Las Oficinas Delegadas de Justicia se extienden a todos los centros penitenciarios de la Comunidad

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Los seis centros penitenciarios de la Comunidad de Madrid contarán, desde el próximo lunes, 4 de noviembre, con Oficinas Delegadas de Justicia, un recurso que permitirá realizar de forma inmediata las notificaciones de las medidas judiciales que afecten a los reclusos, garantizando el cumplimiento de las mismas en los plazos establecidos y ahorrando gastos en desplazamientos de los funcionarios judiciales.

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01 noviembre 2019

En la actualidad los Centros Penitenciarios de Estremera y Soto del Real ya contaban con este servicio, fruto del convenio suscrito por los Ministerios de Interior y Justicia con la Comunidad de Madrid en el año 2104. Durante el pasado año ambas oficinas tramitaron 9.365 notificaciones (5.994 en Soto del Real y 3.3371 en Estremera). 

El pasado mes de abril el acuerdo entre ambas administraciones se amplió a otros cuatro centros: Madrid I y II (Alcalá-Meco), Madrid III (Valdemoro), Madrid IV (Navalcarnero) y Madrid VI (Aranjuez), un convenio que tendrá una duración de cuatro años y que podrá ser renovado automáticamente a la conclusión del mismo.

Estas oficinas prestarán asistencia al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Audiencia Nacional, los Decanatos de Madrid y Alcalá de Henares, Valdemoro, Navalcarnero y Aranjuez, juzgados penales y los de violencia sobre la mujer, vigilancia penitenciaria y primera instancia e instrucción. 

Asimismo, podrán llevar a cabo actuaciones encomendadas por otros órganos jurisdiccionales de todos los ámbitos territoriales en lo que se refiere a actos que afectan a personas privadas de libertad o cuyo domicilio laboral se encuentre en los citados centros penitenciarios.

Las Oficinas Delegadas de Justicia estarán gestionadas por dos funcionarios: uno experto en gestión   procesal y otro en auxilio judicial.  En total, serán ocho los trabajadores que se incorporen a los cuatro centros penitenciarios. La Comunidad de Madrid asumirá el pago de las nóminas de estos funcionarios, el Ministerio de Interior será el responsable de las dependencias y su mantenimiento, mientras que el Ministerio de Justicia será el responsable de aprobar la plantilla de las oficinas.