Aprobamos el funcionamiento de la red regional de oficinas de asistencia a las víctimas del delito

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El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto por el que se establece la organización y funcionamiento de la red de oficinas de asistencia a las víctimas del delito de la Comunidad de Madrid. Con este texto, el Ejecutivo regional se adapta a lo dispuesto por el Estatuto de la víctima del delito en el que se establecen las normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de estas personas.

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/img/anatomia/shutterstock_272600351.jpg82566192 una persona coge y protege  la mano de otra sobre una mesa
06 mayo 2020

Se trata de víctimas directas e indirectas de cualquier delito violento, como violencia de género, maltrato familiar (sobre menores, mayores, etc.), agresiones sexuales y/o abusos, lesiones y amenazas, acoso escolar, laboral y/o sexual, robos con violencia, intentos de homicidio, etc., y que están inmersas o no, en un procedimiento judicial.

Además, el decreto establece la estructura de este trabajo público prestado por empleados adscritos a la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad. Se trata de mejorar, por tanto, el servicio que se presta a las víctimas, especialmente, en aquellos casos en los que, por la naturaleza del delito o por sus circunstancias personales, sean necesarias medidas especiales de protección.

El decreto afecta a las siete oficinas de la red que ya están presentes en la Comunidad de Madrid. En concreto, la región cuenta con una oficina central, que extiende su ámbito de actuación a todo el territorio regional, pudiendo prestar apoyo a las otras seis oficinas existentes. Las restantes seis oficinas se ubican en Madrid capital, Aranjuez, Coslada, Fuenlabrada, Leganés y Móstoles, y dan asistencia a esos partidos judiciales. 

Servicio personalizado

Como recoge el decreto aprobado, las siete oficinas de asistencia a las víctimas del delito deben ubicarse, preferentemente, en sedes judiciales, con el fin de ofrecer un servicio ágil, cercano y eficiente a las víctimas en su relación con la Administración de la Justicia.

Como señala la norma, las oficinas deben tener en consideración y adaptarse a las características personales de las víctimas y tener especial sensibilidad con menores de edad, personas con algún tipo de discapacidad o en situación de especial vulnerabilidad.

Al frente de todas las oficinas debe haber un coordinador que, desde la oficina central, dirija los equipos de trabajo de las siete oficinas, coordine sus actuaciones y promueva convenios de colaboración y protocolos con autoridades y organismos públicos y privados que ostenten competencias en asistencia a estas personas.

Por su parte, el personal adscrito a cada oficina, -psicólogos, personal de la Administración de Justicia, juristas, trabajadores sociales y otros técnicos-, debe estar especializado y contar con formación y experiencia en la asistencia a víctimas.

Garantía de protección

El decreto aprobado hoy por el Gobierno regional hace hincapié en la necesidad de garantizar la intimidad de las víctimas a través de la habilitación de espacios físicos adecuados que así lo aseguren. Con ese objetivo, el texto defiende la necesidad de promover en los órganos judiciales y fiscales el uso de medios que aseguren su protección, especialmente en el caso de las más vulnerables. Así, se especifica el uso e instalación de cámaras Gesell en los órganos judiciales y fiscales.

La norma también plantea la exigencia de respetar el carácter confidencial de cada caso atendido en las oficinas, mediante la activación de expedientes individuales, en formato electrónico y respetando, en todo momento, la protección de datos de carácter personal.

Por último, el decreto establece la obligación de que cada oficina elabore informes periódicos sobre su funcionamiento, memorias anuales con datos estadísticos relativos al perfil general de las víctimas y tipo de asistencias prestadas. Dicha información deberá incluir número de personas atendidas, tipo de delito sufrido, especificando aquellos relacionados con violencia de género, entre otras cuestiones.