Su realización se ha incrementado progresivamente con la normalización asistencial posterior a la pandemia del COVID-19, al igual que las mediciones para la detección precoz de la fragilidad que, en el mismo periodo, ascendieron a 187.839. Muchos de ellos han sido sometidos a ambas pruebas. Estos exámenes los ejecutan, con carácter general, los profesionales de Enfermería. En el primer caso, se encargan de valorar si el usuario necesita ayuda para actividades cotidianas como comer, desplazarse, vestirse o cuidar su aseo personal. Para ello, utilizan el denominado Índice de Barthel que determina si presenta algún grado de deterioro funcional. En el segundo, evalúan situaciones de debilidad y riesgo de caída en personas independientes o con dependencia escasa. Para ello, se registra la velocidad de la marcha, el equilibrio o la capacidad para levantarse de una silla. El objetivo, en este caso, es evitar posibles fracturas y otras complicaciones. Estas valoraciones también ayudan a individualizar, en función del resultado de las pruebas, los planes asistenciales que hay que aplicar. En muchos casos las intervenciones más adecuadas se basan en promover una alimentación saludable y en el ejercicio físico adaptado. Estas prestaciones de la sanidad pública madrileña se enmarcan en el Servicio de Atención a la Persona Mayor con Fragilidad o Deterioro Funcional implantado en el primer nivel asistencial en 2018, en el que la Administración regional fue pionera al introducirla en su Cartera. Está en la misma línea de trabajo del Plan de Atención Integral a la Fragilidad y Promoción de la Longevidad Saludable en personas mayores de la Comunidad de Madrid.
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