adicional Primera de la Orden 2726/2009, de 16 de julio se crea la Bolsa de Excedentes de Tierras, que es una herramienta voluntaria y gratuita, gestionada por la Consejería con competencias en medio ambiente, para facilitar el contacto entre oferentes y demandantes de RCD de nivel I. Los titulares o promotores de actividades legitimados para la valoración de RCD de nivel I de procedencia externa y que deseen estar incluidos en la referida Bolsa, deberán indicarlo en la Comunicación Previa correspondiente (Apartado 8 del Documento de Comunicación previa al inicio de actividades de valorización de materiales naturales excavados).

Gestión de RCD de Nivel II

La gestión de RCD está sujeta al régimen general de gestión de residuos no peligrosos de la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados.

Para el tratamiento de RCD de Nivel II, su poseedor debe contactar con un gestor de residuos no peligrosos (RCD), ya sea gestor de residuos no peligrosos autorizado o inscrito.
Para su transporte deberá contactar con un transportista de residuos no peligrosos. En cualquier caso, el poseedor deberá solicitar los correspondientes certificados de entrega.

Asimismo, como se ha indicado, está regulada por el Real Decreto 105/2008 y la Orden 2726/2009 de la Comunidad de Madrid.

El traslado de RCDs está sujeto al Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el territorio del Estado, como se ha señalado anteriormente.

Por su parte, los titulares de actividades de transporte de residuos de construcción y demolición deberán inscribirse en el Registro de Transportistas de Residuos de la Comunidad de Madrid.

Para el actividades de tratamiento de RCD, incluido el almacenamiento de los mismos, será preceptiva la Autorización de Gestor de Residuos No Peligrosos: RCD, emitida por la Consejería con competencias en medio ambiente. Cada instalación o centro en el que se realicen las citadas actividades de gestión de RCD deberá disponer de su correspondiente autorización.

Quedan exceptuados de esta obligación los poseedores de RCD que quieran realizar operaciones de valorización de los residuos no peligrosos de construcción y demolición en la misma obra en que se han producido, debiendo inscribirse en el Registro de Actividades de Valorización de Residuos No Peligrosos de Construcción y Demolición en la propia obra en la que se han producido (Artículo 7 de la Orden 2726/2009).

Además tendrán en cuenta los siguientes aspectos, recogidos en la Orden 2726/2009:

Instalación de báscula

En las instalaciones cuya capacidad de recepción o tratamiento de residuos supere las 5.000 t/año será preceptiva la instalación de una báscula y el registro de las cantidades expresadas en toneladas de los residuos y/o productos que entran y salen de la misma.

Prestación de fianza

Las actividades de gestión de residuos de construcción y demolición sometidas a autorización quedarán sujetas a la prestación de una fianza u otra garantía equivalente.

La cuantía mínima de dicha fianza será de 3.000 euros, incrementándose en función de la capacidad de la instalación.

En las instalaciones que realicen actividades de eliminación de residuos dicha fianza se incrementará hasta garantizar el cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, pudiendo autorizarse su constitución y devolución conforme a lo dispuesto en el artículo 9 del citado Real Decreto.