Corresponde a la Dirección de Área Social las siguientes funciones y competencias:
a) Las funciones referentes al trabajo social, la valoración de las solicitudes de vivienda y la comprobación e investigación de las circunstancias alegadas por los solicitantes.
b) La propuesta de adjudicación de las viviendas en los términos establecidos en la normativa y en los convenios-programa suscritos por la Agencia para la erradicación del chabolismo, el realojo y la integración social de las personas y familias afectadas
c) La propuesta de las condiciones especiales que regirán el contrato de integración social, el cual recogerá los compromisos de la persona adjudicataria de cara a su integración en la sociedad. En todo caso, se vincularán las condiciones y características de las viviendas a las necesidades y posibilidades de integración social de la persona o familia.
d) El acompañamiento de la integración vecinal a las personas adjudicatarias de las viviendas.
e) La programación, los estudios y las investigaciones precisas para impedir la exclusión social de aquellas personas y familias que viven en chabolas o infraviviendas promoviendo su integración educativa, laboral, vecinal y social.
f) La inspección y control de uso del patrimonio de la Agencia, incluida la instrucción de los procedimientos administrativos para el ejercicio de las prerrogativas que procedan en defensa de su patrimonio.
g) La gestión, administración y disposición de las viviendas, locales de negocio y edificaciones complementarias de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid.
h) La valoración y elaboración de contratos de arrendamiento y compraventa de viviendas, garajes y locales comerciales de la Agencia.
i) La gestión de las ofertas de venta anticipada de viviendas, así como de la elevación a escritura pública de las transmisiones realizadas por el Organismo.
j) La facturación y tramitación de la recaudación de los ingresos que genera el patrimonio del Organismo gestionado por esta Dirección de Área.
k) La gestión relativa al régimen jurídico y económico derivado del depósito y devolución de las fianzas de arrendamientos urbanos y el ejercicio de la actividad de inspección.