ƒ La crisis económica desencadenada por la irrupción de la pandemia de la COVID-19, que se inició, sobre todo, a partir de la segunda quincena de marzo de 2020, ha supuesto un cambio de gran magnitud en el mercado de trabajo en la Comunidad de Madrid, al igual que en todo el resto del territorio nacional.
ƒ La crisis laboral sufrida tuvo su mayor repercusión sobre el número de personas en situación de ERTE que, en la Comunidad de Madrid pasó de 4.144 personas en marzo de 2020 a 347.952 en el mes de abril, alcanzando en el mes de diciembre de 2020 un total de150.771 personas. El número de personas en ERTE es un reflejo del parón de actividad, pero también del esfuerzo de las Administraciones y las propias empresas por el mantenimiento del empleo, que ha supuesto un importante coste económico.
ƒ A las cifras de ERTES, hay que añadir el incremento del paro registrado, ya que en el mes de marzo de 2020 se partía de un nivel de 363.760 personas paradas en nuestra región, que se eleva a 405.023 en abril, a lo que siguió una tendencia de leve ascenso con algunas fluctuaciones, alcanzando en el mes de diciembre de ese mismo año la cifra de 432.516 personas paradas. Se trata del máximo valor de la serie histórica desde la anterior crisis económico financiera global.
ƒ Desde el mes de marzo hasta el mes de octubre de 2020, el paro registrado ha aumentado en 68.756 personas, un +18,9%, cuando en el mismo periodo del año 2019, el paro tuvo un descenso de 14.405 personas (–4,1%). Por otro lado, también se debe tener en cuenta el importante volumen de personas que actualmente se encuentran todavía en situación de ERTE, 150.771 demandantes en diciembre 2020.
ƒ Es urgente, por lo tanto, seguir apostando por reducir el desempleo y la temporalidad en la contratación, por lo que se hará el mayor esfuerzo en promover el empleo indefinido y con jornada completa.
ƒ Los segmentos de mayor volumen de desempleo se centran en los sectores de población con menor nivel formativo y menor cualificación, lo que pone en evidencia la necesaria promoción de la formación para el empleo.
ƒ La formación y la acreditación de la experiencia se revelan, por tanto, como potentes instrumentos de mejora de la empleabilidad, que, como mínimo, incrementan las probabilidades de acceder a un puesto de trabajo; cobrando especial importancia en el caso de la población desempleada de larga duración.
ƒ Igualmente, las personas desempleadas de larga duración, en especial las de más de 45 años y las que llevan más de dos años en desempleo, que suponen el 16,7% del total del paro registrado, son segmentos que requieren medidas para potenciar su contratación. También, lo son las personas con baja cualificación.
ƒ En cuanto al paro juvenil, sigue reclamando una atención especial, pues la tasa de desempleo de este grupo de población, ha aumentado en 5,8 puntos en el último año, y en el tercer trimestre de 2020 se sitúa en el 35,5%.
ƒ Debe continuarse apostando por el fomento del empleo entre las personas con discapacidad y, de forma especial, por su acceso al empleo ordinario.
ƒ Sigue siendo prioritaria la promoción del empleo entre las mujeres, más aun ante los efectos de la COVID-19, que han incrementado las brechas de género, buscando una reducción de la desigualdad que afecte a todos los indicadores, desde la tasa de actividad, el nivel de desempleo, los niveles de estabilidad, parcialidad y la tasa de protección por desempleo.
ƒ Se apuesta por los incentivos a la contratación indefinida y a jornada completa, con un especial énfasis en el caso de las pequeñas y medianas empresas, y en especial de las microempresas, al ser estas las que han constatado un menor crecimiento en la contratación.
ƒ Se fortalecerá la apuesta por el empleo como herramienta de reequilibrio territorial y de lucha contra la despoblación, haciendo un esfuerzo más intenso en las zonas con mayor nivel de desempleo y que sufren en mayor medida la despoblación.
ƒ Las políticas activas tendrán especialmente en cuenta a las personas con especial dificultad en el acceso al empleo, como personas en riesgo de exclusión y el colectivo de personas LGTBI desde la perspectiva de que la inserción laboral es una herramienta para luchar contra la desigualdad y la exclusión.
ƒ Se mantendrá la atención como colectivo prioritario a las víctimas de violencia de género.