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Desestimación de un recurso contra la adjudicación de un contrato de servicios de defensa jurídica. La aportación de la documentación requerida a la adjudicataria se hizo dentro de plazo de acuerdo con los requerimientos que constan en el expediente. El criterio que valora la experiencia ha sido aplicado correctamente. No se han otorgado ventajas a anteriores adjudicatarios de contratos similares puesto que se valora la experiencia en las materias sin distinción del organismo al que se haya defendido.  

Recurso extemporáneo.

Desestimación recurso pliegos lote procuradores. Los límites de precios ya se contemplan en el Reglamento que regula sus honorarios.

Inadmisión recurso cuando se ha presentado antes oferta.

Archivo del recurso por desistimiento del recurrente. Artículo 56.1 LCSP y 84.1 de Ley 39/2015 Procedimiento Administrativo.

Estimación parcial de recurso contra retirada de oferta del adjudicatario y propuesta al siguiente licitador clasificado. No formalización no imputable al adjudicatario, no procede penalidad según artículo 153.4 de la LCSP. Procede continuar la tramitación de la adjudicación del contrato con el siguiente licitador clasificado.

Desestimación recursos. No se ha introducido discrecionalidad en la valoración de criterios automáticos. 

Desestimación de un recurso contra la adjudicación de un contrato de defensa jurídica. El recurrente tercero en la clasificación solo esta legitimado para impugnar la adjudicación por falta de notificación. Ha sido notificada  y consta en el expediente.

Estimación de recurso especial contra exclusión por valor anormal en adjudicación de contrato de servicios. Motivación del acuerdo. Insuficiente justificación de la inviabilidad de la oferta en el informe técnico. No se rebaten las inconsistencias del informe señaladas por la recurrente. Art. 149 LCSP.

Inadmisión de un recurso interpuesto por una diputada de la Asamblea de Madrid contra la adjudicación de un contrato de servicios. Falta de legitimación. La acción popular en defensa de la legalidad no existe en materia de contratación, y se requiere cierta vinculación con el procedimiento y la defensa de unos determinados intereses para poder interponer el recurso especial. Ni los diputados de la Asamblea ni los usuarios de los servicios públicos tienen reconocida legitimación.