La Comunidad de Madrid, en el ejercicio de sus competencias, se propone regular y limitar el uso de los dispositivos digitales en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la región, creando así un marco homogéneo y adecuado para que dichos centros, en función de la autonomía que la normativa les reconoce, garanticen el respeto a la salud, las características evolutivas de los alumnos, la seguridad, el uso responsable y la equidad en el acceso a la educación.