Confiamos en que el Fondo no reembolsable del Gobierno central sea suficiente frente a la crisis

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La Comunidad de Madrid confía en que el Fondo no reembolsable para las comunidades autónomas aprobado por el Gobierno central sea suficiente para afrontar los gastos extraordinarios derivados de la crisis del coronavirus, que según las previsiones del Ejecutivo regional superarán los 3.000 millones de euros hasta final de año. Así lo ha destacado el consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty, durante su comparecencia en la Asamblea de Madrid, donde ha informado sobre el impacto económico de la pandemia en las arcas autonómicas.

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/img/objetos/shutterstock_1070063255.jpg60164016 Una mujer hace cuentas
25 junio 2020

El consejero ha destacado la creación de este Fondo, del que Madrid estima recibir cerca de 3.400 millones de euros, “como la comunidad autónoma más damnificada”, y ha recordado que el gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso fue el primero en reclamar la puesta en marcha de un fondo “adicional al sistema de financiación autonómica, que no computase a efectos de cumplimiento de los objetivos de estabilidad, y sólo condicionado a utilizarse para financiar los gastos ocasionados por la pandemia”.

Hasta el momento, el impacto económico para hacer frente a la emergencia sanitaria derivada de los efectos del COVID-19 ha sido de casi 1.300 millones de euros en la Comunidad de Madrid. De esa cantidad, 712 millones están relacionados con gasto sanitario, que podría alcanzar los 1.261 millones en el conjunto del año. Junto a ello, las distintas medidas de carácter económico, social y en materia de transporte han supuesto un coste de 305 millones, que se elevarían a 1.080 millones en 2020.

En cuanto a los ingresos, desde que comenzó la pandemia se ha registrado una caída estimada en 214 millones, que podrían superar los 1.000 millones al finalizar el ejercicio. “De cara al cierre del ejercicio 2020, las proyecciones realizadas sobre el impacto presupuestario no dejan de adolecer de cierto riesgo, por la situación de incertidumbre que vivimos, tanto en el comportamiento del virus y la evolución de la pandemia, como en las medidas que podrían volver a tomarse, si se produjese un recrudecimiento de la misma”, ha apuntado Fernández-Lasquetty. 

Por ello, el consejero ha detallado que las estimaciones de impacto económico del COVID-19 hasta el final de año, que ascienden a 3.400 millones de euros, también contemplan una provisión de fondos para hacer frente a posibles rebrotes. 

Gastos extraordinarios financiados con medios propios

El consejero ha señalado que desde el comienzo de la crisis “la Comunidad de Madrid ha soportado todo el peso del gasto generado con cargo a los recursos propios de su presupuesto ordinario”. En este sentido, ha recordado que la región está afrontando la emergencia sanitaria con unas cuentas “saneadas”, ya que cerró 2019 cumpliendo con el objetivo de déficit (0,1%) “y con la deuda más baja de las comunidades autónomas de régimen común, con el 14%”. 

Además, ha destacado algunas medidas pioneras puestas en marcha por el Gobierno madrileño en materia de financiación como la emisión del primer Bono Social Sanitario de España o el primer Bono Verde de una Administración Pública en nuestro país. Gracias a estos mecanismos de financiación, enmarcados en la autorización de endeudamiento aprobada por el Consejo de Ministros, “hemos podido garantizar la liquidez de nuestra Tesorería, sin generar tensiones ni acumular retrasos en el pago a proveedores”, ha señalado Fernández-Lasquetty. 

Medidas de flexibilación para reactivar la economía

Durante su comparecencia, el consejero de Hacienda y Función Pública ha explicado el Plan de Reactivación Económica diseñado por el Ejecutivo madrileño, compuesto de 30 medidas “imprescindibles” para trasladar confianza a las empresas y a los ciudadanos, certidumbre a los mercados y compromiso con el equilibrio de las cuentas públicas. 

En este sentido, ha subrayado la necesidad de impulsar “medidas de flexibilización” para incentivar y facilitar la inversión, como la reducción de la burocracia y la eliminación de las trabas administrativas, “así como al apoyo a los sectores y trabajadores más perjudicados por la crisis, como la construcción, el turismo y la movilidad”.