Órgano de Gestión sin personalidad jurídica Instituto Regional de Arbitraje de Consumo

Dirección: 

C/ Ramírez de Prado, 5 bis 1ª Planta

Código Postal: 
28045
Distrito: 
Arganzuela
Normativa aplicable

 

* Decreto 234/2021, de 10 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. -BOCM 12.11.2021

* Decreto 42/2021, de 19 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid. -BOCM 21.06.2021

* Decreto 246/2001, de 18 de octubre, por el que se crea el Instituto Regional de Arbitraje de Consumo (BOCM 30 de octubre de 2001. Corrección de errores BOCM 15 de abril de 2002)

Competencias

El Instituto Regional de Arbitraje de Consumo es un órgano de gestión sin personalidad jurídica adscrito a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, al que se le atribuye el desarrollo de las competencias de la Comunidad de Madrid en materia de arbitraje de consumo.

De conformidad con lo previsto en los artículos 8 y 50 de la Ley 1/1984, de 19 de enero, de Administración Institucional de la Comunidad de Madrid y del artículo 7 del Decreto 246/2001, de 18 de octubre, por el que se crea el Instituto Regional de Arbitraje de Consumo, el nombramiento de los miembros del Consejo de Administración se realizará por Acuerdo del Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero titular del departamento al que están adscritos.

Según dispone el artículo 6 del Decreto 246/2001, de 18 de octubre, son órganos de Gobierno del Instituto Regional de Arbitraje de Consumo, los siguientes:

• El Consejo de Administración.

• El Presidente del Consejo de Administración.

• El Gerente

 

Sus funciones son:

- El apoyo y tutela de la Junta Arbitral Regional de Consumo, así como el fomento de su actividad, que ejercerá las funciones que le atribuye el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, y en los términos dispuestos en el Convenio de 15 de febrero de 2021, entre el Ministerio de Consumo y la Comunidad de Madrid, para la constitución de la Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad de Madrid

- La realización de acciones de fomento y promoción del sistema arbitral de consumo entre empresarios, profesionales y consumidores.

 - Promover la realización de estudios, trabajos y publicaciones en materia de arbitraje de consumo.

 - Realizar acciones de formación de los miembros de los Colegios Arbitrales de Consumo y de la Junta Arbitral Regional de Consumo y de la Juntas Arbitrales de carácter local existentes en la Comunidad de Madrid.

 - Favorecer la colaboración de las Organizaciones de Consumidores y Empresarios implantadas en la Comunidad de Madrid en el fomento y promoción del sistema arbitral y garantizar la participación de dichas organizaciones en los Colegios Arbitrales de Consumo, a través de los Convenios, Acuerdos u otros instrumentos que puedan utilizarse al efecto.

 - Ejercer de órgano de coordinación de la actuación de la Junta Arbitral Regional de Consumo con la de las Juntas Arbitrales de carácter local existentes en la Comunidad de Madrid y con otras Juntas Arbitrales de otros ámbitos territoriales.

 - Impulsar y desarrollar el sistema arbitral de consumo en el ámbito local.

 - Promover e impulsar la adhesión de empresas, profesionales, organizaciones de consumidores y de empresarios al sistema arbitral de consumo y propiciar, en los términos previstos en la normativa autonómica, la adhesión de organismos o entidades públicas de la Comunidad de Madrid y de las Corporaciones Locales que presten servicios y ofrezcan bienes en régimen de derecho privado.

 - Ejercer de órgano de coordinación de la actuación de la Junta Arbitral Regional de Consumo con la de los servicios de consumo de la Comunidad de Madrid y otras Administraciones.

 - Ejercer de órgano de coordinación de las actuaciones de la Junta Arbitral Regional con la de los órganos jurisdiccionales del orden civil, penal o contencioso - administrativo, con el Ministerio Fiscal y con los órganos Constitucionales.

 - Promover la adopción por empresarios, profesionales o asociaciones de Códigos de Buenas Prácticas en materia de protección al consumidor en los que se favorezcan la adhesión al sistema arbitral de consumo.

 - Impulsar la creación de Colegios Arbitrales especializados en sectores concretos en los que participen los órganos administrativos autonómicos competentes por razón de la materia.

 - Facilitar la labor de los Colegios Arbitrales dotándolas de los medios precisos para el ejercicio de sus funciones.

 - Impulsar la realización de acciones de mediación y conciliación con carácter previo a la iniciación de los precedimientos arbitrales.

 - Modernizar e incorporar nuevas tecnologías al sistema arbitral de manera que se favorezcan la rapidez y agilidad del arbitraje de consumo y la coordinación con otros organismos u organizaciones.

 - Cualesquiera otras funciones que le sean propias y aquellas otras que le encomienden otros órganos administrativos.

 Se delegan en el Gerente del Instituto Regional de Arbitraje de Consumo  las siguientes atribuciones:

 a) La resolución de los expedientes administrativos en materia de concesión de ayudas y subvenciones hasta un importe de 30.000 euros inclusive, excepto en los casos en que su normativa específica atribuya la competencia para resolver a otros órganos de la Consejería y la resolución de expedientes de reintegro cuando la cuantía de la devolución, intereses incluidos, sea igual o inferior a 30.000 euros.

 b) La contratación administrativa relativa a materias propias de su actividad hasta un importe de 30.000 euros inclusive dentro de los créditos autorizados. Asimismo, se delega la firma de las escrituras públicas o documentos administrativos, según proceda, en relación con la citada contratación.

 c) La aprobación de las modificaciones presupuestarias correspondientes a los programas presupuestarios adscritos a los mismos hasta un importe de 30.000 euros inclusive y elevar a la Consejería de Economía y Hacienda las propuestas relativas a las modificaciones e incorporaciones de su competencia por el mismo importe.

 d) La aprobación de las redistribuciones de crédito correspondientes a los programas presupuestarios adscritos a los mismos hasta un importe de 30.000 euros inclusive.

 e) La aprobación de la resolución declarativa del desistimiento de la solicitud de iniciación de un procedimiento administrativo o de renuncia de derechos, en los supuestos previstos en los artículos 71, 90 y 91 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

 f) La aprobación de las resoluciones denegatorias de concesión de subvenciones.

 g) La aprobación de las resoluciones de devolución de avales, fianzas y otras garantías.