La gestión de suelos contaminados tiene como elemento central la identificación y recogida de información de actividades potencialmente contaminantes del suelo. De acuerdo con la legislación vigente, los titulares de estas actividades están obligados a remitir a las autoridades ambientales informes de situación sobre su potencial afección al suelo, que pueden ser de naturaleza preliminar o periódica.

Desde la publicación del Decreto 326/1999, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico de los suelos contaminados en la Comunidad de Madrid y del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, la Comunidad de Madrid ha mantenido una dinámica de colaboración con los sectores económicos afectados por la legislación de suelos contaminados y en particular con los interesados en los procedimientos.

Fruto de esta especial dedicación y colaboración entre el sector privado y la Administración, se han mejorado los niveles de calidad de las instalaciones industriales. La respuesta de la empresa ha sido muy satisfactoria y, en muchos casos, las empresas han acometido actuaciones de saneamiento de suelos, actualización y modificación de instalaciones y han puesto en marcha planes de control y seguimiento de la calidad del suelo, aun en ausencia de obligación (en casos en los que no existe riesgo y, por tanto, no ha lugar a la declaración de suelo contaminado ni a la realización de actuaciones de remediación), bajo la supervisión de la Administración.

No obstante, la experiencia acumulada en la gestión de los expedientes de calidad del suelo en la Comunidad de Madrid ha permitido poner de manifiesto varios problemas que dificultan tanto la tramitación de los expedientes como la gestión y mejora de la calidad del suelo:

• Reticencias por parte de los obligados que, conociendo la existencia de indicios de contaminación de suelos, no realizan los estudios complementarios pertinentes si no media requerimiento expreso por parte de la Administración, de forma que se demora el cumplimiento de sus obligaciones y la valoración de la calidad del suelo.
• Estudios deficientes que conllevan la necesidad de sucesivas subsanaciones.
• Incumplimiento de las obligaciones establecidas en la resolución de los informes de situación del suelo por parte de los obligados: realización de caracterizaciones analíticas detalladas cuando hay indicios de contaminación del suelo y realización del informe de situación del suelo por clausura, cuando cesan la actividad en la instalación.
• La necesidad de una mayor concreción en la tipificación de las infracciones en materia de suelos en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, limita y dificulta la aplicación del régimen sancionador que, de estar mejor definido, podría resultar disuasorio.
• Las dificultades en la tramitación de expedientes de declaración de suelos contaminados pueden llegar a ocasionar la agravación del problema de contaminación del suelo con los riesgos que ello puede implicar para la salud de las personas y de protección del medio ambiente. Estas dificultades se producen por la imposibilidad de cumplimiento de los plazos de tramitación de los expedientes en algunos casos o por la inactividad de los obligados a realizar los estudios y la complejidad en ocasiones para llevarlos a cabo como consecuencia de cambios de titularidad, dificultades para notificar a los propietarios y otros interesados, etc.
• En el caso de actuaciones de investigación y descontaminación subsidiarias, se encuentran dificultades para la contratación pública de los trabajos debido al número de variables que intervienen en un expediente de contaminación de suelos.
• La verificación de los estudios presentados por las industrias, la mejora de la información aportada y el seguimiento de las actuaciones, requieren un incremento en la dotación de personal y medios.