La gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid se desarrolla en un contexto normativo sin regulación europea específica, dependiendo por tanto de la normativa estatal y autonómica. Los 179 municipios que conforman la Comunidad de Madrid gestionan los RCD de forma heterogénea, con diferencias en ordenanzas, fianzas y control, lo que dificulta una trazabilidad homogénea, especialmente en las obras menores, cuya definición no es uniforme.

La generación de RCD ha aumentado desde 2016 hasta 2022, con una caída puntual en 2023 que no permite identificar un cambio de tendencia. A pesar de los avances, la separación en origen sigue siendo insuficiente: más del 50 % de los residuos que llegan a las instalaciones son RCD mezclados, lo que limita su valorización y evidencia que la demolición selectiva y la clasificación obligatoria no están plenamente implantadas.

La región cuenta con una red de instalaciones públicas y privadas para el tratamiento de RCD, que ha crecido en capacidad de valorización, aunque los vertederos no han incrementado su capacidad y muestran un grado de colmatación creciente. Aunque la valorización total supera el 70 % desde 2020, se siguen eliminando cantidades relevantes en vertedero debido a la falta de separación previa y a la entrada de residuos mezclados.

Pese al aumento de las inspecciones se siguen produciendo vertidos ilegales, especialmente vinculados a obras menores. Además, existen carencias relevantes en la información, la digitalización y la trazabilidad, lo que dificulta un control eficaz del flujo de residuos.