Salud laboral

La prevención de riesgos laborales es el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. La prevención de riesgos laborales queda definida y regulada en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en la posterior Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.

Las características de los puestos de trabajo, de las actividades que se realizan y de las sustancias que se utilizan pueden influir significativamente en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. Cada trabajo entraña unos riesgos específicos. Conocer y prevenir estos riesgos es imprescindible para evitar sus posibles efectos sobre la salud. Por ello, la prevención de riesgos laborales, para ser realmente eficaz, debe estar integrada en el proyecto empresarial desde el inicio.

La prevención de riesgos laborales se trabaja desde cuatro disciplinas, que coordinan sus actividades para realizar una prevención integral y unificada:

• Seguridad en el trabajo: relativa a los conceptos y técnicas de seguridad en lugares de trabajo, instalaciones, máquinas y equipos de trabajo, así como las posibles situaciones de emergencia que se puedan producir.
• Higiene industrial: relativa a la evaluación de riesgos por exposición a determinados agentes físicos, químicos y biológicos.
• Ergonomía y psicosociología aplicada: relativa a los riesgos derivados de las características del trabajo asociados a cada tipo de actividad (esfuerzos, manipulación de cargas, posturas de trabajo,...) y a la carga de trabajo, tanto física como mental. También se incluyen en esta disciplina los riesgos psicosociales derivados de la organización del trabajo.
• Medicina del trabajo: trabaja sobre los riesgos y las posibles alteraciones que pueden producir sobre la salud de los trabajadores, vigilando la salud de las personas expuestas en su medio laboral.

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL) es el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas que garanticen la adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Estos servicios deben asesorar y asistir a la dirección/gerencia de la empresa, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados.

Los SPRL operan integrando las disciplinas mencionadas anteriormente, conformando equipos interdisciplinarios que trabajan coordinadamente para llevar a cabo la prevención de riesgos en el medio laboral de forma integral e integrada en todas las actividades y niveles de gestión de las empresas.

Tanto la organización como la actividad de los servicios de prevención están reguladas por el Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, que modifica el Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997, de 17 de enero), y sus posteriores modificaciones.

Los SPRL son los encargados de: 

• Diseñar e implementar el Plan de Prevención de riesgos laborales en la empresa.
• Evaluar los factores de riesgo que puedan afectar a la salud y a la seguridad de los trabajadores.
• Planificar la actividad preventiva, determinando las prioridades en la adopción de las medidas y hacer seguimiento de su eficacia.
• Formar e informar a los trabajadores en relación a la prevención de riesgos laborales.
• Vigilar la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados de su trabajo.
• Prestación de primeros auxilios y planes de emergencia.

No. La legislación vigente obliga al empresario/a, como responsable de la prevención de riesgos laborales y garante de la seguridad y salud en el trabajo, a utilizar alguno de los siguientes medios: asumir personalmente la actividad preventiva, designar uno o varios trabajadores/as para ocuparse de la actividad preventiva, constituir un servicio de prevención propio o concertar este servicio con una entidad especializada acreditada por la autoridad laboral, ajena a la empresa.

• El empresario/a puede optar por asumir personalmente la actividad preventiva si es una empresa de menos de diez trabajadores, si no realiza actividades peligrosas (anexo I del R.D. 39/97), si la actividad habitual se realiza dentro del centro de trabajo y si tiene cualificación para ello. La vigilancia de la salud y las actividades preventivas no asumidas personalmente, deben contratarse con otras modalidades de prevención.
• El empresario/a designará a uno o más trabajadores para realizar la actividad preventiva en la empresa. Para las actividades preventivas que los trabajadores designados no estén cualificados para realizar, el empresario podrá contar con un servicio de prevención propio (SPP) o ajeno (SPA). No es obligatoria la designación si el empresario/a ha asumido personalmente la actividad preventiva, o si cuenta con servicio de prevención propio o ajeno.
• El empresario/a deberá constituir un servicio de prevención propio si se trata de una empresa con más de 500 trabajadores o más de 250 trabajadores si desarrollan actividades peligrosas (anexo I del R.D. 39/97), o si no cumpliendo lo anterior, lo dictamine la autoridad laboral tras un informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Las especialidades que no asuma el servicio de prevención propio, podrán ser concertadas con un servicio de prevención ajeno.

Son entidades privadas que se encargan de identificar, evaluar, proponer medidas, dar asistencia técnica y hacer el adecuado seguimiento de la prevención de riesgos laborales a las empresas que les contratan. Son, pues, ajenas a las empresas a las que prestan esos servicios.

Los SPA deben estar acreditados por la autoridad laboral. En la tramitación de dicha acreditación, se comprueba que el servicio de prevención ajeno reúne los medios humanos, técnicos y materiales adecuados para garantizar el desarrollo de su función en las distintas empresas a las que ofrecerán sus servicios.

Las empresas que tienen obligación de contar con servicio de prevención propio, pueden además concertar determinadas actividades para las que no cuenten con los recursos necesarios, con los SPA.

Más información

La auditoría o evaluación externa es un instrumento de gestión que pretende reflejar la imagen fiel del sistema de prevención de riesgos laborales de la empresa, valorando su eficacia y detectando deficiencias. Para ello, la auditoría debe desarrollar un análisis sistemático, documentado y objetivo del sistema de prevención que incluye diversos elementos, reflejados explícitamente en el Real Decreto 604/2006.

Tanto las condiciones como la actividad de las empresas auditoras de sistemas de prevención están reguladas por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y su posterior modificación mediante el Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo.

Según la legislación vigente, deben someterse a auditoría las empresas que no hubieran concertado el servicio de prevención con una entidad especializada; es decir, las empresas que gestionen la prevención de riesgos laborales mediante un servicio de prevención propio, así como aquellas que desarrollen las actividades preventivas con recursos propios y ajenos.

Las empresas de hasta seis trabajadores en las que el empresario haya asumido personalmente las funciones de prevención o haya designado a uno o más trabajadores, cuyas actividades no estén incluidas en el Anexo I del Real Decreto 39/1997, y en las que la eficacia del sistema preventivo resulte evidente sin necesidad de recurrir a una auditoría (por limitado nº de trabajadores y escasa complejidad de las actividades preventivas), deberán cumplimentar y remitir a la autoridad laboral una notificación sobre la concurrencia de estas condiciones que no hacen necesario recurrir a la auditoría, según modelo establecido en el Anexo II del Real Decreto 39/1997.

En aquellos casos en que la auditoría externa no sea legalmente exigible, las empresas podrán someter con carácter voluntario su sistema de prevención al control de una auditoría externa, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y la reducción de los riesgos laborales.

La primera auditoría debe realizarse dentro de los doce meses siguientes al momento en que se disponga de la planificación de la actividad preventiva.

Después, deberá repetirse cada 4 años, salvo que la empresa realice actividades incluidas en el Anexo I del Real Decreto 39/1997, en cuyo caso el plazo entre una y otra será de dos años. En todo caso, deberá repetirse si lo requiere la autoridad laboral.

El empresario debe consultar a los trabajadores y permitir su participación en la elaboración de la auditoría. Los resultados quedan reflejados en un informe que la empresa debe tener a disposición de la autoridad laboral competente y de los representantes de los trabajadores.

La auditoría deberá ser realizada por personas físicas o jurídicas que posean además un conocimiento suficiente de las materias y aspectos técnicos objeto de la misma y cuenten con los medios adecuados para ello.

Las personas físicas o jurídicas que realicen la auditoría del sistema de prevención de una empresa no podrán realizar para la misma o distinta empresa actividades de coordinación de actividades preventivas, ni en actividades en calidad de entidad especializada para actuar como servicio de prevención.

Los resultados de la auditoría deberán quedar reflejados en un informe que la empresa auditada debe mantener a disposición de la autoridad laboral competente y de los representantes de los trabajadores.

La definición de Accidente de Trabajo queda establecida en el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en su artículo 156: se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufre con ocasión o por consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena.

Aunque de la definición anterior se deduce que este derecho a la prestación se ciñe al trabajador por cuenta ajena, el concepto está ampliado a otro tipo de trabajadores/as: dicha norma incluye también en la acción protectora de la Seguridad Social la de las contingencias profesionales para las y los trabajadores autónomos, autónomos económicamentedependientes y las empleadas/os del hogar.

El proceso se inició en el año 2003, en que fueron ampliándose la cobertura de las contingencias profesionales a:

1. Desde el año 2003, las y los trabajadores por cuenta propia o autónomos, podían mejorar, voluntariamente, el ámbito de la acción protectora que les dispensa dicho régimen, incorporando la correspondiente a las contingencias profesionales. A partir del año 2019, se hizo obligatoria la cotización para la cobertura de las contingencias profesionales, con el objeto de garantizar la igualdad y la protección de todas las personas trabajadoras (Real Decreto-ley 28/2018).
2. Trabajadores/as autónomos/as económicamente dependientes (TRADE). En el año 2007, la Ley 20/2007 del Estatuto del trabajo autónomo, estableció que el trabajador económicamente dependiente debía incorporar obligatoriamente la cobertura de la incapacidad temporal y de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. (TRADE es la persona física que realiza una actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual, personal, directa y predominante para un/a cliente del que percibe, al menos, el 75 por ciento de sus ingresos).
3. A partir del año 2012 se extendió también la acción protectora por contingencias profesionales a las empleadas/os del hogar. Esto incluye, lógicamente, los accidentes de trabajo. El Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar, recogió y consolidó el conjunto de mejoras de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar.

Con carácter general, se presume, salvo prueba en contrario, que son accidentes de trabajo toda lesión sufrida por el trabajador durante el tiempo y en el lugar de trabajo.

Tienen también la consideración de accidentes de trabajo: 

• El denominado "accidente in itinere", es decir, aquel que sufre el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo.
• El sufrido durante la realización de tareas, que aun siendo distintas de su categoría profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario, o realizadas de forma espontánea por el trabajador en interés del buen funcionamiento de la empresa.
• Las enfermedades, no incluidas en la lista de enfermedades profesionales, que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del trabajo.
• Las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad, que se manifiestan o agravan como consecuencia de un accidente de trabajo.
• Las enfermedades intercurrentes entendiéndose por tales las que constituyen complicaciones del proceso patológico determinado por el accidente de trabajo mismo, o las que tienen su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado el paciente para su curación.
• Los sufridos con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargo electivo de carácter sindical o de gobierno de las entidades gestoras de la Seguridad Social, así como los accidentes ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejercen las funciones que les son propias.
• Los acaecidos en actos de salvamento, o de naturaleza análoga, cuando tengan conexión con el trabajo.

Por el contrario, no tienen la condición de accidente de trabajo:

• Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose por ésta la que sea de tal naturaleza que ninguna relación guarde con el trabajo que se ejecutaba al ocurrir el accidente.
• Los que sean debidos a dolo o imprudencia temeraria del trabajador accidentado.

No impedirá su calificación como accidente de trabajo a los debidos a imprudencia profesional del trabajador así como los que son consecuencia de culpa civil o criminal del empresario, de un compañero de trabajo o de un tercero siempre y cuando guarden alguna relación con el trabajo.

Trabajadores autónomos o por cuenta propia

El concepto de accidente de trabajo para el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o por Cuenta Propia no es del todo coincidente con el existente en el Régimen General de la Seguridad Social visto anteriormente.

Se entenderá como accidente de trabajo del trabajador autónomo, el ocurrido como consecuencia directa e inmediata del trabajo que realiza por su propia cuenta y que determina su inclusión en el campo de aplicación de dicho Régimen Especial, pero siempre y cuando se pruebe la conexión con el trabajo realizado por cuenta propia.

Tienen tal consideración:

• Los acaecidos en actos de salvamento y otros de naturaleza análoga, cuando unos y otros tengan conexión con el trabajo.
• Las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo, cuando se pruebe la conexión con el trabajo realizado por cuenta propia.
• Las enfermedades, no consideradas profesionales, que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución de aquél.
• Las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente.
• Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación, por enfermedades intercurrentes que constituyan complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el accidente mismo o tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado al paciente para su curación.
• El sufrido al ir o al volver del lugar de la prestación de la actividad económica o profesional (donde el trabajador autónomo ejerza habitualmente su actividad, siempre que no coincida con su domicilio y se corresponda con el local, nave u oficina declarado como afecto a la actividad económica a efectos fiscales).

En todo caso, corresponde al trabajador autónomo probar la conexión entre la lesión y el trabajo realizado.

Las empresas emiten los partes de accidente de trabajo, y son las responsables de registrarlos en el sistema electrónico DELT@, de la Seguridad Social.

La definición de Enfermedad Profesional queda establecida en el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en su artículo 157:

Enfermedad Profesional: “Se entenderá por enfermedad profesional la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta Ley, y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional”.

Como en el caso de los accidentes de trabajo, aunque en la definición de enfermedad profesional se habla solo de las personas trabajadoras por cuenta ajena, quedan incorporados, en el mismo Real Decreto Legislativo 8/2015 y posteriores normativas relacionadas, las personas de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), los autónomos económicamente dependientes, y las empleadas del hogar.

El cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social, se aprobó en el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, en el que, además, se establecieron los criterios para la notificación y registro de las enfermedades profesionales. El cuadro figura como Anexo 1 de este Real Decreto 1299/2006, así como la lista complementaria de enfermedades cuyo origen profesional se sospecha, que figura como Anexo 2, y cuya inclusión en el Anexo 1 podría contemplarse en el futuro. 

La calificación de una enfermedad como profesional corresponde a la entidad gestora respectiva - Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o Instituto Social de la Marina (ISM) - sin perjuicio de su tramitación como tal por parte de la entidad colaboradora que asuma la protección de la contingencia profesional (Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social). 

Desde el 1 de enero de 2007, tras la entrada en vigor del Real Decreto 1299/2006, es la entidad gestora o colaboradora (la mutua) que asuma la protección de las contingencias profesionales, la que elaborará y tramitará el parte de enfermedad profesional correspondiente, debiendo la empresa facilitar la información que obre en su poder y que, para la elaboración del parte, le sea requerida.

La declaración de una enfermedad como contingencia profesional supone ventajas económicas para el trabajador frente a la enfermedad común, al tiempo que permite a la Administración Sanitaria y Laboral recabar una valiosa información para su estudio y prevención.

Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, o la propia Seguridad Social, son las responsables de registrar las enfermedades profesionales en el sistema electrónico CEPROSS (Comunicación de Enfermedad Profesional de la Seguridad Social).

Normativa relacionada:

• Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
• Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.
• ORDEN TAS/1/2007, de 2 de enero, por la que se establece el modelo de parte de enfermedad profesional, se dictan normas para su elaboración y transmisión y se crea el correspondiente fichero de datos personales.
• Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo.
• Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.
• Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar.

Las condiciones de trabajo generan factores de riesgo que pueden favorecer la aparición o el incremento de enfermedades prevalentes en la población general, pero en éstas resulta difícil establecer una relación directa con una profesión, ya que pueden deberse a múltiples agentes causales o a la interacción de diferentes agentes (ej. bronquitis crónica en un trabajador expuesto a polvo y fumador durante años). En estos casos es muy importante proteger especialmente de los riesgos laborales a los que está expuesta la persona, para evitar esa sinergia que pone en riesgo su salud.

Estas enfermedades no son indemnizables por la Seguridad Social, a no ser que se demuestre una relación causa-efecto inequívoca con el trabajo habitual.

Sin embargo, existen enfermedades que, sin ser reconocidas como enfermedad profesional por el Real Decreto 1299/2006 en su Anexo 1, están íntimamente relacionadas con los riesgos a los que la persona afectada está expuesta en el trabajo. Así, todas aquellas incluidas en la definición extensa de accidente de trabajo del Real Decreto Legislativo 8/2015, quedarían cubiertas como contingencia profesional (como accidente de trabajo):

• Las enfermedades, no incluidas en la lista de enfermedades profesionales, que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del trabajo.
• Las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad, que se manifiestan o agravan como consecuencia de un accidente de trabajo.
• Las enfermedades intercurrentes entendiéndose por tales las que constituyen complicaciones del proceso patológico determinado por el accidente de trabajo mismo, o las que tienen su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado el paciente para su curación.

Con el fin de conocer estos daños derivados del trabajo que, aunque son reconocidos como accidente de trabajo no son en sí mismos accidentes, Seguridad Social creó un registro específico: PANOTRATSS (Patologías No Traumáticas de la Seguridad Social). Las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social son las responsables de registrar estas patologías relacionadas con el trabajo.

Normativa relacionada:

• Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
• Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.

Todas las personas, en el trabajo, están expuestas a diferentes riesgos laborales. Las empresas tienen la obligación de conocer dichos riesgos, evaluarlos y evitarlos o reducirlos al mínimo, mediante la adopción de medidas preventivas y/o equipos de protección individuales (EPI).

Riesgo durante el embarazo

Un embarazo no tiene por qué conllevar una incapacidad, y es importante diferenciar dos situaciones diferentes:

1. Embarazo de riesgo: el estado de salud de la mujer embarazada puede poner en riesgo el proceso de gestación, su propia salud o la del feto. También puede ocurrir que la gestación se desarrolle con problemas. En estos casos, si es pertinente, su médico de Atención Primaria le dará a su paciente una incapacidad temporal por enfermedad común.
2. Riesgo durante el embarazo: se produce cuando la trabajadora embarazada está en su medio laboral expuesta a algún agente o situación que puede poner en riesgo su salud, la del futuro niño/a o el propio proceso de gestación.

La mujer gestante no tiene obligación de comunicar el embarazo a la empresa. Si el puesto de trabajo entraña riesgos para la gestación, es conveniente que sí se comunique el embarazo al servicio de prevención de riesgos laborales, para que se reevalúen los riesgos de su puesto de trabajo en esta nueva situación.

Cuando la trabajadora embarazada comunica a su empresa su embarazo y su preocupación por los riesgos que puede entrañar el mismo para la gestación, el Servicio de Prevención de la empresa deberá valorar si efectivamente la nueva situación exige cambios en las condiciones de trabajo. A la vista de la evaluación de riesgos del puesto de trabajo, si fuese preciso, la empresa adoptará las medidas oportunas para evitar riesgos para la madre y el feto.

• Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de la trabajadora, la empresa tomará las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, mediante una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo.
• Si esto no resultase posible, deberá asignar a la trabajadora a un puesto de trabajo compatible con su estado.
• Sólo si dicho cambio tampoco fuera posible, podrá pasarse a la mujer afectada a la situación de suspensión de contrato por riesgo durante el embarazo.

Esta suspensión de contrato por riesgo durante el embarazo tiene reserva de puesto para que, cuando el riesgo finalice o termine el embarazo, pueda volver a su actividad previa.

La suspensión de contrato por riesgo durante el embarazo finaliza el día anterior al que se inicie la suspensión de contrato por maternidad, o al día de reincorporación a un puesto compatible con su estado.

Esta situación de riesgos durante el embarazo está contemplada en la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015), en su artículos 186 y 187, como situación protegida a los efectos de prestación económica, y se considera cuando, debiendo la mujer trabajadora cambiar de puesto de trabajo por otro compatible con su estado, en los términos previstos en el artículo 26.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, dicho cambio de puesto no resulte técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados. La prestación correspondiente a la situación de riesgo durante el embarazo tendrá la naturaleza de prestación derivada de contingencias profesionales.

Normativa relacionada:

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
• Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
• Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
• Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.
• Real Decreto-ley 9/2025, de 29 de julio, por el que se amplía el permiso de nacimiento y cuidado.

Riesgo durante la lactancia natural

Cuando una mujer está lactando, puede haber, en su puesto de trabajo, algunos riesgos que puedan ser nocivos para el lactante o para la producción de leche (por ejemplo, agentes químicos que puedan ser transmitidos al lactante por la leche).

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa deberá valorar si efectivamente la nueva situación exige cambios en las condiciones de trabajo. A la vista de la evaluación de riesgos del puesto de trabajo, si fuese preciso, la empresa adoptará las medidas oportunas para evitar estos riesgos.

• Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la salud del lactante o una posible repercusión sobre la lactancia de la trabajadora, la empresa tomará las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, mediante una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo.
• Si esto no resultase posible, deberá asignar a la trabajadora a un puesto de trabajo compatible con la situación.
• Sólo si dicho cambio tampoco fuera posible, podrá pasarse a la mujer afectada a la situación de suspensión de contrato por riesgo durante la lactancia natural.

Esta suspensión de contrato por riesgo durante la lactancia natural tiene reserva de puesto, y se extinguirá en el momento en que el hijo cumpla nueve meses, salvo que la beneficiaria se haya reincorporado con anterioridad a su puesto de trabajo anterior o a otro compatible con su situación, en cuyo caso se extinguirá el día anterior al de dicha reincorporación.

Esta situación de riesgo durante la lactancia natural está contemplada en la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015), en sus artículos 188 y 189, como situación protegida a los efectos de prestación económica, y se considera cuando, debiendo la mujer trabajadora cambiar de puesto de trabajo por otro compatible con su situación, en los términos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, dicho cambio de puesto no resulte técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados.

Normativa relacionada:

 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
• Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
• Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
• Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social se definen como asociaciones de empresarios, de naturaleza privada, sin ánimo de lucro y debidamente autorizadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que, bajo su dirección y tutela, colaboran en la gestión de la Seguridad Social. Su ámbito de actuación se extiende a todo el territorio nacional.

La empresa puede elegir libremente a qué Mutua asociarse, o incluso, si quiere que estas contingencias sean cubiertas directamente por la propia Seguridad Social, puede optar por que la Seguridad Social haga el papel de colaboradora. Ya opte por una entidad u otra, el coste final para el empresario va a ser siempre el mismo.

Las personas adscritas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos están obligados a concertar todas las contingencias con una mutua.

Servicios que prestan las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social a los trabajadores de las empresas asociadas:

• Gestión de las prestaciones económicas y de la asistencia sanitaria derivada de las contingencias profesionales (accidente de trabajo y enfermedad profesional);
• Realización de actividades de prevención de riesgos laborales de la Seguridad Social;
• Gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes;
• Gestión de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y la lactancia natural;
• Gestión de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave; y
• Gestión de la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos.

Las mutuas también tienen, entre sus funciones, la declaración del derecho a la prestación económica así como la denegación, suspensión, anulación y declaración de extinción del mismo; y la formulación de propuestas motivadas de alta médica a través de los médicos dependientes de las mismas, dirigidas a la Inspección Médica de los Servicios Públicos de Salud.

En cuanto a las contingencias profesionales, son las Mutuas quienes determinan inicialmente el carácter profesional de la contingencia, sin perjuicio de su posible revisión o calificación por la entidad gestora (Instituto Nacional de la Seguridad Social –INSS-, Instituto Social de la Marina –ISM-) competente, de acuerdo con las normas de aplicación.

La asistencia sanitaria contempla todas las actuaciones diagnósticas y terapéuticas que se estimen necesarias: tratamiento médico y quirúrgico, prótesis, cirugía reparadora, prescripciones farmacéuticas, etc.

Se incluyen asimismo todas las prestaciones recuperadoras que precise el accidentado, en forma de tratamiento rehabilitador y, si fuera necesario, posterior orientación y formación profesional para la readaptación laboral.

También comprenderán actividades de asesoramiento a las empresas asociadas y a los trabajadores autónomos al objeto de que adapten sus puestos de trabajo y estructuras para la recolocación de los trabajadores accidentados o con patologías de origen profesional, así como actividades de investigación, desarrollo e innovación a realizar directamente por las Mutuas, dirigidas a la reducción de las contingencias profesionales de la Seguridad Social.

Cuando un trabajador, a consecuencia de un accidente de trabajo, no puede reincorporarse a su profesión habitual, la Mutua ofrece al accidentado la posibilidad de formarse en otras áreas profesionales, adecuadas a sus características personales, facilitando la plena integración social del accidentado al poder optar a un nuevo puesto de trabajo.

Normativa relacionada:

• Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
• Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.