La Comunidad de Madrid aumenta más de un 40% las ventas al exterior de empresas con sede en la región

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La Comunidad de Madrid ha aumentado hasta un 43,2% las ventas al exterior desde 49.837 empresas con sede en la región entre enero y agosto de 2022 con respecto al mismo periodo de 2021, lo que supone aglutinar una de cada tres firmas exportadoras de España y una facturación en bienes y servicios de casi 35.000 millones de euros.

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/javier_fernandez-lasquetty_economia_rozas_innova_-_2.jpg79525304 El consejero Javier Lasquetty durante su intervención
07 noviembre 2022

Así lo ha destacado hoy el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, en la firma de un protocolo de colaboración suscrito por el Gobierno autonómico con el Ayuntamiento de Las Rozas y la empresa municipal Las Rozas Innova para la internacionalización de los negocios de la localidad.

A través de este acuerdo se busca la colaboración entre ambas instituciones con el objetivo de impulsar la salida a los mercados extranjeros de las empresas roceñas, y atraer inversión y talento al municipio, generando empleo de alto valor añadido.

En este sentido, el documento incluye llevar a cabo actuaciones para iniciar y desarrollar la expansión a otros países de las empresas establecidas en Las Rozas a través de la Ventanilla Única de Internacionalización (VUI) del Ejecutivo regional, mediante acciones de difusión y formación con las que puedan adquirir las herramientas y el conocimiento para operar con éxito en mercados exteriores.

A través de la VUI, la Comunidad de Madrid prestó en 2021 asesoramiento a más de 4.300 empresas y autónomos, facilitándoles toda la información necesaria para la búsqueda de negocios en el mercado internacional, desde las ofertas de financiación hasta las particularidades de las diferentes normativas territoriales, así como la detección de distintos apoyos en los países de destino.

El protocolo suscrito, que tendrá una duración de cuatro años prorrogables, no contempla obligaciones económicas para ninguna de las partes ni supone un incremento del gasto público.