ACUERDO del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, en su sesión de 15 de diciembre de 2020, aprobado por unanimidad, sobre la consulta formulada por el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, al amparo del artículo 5.3 de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, sobre el proyecto de decreto por el que se autoriza al consejero de Ciencia, Universidades e Innovación a acordar con la Universidad de Alcalá el pago de los importes reclamados en vía administrativa en concepto de compensación por las cantidades dejadas de percibir por aplicación a los estudiantes de las becas de matrícula y de las bonificaciones y exenciones en el pago de los precios públicos universitarios.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

 

PRIMERO. El 26 de noviembre de 2020 tuvo entrada en el registro de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid un escrito del consejero de Ciencia, Universidades e Innovación por el que se formuló preceptiva consulta con carácter de urgencia.

Correspondió la solicitud de consulta del presente expediente a la letrada vocal Dña. Rocío Guerrero Ankersmit que formuló y firmó la oportuna propuesta de Acuerdo, deliberada y aprobada por el Pleno de esta Comisión Jurídica Asesora en su sesión de 15 de diciembre de 2020.

El escrito de solicitud de dictamen preceptivo está acompañado de documentación aportada telemáticamente.

SEGUNDO.- La consulta remitida a esta Comisión Jurídica Asesora se plantea en relación con el acuerdo que se pretende firmar entre la Comunidad de Madrid, a través del consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, y la Universidad Alcalá, en relación con el pago de la compensación por las cantidades dejadas de percibir por la citada universidad por la aplicación a los estudiantes de las becas ministeriales de matrícula y de las bonificaciones y exenciones en el pago de los precios públicos universitarios.

La memoria justificativa que acompaña al acuerdo, se inicia con los antecedentes de la situación actual. Así, el día 5 de octubre la Universidad de Alcalá presentó en Registro General de la Universidad de Alcalá escrito dirigido al viceconsejero de Ciencia, Universidades e Innovación de la Comunidad de Madrid en el que solicitaba el abono, por el concepto de compensación de los precios de matrícula correspondientes al curso académico 2019/2020 no satisfechos por los alumnos beneficiarios de las becas convocadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, de la cantidad de 1.553.084,51 € en cumplimiento de lo establecido en el apartado 4 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto 1000/2012, de 29 de junio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio, en relación con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 430/2019, de 12 de julio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso académico 2019/2020, y de lo establecido en el artículo 19 del Decreto 83/2016, de 9 de agosto, del Consejo de Gobierno, modificado por Decreto 126/2018, de 31 de julio, por el que se establecen los precios públicos por estudios universitarios conducentes a títulos oficiales y servicios de naturaleza académica en las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, solicitaba el abono de 1.998.850,88 € por el concepto de compensaciones de matrícula por familia numerosa correspondientes a los cursos 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 y 2019/2020, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Decreto 83/2016, y la disposición adicional 19ª de la Ley Orgánica 4/2007, de 23 de abril, de modificación de la Ley Orgánica de Universidades en relación con la disposición adicional cuarta del Real Decreto 430/2019, de 12 de julio.

El escrito se acompañaba de la liquidación correspondiente, por importe de 3.551.935,58 € y se acompañaba con un anexo por curso académico con el detalle de la bonificación practicada a cada estudiante beneficiario de la misma.

El día 30 de octubre de 2019 la Universidad de Alcalá presentó en el registro electrónico de la citada universidad nuevo escrito dirigido a la Dirección General de Universidades y Enseñanzas Superiores Artísticas de la Comunidad de Madrid en el que la citada universidad reclamaba 1.448.648,04 €, importe “que debe ser compensado por la Comunidad de Madrid por el curso académico 2018-2019”  en cumplimiento “de lo establecido en el apartado 4 de la Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto 1000/2012, de 29 de junio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio, en relación con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 951/2018, de 27 de julio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso académico 2018/2019 y se modifica el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas, y de lo establecido en el artículo 19 del Decreto 83/2016, de 9 de agosto, del Consejo de Gobierno, modificado por Decreto 126/2018, de 31 de julio, por el que se establecen los precios públicos por estudios universitarios conducentes a títulos oficiales y servicios de naturaleza académica en las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid” remitiéndose “las liquidaciones correspondientes al tramo autonómico de compensación de precios de matrícula, curso académico 2018/2019, de la convocatoria publicada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, mediante resolución de fecha 6 de agosto de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan becas de carácter general para el curso académico 2018/2019, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios (publicada en el BOE 16 de agosto de 2018)”.

El escrito se acompañaba con una copia de la relación de alumnos beneficiarios de las ayudas al estudio convocadas por el Ministerio, distinguiendo, de los precios no satisfechos por los estudiantes, la parte que había sido abonada por compensación a la Universidad por el Ministerio y la parte que correspondía compensar a la universidad por la Comunidad de Madrid y que, a la fecha de presentación del escrito, se encontraba pendiente de pago.

Como antecedente de interés en estas reclamaciones debe citarse la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Octava), de 15 de junio de 2020 (Procedimiento Ordinario 271/2019), recaída en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Universidad de Alcalá por la que se estima el citado recurso contra la resolución del Director General de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores de la Comunidad de Madrid por la que se desestimaba el requerimiento efectuado por el rector de la Universidad de Alcalá a la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid en reclamación del pago de la cantidad de 1.642.369,53 euros, en concepto de compensación de los precios de matrícula correspondiente al curso académico 2017/2018, no satisfechos por los alumnos beneficiarios de la beca convocada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, mediante resolución de fecha 3 de agosto de 2017; “declarando el derecho de la recurrente al cobro del importe de 1.642.369,53 euros, en concepto de compensación de los precios de matrícula correspondiente al curso académico 2017/2018, no satisfechos a los alumnos beneficiarios de las becas convocadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; condenando a la Comunidad de Madrid a su pago a la Universidad demandante, con más los intereses que se hayan devengado por dicha suma desde su reclamación hasta que se haga efectiva”.

Teniendo en cuenta tal situación, y la disponibilidad en el momento actual de recursos económicos suficientes para hacer frente al pago de la cantidad adeudada, la memoria justificativa expone que se considera conveniente suscribir un acuerdo extrajudicial “que permita abonar dentro del ejercicio 2020 la totalidad de las deudas reclamadas”.

En virtud del precitado acuerdo, la Comunidad de Madrid se compromete a abonar a la Universidad Alcalá en un único pago la cantidad de 6.748.784,55 euros con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2019, prorrogados mediante Decreto 315/2019, de 27 de diciembre del Consejo de Gobierno por el que se regula la aplicación de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid de 2019 para el año 2020, desglosado en los siguientes conceptos: 1.748.201,12 euros, para satisfacer principal e intereses (calculados a 31 de diciembre de 2020), del importe correspondiente a las compensaciones reconocidas en procedimientos judiciales contencioso-administrativos en los que existe sentencia judicial y 5.000.583,43 euros, para satisfacer el principal sin intereses, del importe correspondiente a las compensaciones reclamadas en vía administrativa

Por su parte, la Universidad Alcalá incorporará a sus presupuestos de los ejercicios 2021, 2022, 2023 y 2024 la cantidad total recibida en concepto de compensación, de modo que para cada uno de los presupuestos de los citados ejercicios el importe máximo a incorporar será de un 25 por ciento del total de la cantidad total recibida.

Además, el 50% de la cuantía total que la Comunidad de Madrid abona según lo dispuesto en las cláusulas anteriores será destinado por la universidad a lo largo de los años 2021, 2022, 2023 y 2024 a financiar las siguientes líneas de actuación: un tercio de la cantidad anteriormente señalada se dedicará a transformación digital; otro tercio se destinará a transformación ecológica y el restante tercio de la cantidad anteriormente señalada se destinará a infraestructura científico-tecnológica para el fortalecimiento y mejora del equipamiento científico-tecnológico, su renovación, gestión y mantenimiento.

 El 50% restante será destinado por la universidad a lo largo de los años 2021, 2022, 2023 y 2024 a las actuaciones que estime convenientes en virtud de su autonomía presupuestaria.

 Por otro lado, para garantizar el principio de excelencia del profesorado, la universidad, en virtud del acuerdo, se compromete a convocar el 25% de la Oferta de Empleo Público mediante un sistema de convocatoria abierta, libre concurrencia y con publicidad en el portal de empleo de la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación y en la plataforma Euraxess de la Comisión Europea. Además, en las comisiones de selección de las citadas plazas la mayoría de los miembros no podrá tener relación contractual o funcionarial con la universidad convocante y de ese 25% que se reserva en base a criterios de excelencia, un 5% corresponderá a plazas de áreas de conocimiento que la universidad considere estratégicas para impulsar y/o fortalecer programas.

Para el seguimiento de las cantidades abonadas, la universidad se compromete a presentar, antes del 1 de diciembre de cada año de vigencia del acuerdo, una memoria descriptiva de las actuaciones llevadas a cabo en el año en desarrollo de las líneas de actuación previstas, con la referencia a su correspondiente importe.

Al expediente se acompaña la siguiente documentación:

Documento nº 1. Proyecto de decreto por el que se autoriza al Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación a acordar con la Universidad de Alcalá el pago de los importes reclamados.

Documento nº 2. Propuesta de acuerdo transaccional.

Documento nº 3. Escrito de aceptación del acuerdo transaccional por la Universidad de Alcalá.

Documento nº 4. Memoria justificativa del acuerdo transaccional.

Documento nº 5. Memoria justificativa del cálculo de intereses.

Documento nº 6. Informe del Servicio Jurídico 638/2020, de 27 de septiembre de 2020, relativo a la consulta formulada sobre la posibilidad de realizar un acuerdo transaccional con las universidades públicas madrileñas para proceder al abono de las cantidades adeudadas en concepto de compensación.

Documento nº 7. Informe del Servicio Jurídico 895/2020, de 2 de noviembre de 2020, relativo al proyecto de acuerdo transaccional con la Universidad de Alcalá.

Documento nº 8. Memoria de no aceptación de las consideraciones formuladas por el Servicio Jurídico.

Documento nº 9. Informe de la Dirección General de Presupuestos.

Documento nº 10. Autorización de la Dirección General de Política Financiera y Tesorería del plan de disposición de fondos individualizado.

Documento nº 11. Informe de la Intervención General de la Comunidad de Madrid en relación al acuerdo transaccional con la Universidad de Alcalá.

Documento nº 12. Sentencia PO 271/2019-E01.

Documento nº 13. Requerimiento de cantidad 30/10/2019.

Documento nº 14. Requerimiento de cantidad de 05/10/2020.

TERCERO.- Del examen del expediente resulta de interés destacar la siguiente normativa aplicable:

El artículo 45 de la Ley Orgánica de Universidades recoge, con relación a la gestión administrativa, la colaboración de las Universidades con el fin de facilitar la gestión descentralizada de las becas y el articulo 81.3 del mismo texto legal exige respecto a la financiación de las mismas, que el presupuesto de la universidad contenga en su estado de ingresos la consignación relativa a las compensaciones correspondientes a los importes derivados de las exenciones y reducciones que legalmente se dispongan en materia de precios públicos y demás derechos.

El artículo 7 del Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo determina que:

“1. El coste del componente individual de las becas y ayudas al estudio destinado a financiar los gastos derivados de la matrícula de alumnos de estudios universitarios será financiado conforme a las siguientes reglas:

a) Los Presupuestos Generales del Estado financiarán la cantidad que corresponda al límite inferior de la horquilla establecida pare el precio público de cada enseñanza.

b) Las Comunidades Autónomas financiarán íntegramente con cargo a sus presupuestos la diferencia entre el precio público que fijen y el límite mínimo que corresponda a cada enseñanza”.

Asimismo, el Real Decreto 726/2017, de 21 de julio, por el que se establece los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio, para el curso 2017-2018 y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas, en su artículo 4, indica que:

“La compensación a las Universidades de las cuantías de la beca de matrícula a que se refieren los párrafos anteriores se efectuará conforme a lo previsto en la disposición adicional tercera”.

La citada disposición adicional tercera, cuyo título es “Compensación a las universidades por la exención de matrícula” es del siguiente tenor:

“1. Durante el curso 2017/2018, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte aportará a las Universidades, en concepto de compensación de los precios públicos por servicios académicos correspondientes a los alumnos becarios exentos de su pago, una cantidad por alumno becado igual a la del precio público fijado pan la titulación correspondiente en el curso 2011-2012, actualizada en un 1%, de conformidad con ¡o previsto en el artículo 12 de! Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

2. En el caso de nuevas titulaciones que no existieran en el curso 2011-2012, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte compensará a las Universidades el importe correspondiente a los precios públicos fijados en el curso 2011-2012 para titulaciones del mismo grado de experimentalidad en su Comunidad Autónoma, actualizado en los términos previstos en el apartado anterior.

3. En el supuesto de becarios matriculados en los Másteres que en el curso de referencia 20 11-2012 se denominaban “Másteres con precio diferenciado”, el Ministerio de Educación, Cultura y Depone compensará a la universidad el importe no abonado por el estudiante becado hasta un máximo de 2.100 €.

4. Sobre las bases de cálculo fijadas en los párrafos anteriores se cuantificará la compensación de la bonificación del 50% de las matrículas correspondientes a estudiantes que pertenecen a familias numerosas de tres hijos y asimiladas.

5. Cuando la cantidad aportada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a la Universidad resultase inferior al coste de las becas de matrícula, en los términos definidos en el artículo 4.1. d), calculado al precio público efectivamente fijado por la Comunidad Autónoma para el curso 2017/2018, corresponderá a dicha Comunidad Autónoma compensar a las Universidades públicas por la diferencia, de modo que el beneficiario de la beca quede efectivamente exento de cualquier obligación económica”.

Del mismo modo el Real Decreto 951/2016, de 27 de julio, por el que se establece los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio, para el curso 2018-2018 y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas, se expresa en términos idénticos al precitado Real Decreto 726/2017, de 21 de julio.

Finalmente, el Decreto 80/2014, de 17 de julio, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se fijan los precios públicos por estudios universitarios conducentes a títulos oficiales y servicios de naturaleza académica en las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, en su artículo 19 establece que:

 “1. De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas, no vendrán obligados a pagar el precio por estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional los alumnos que reciban beca con cargo a los Presupuesto Generales del Estado.

2. Las universidades públicas deberán bonificar a los alumnos contemplados en el apartado anterior por la diferencia de los precios que se establezcan con respecto a la parte del componente de matrícula financiada con cargo a los Presupuesto Generales del Estado…”.

A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes

 

CONSIDERACIONES DE DERECHO

 

ÚNICA.- Se remite el expediente a esta Comisión Jurídica Asesora en aplicación del artículo 5.3.e) de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, que dispone que “la Comisión Jurídica Asesora deberá ser consultada por la Comunidad de Madrid en: (…) e) Transacciones judiciales o extrajudiciales sobre los derechos de contenido económico de la Comunidad de Madrid así como el sometimiento a arbitraje de las cuestiones que se susciten sobre los mismos”.

Como ya dijimos, la solicitud se plantea en relación con el acuerdo que se pretende firmar entre la Comunidad de Madrid, a través del consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, y la Universidad de Alcalá de Madrid, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18.1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, aprobado por el Decreto 5/2016, de 19 de enero, para la transacción extrajudicial sobre el pago por la Comunidad de Madrid a dicha universidad de la compensación por las cantidades dejadas de percibir por aplicación a los estudiantes de las becas ministeriales de matrícula y de las bonificaciones y exenciones en el pago de los precios públicos universitarios.

Así, la primera cuestión a analizar es si el acuerdo sometido a nuestra consideración supone una “transacción extrajudicial sobre los derechos de contenido económico de la Comunidad de Madrid” que haga preceptivo el dictamen de la Comisión jurídica Asesora, teniendo en cuenta además que en el propio oficio de remisión firmado por el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, se señala que se solicita el dictamen, al amparo de lo manifestado en el informe de 2 noviembre de 2020 del Servicio Jurídico en la Consejería de Educación y Juventud, aunque “el acuerdo transaccional a celebrar con la Universidad de Alcalá no afecta a bienes y derechos de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, sino a obligaciones”.

Como es sabido, la intervención de esta Comisión jurídica Asesora en esta materia, deriva de una competencia establecida en la legislación estatal que atribuye al Consejo de Estado su participación en estos procedimientos como “un supuesto claro y típico de tutela administrativa” (Dictamen del Consejo de Estado de 26 de enero de 1978), justificada por la defensa de los intereses públicos que pueden verse comprometidos, pues “a él se confía una experta valoración de las causas que genera la inseguridad jurídica desde el punto de vista de la entidad pública afectada y de la justeza, al menos en términos generales, del intercambio, a fin de que los intereses públicos queden debidamente salvaguardados”.

En este sentido, el Consejo de Estado ha señalado que “la caracterización del contrato de transacción como acto de disposición motivó que en el Código Civil se estableciera una previsión específica para las entidades públicas. En concreto, su artículo 1812 señala que: <<las Corporaciones que tengan personalidad jurídica sólo podrán transigir en la forma y con los requisitos que necesiten para enajenar sus bienes>>. Por lo que afecta al Estado y demás entes públicos, la legislación española ha sido pródiga en afirmar la excepcionalidad del procedimiento transaccional y en exigir las más acabadas solemnidades para su resolución, desde que se promulgara el Real Decreto de 24 de octubre de 1849”.

En su Dictamen de 11 de abril de 2019, el Consejo de Estado recopila los precedentes legislativos de su intervención en esta materia, señalando lo siguiente:

 “La vieja Ley de Administración y Contabilidad de 1911, en su artículo 6, autorizaba al Estado a realizar transacciones respecto de los derechos de la Hacienda, siempre que fuera mediante Real Decreto y previo dictamen del Consejo de Estado en Pleno. Este precepto se ha venido repitiendo en los textos legales posteriores: Ley General Presupuestaria de 4 de enero de 1977, Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 26 de julio de 1957, Ley de Patrimonio del Estado de 15 de abril de 1964, etc., preceptos, todos ellos, que no atienden al contenido de la transacción -regulado por el Código Civil- sino tan solo a los requisitos que son exigidos para que sea válidamente celebrada" (dictamen del Consejo de Estado número 46.031, de 1 de marzo de 1984). 

En la legislación vigente, el requisito de la aprobación por real decreto del Consejo de Ministros, previo el dictamen del Consejo de Estado en Pleno, se contiene en el ya citado artículo 21.8 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado, en el artículo 7 ("límites a que están sujetos los derechos de la Hacienda Pública estatal"), apartado 3, de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y en el artículo 31 ("transacción y sometimiento a arbitraje") de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Dicho artículo 31 prevé que "no se podrá transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los bienes y derechos del Patrimonio del Estado, ni someter a arbitraje las contiendas que se susciten sobre los mismos, sino mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del de Hacienda, previo dictamen del Consejo de Estado en pleno". 

 Por lo que se refiere a la Comunidad de Madrid, la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid (en adelante, Ley 9/1990), se refiere a la intervención del Consejo de Gobierno en las transacciones de la Comunidad de Madrid. Esta Ley define la Hacienda como el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico cuya titularidad corresponde a la Comunidad de Madrid, sus Organismos autónomos, Empresas públicas y demás Entes Públicos (artículo 2). Distingue, además, dicha Ley entre derechos económicos de la Hacienda Pública (artículo 23) y patrimonio de la Comunidad de Madrid. Integran la primera categoría los rendimientos de sus propios tributos, los recargos que establezca la Comunidad de Madrid sobre los impuestos estatales, las asignaciones complementarias que se establezcan en los Presupuestos Generales del Estado en favor de la Comunidad de Madrid, las participaciones en los impuestos estatales no cedidos, los rendimientos de los impuestos cedidos por el Estado, las transferencias del Fondo de Compensación Interterritorial y de otros fondos destinados a favorecer el desarrollo regional, los rendimientos derivados del patrimonio de la Comunidad y los ingresos de Derecho Privado, herencias, legados y donaciones, los ingresos derivados de la imposición de multas y sanciones, en el ámbito de sus competencias, el producto de las operaciones de crédito y cuantos otros recursos se le atribuyan de acuerdo con las leyes. Forman el segundo, el patrimonio de la Comunidad de Madrid, todos los bienes y derechos que le pertenezcan por cualquier título de adquisición (artículo 2 de la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid).

 Pues bien, respecto de unos y otros, se prevé la intervención del Consejo de Gobierno en caso de transacción. En concreto, para los derechos de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, el artículo 35 de la Ley 9/1990, previene que “no se podrá transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los derechos de la Hacienda de la Comunidad, ni someter a arbitraje las contiendas que se susciten respecto de los mismos, sino mediante Decreto acordado en Consejo de Gobierno”. La razón de ser de dicha intervención, así como la de esta Comisión Jurídica Asesora conforme a lo establecido en el citado artículo 5.3 e) de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, viene dada por la indisponibilidad que caracteriza a los derechos económicos de la Hacienda Pública, de ahí que la transacción o el arbitraje sobre los mismos, en cuanto actos de disposición, solo pueda realizarse bajo el estricto cumplimiento de las formalidades mencionadas, esto es, decreto del Consejo de Gobierno y dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, como garantía de control y tutela del interés general. Precisamente el que los bienes y derechos de la Administración estén llamados a satisfacer los intereses generales (art. 103.1 de la Constitución Española), exige adoptar las garantías precisas para asegurar su buen uso y gestión, así como para salvaguardar el respeto a los principios constitucionales en materia de gasto público.

 Expuesto en líneas generales el régimen de intervención de esta Comisión Jurídica Asesora, debemos analizar si en el caso sometido a dictamen, la Comunidad de Madrid está realizando un acto de disposición sobre derechos de contenido económico, que precise la tutela de este órgano consultivo, pues como hemos señalado, dicho acto de disposición se configura como el presupuesto de intervención de este órgano consultivo.

A la hora de examinar la preceptividad del dictamen de esta Comisión Jurídica Asesora debemos atender al contenido del acuerdo que se pretende suscribir y a la naturaleza de los compromisos que asume la Comunidad de Madrid en virtud de dicho acuerdo.

Como expusimos en los antecedentes de hecho de este dictamen, en virtud del acuerdo, la Comunidad de Madrid se compromete a abonar a la Universidad de Alcalá en el ejercicio 2020 una cantidad total por importe de 1.748.201,12 euros para satisfacer el principal y los intereses devengados de los importes adeudados en concepto de compensación, respecto de las cantidades reclamadas en el procedimiento judicial contencioso-administrativo (Procedimiento Ordinario 271/2019) en el que ha recaído la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 15 de junio de 2020, que le condena a dicho pago.

Respecto de las cantidades reclamadas en vía administrativa, la Universidad de Alcalá renuncia al pago del importe de los intereses, de tal manera que la Comunidad de Madrid se compromete a abonar en el ejercicio 2020 únicamente el principal de las cantidades adeudadas, por un importe total de 5.000.583,43 euros.

Con relación a las cantidades reconocidas en procedimientos judiciales contencioso-administrativos en los que existe sentencia judicial, es necesario tener en cuenta que, como se recoge en el propio decreto de autorización del acuerdo transaccional su inclusión “no tiene un carácter transaccional, puesto que no existe controversia, ni duda alguna en cuanto a su importe y a la obligatoriedad de su pago”, tratándose exclusivamente de un supuesto de ejecución de sentencia  en los términos que señala el artículo 106.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA), a cuyo tenor “1. Cuando la Administración fuere condenada al pago de cantidad líquida, el órgano encargado de su cumplimiento acordará el pago con cargo al crédito correspondiente de su presupuesto que tendrá siempre la consideración de ampliable”.

Por lo que se refiere a las cantidades reclamadas en vía administrativa mediante requerimiento por parte de la Universidad de Alcalá, el acuerdo remitido para su satisfacción se trataría más bien de un supuesto de terminación convencional del procedimiento administrativo en los términos del artículo 86 LPAC cuando prescribe que:

“1. Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de Derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que, en su caso, prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin”.

Ahora bien, sin necesidad de analizar la naturaleza del acuerdo, de los términos del mismo se colige sin dificultad que la Comunidad de Madrid no está realizando ningún acto de disposición sobre sus derechos de contenido económico, en los términos que estos se definen en nuestra legislación conforme anteriormente expusimos, sino que en todos los casos se está dando cumplimiento a una obligación legal, que en virtud del acuerdo se ha de cumplir de una manera muy beneficiosa para la Comunidad de Madrid, al no tener que abonar los intereses legales en virtud de la renuncia que realiza la otra parte del acuerdo.

La propia memoria justificativa del acuerdo se expresa en términos que no permiten albergar dudas sobre la obligación de pago que recae sobre la Comunidad de Madrid, así tras citar la legislación aplicable, señala que:

“La Comunidad de Madrid, como se ha expuesto anteriormente, está obligada a compensar a las Universidades Públicas por la aplicación a los estudiantes de las becas ministeriales de matrícula y de las bonificaciones y exenciones en el pago de los precios públicos universitarios.

 En el caso de las becas de matrícula, los Presupuestos Generales del Estado cubren la parte de la matrícula correspondiente al límite inferior de la horquilla de precios aplicable (coste mínimo obligatorio de los estudios). En el caso de que las comunidades autónomas decidan implantar unos precios públicos cuyo importe esté por encima del mínimo, deben asumir el pago de la diferencia entre el precio público mínimo obligatorio y el importe del precio público final de los estudios oficiales de los alumnos becarios.

 En el caso de las bonificaciones y exenciones en el pago de los precios públicos universitarios, si bien este tipo de bonificaciones tienen su origen en normas estatales, en la medida en que su gestión está transferida a las comunidades autónomas, éstas deben asumir el pago de la compensación a las universidades públicas del importe de precios públicos que abonan los estudiantes por esta causa.

La obligación de pago de ambos tipos de compensación ha sido declarada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en diversos procedimientos”.

En efecto, son múltiples los pronunciamientos judiciales que han reconocido la obligación que pesa sobre la Comunidad de Madrid, no solo la ya citada Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 15 de junio de 2020 (recurso 271/2019) cuyo efectivo cumplimiento se incluye en el acuerdo sometido a nuestro dictamen, sino también otros fallos judiciales que la propia sentencia cita. Entre dichos pronunciamientos se incluye uno del propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid, así la Sentencia de 22 de noviembre de 2018 (recurso 611/2017), en relación con el recurso interpuesto por la misma universidad sobre idéntica reclamación, aunque referida al curso escolar 2016-2017, en la que también se recoge la obligación de pago que pesa sobre la Comunidad de Madrid. Tratándose del pago de la compensación por becas de familia numerosa, deben tenerse en cuenta las Sentencias de la Audiencia Nacional de 17 de diciembre de 2015 y 28 de septiembre de 2016, también estimatorias de las pretensiones de las universidades públicas.

Además, son numerosas las sentencias que sobre esta materia se han dictado en relación con otras universidades públicas madrileñas, reconociendo la obligación de pago que recae sobre la Comunidad de Madrid. Cabe citar la reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 29 de mayo de 2020 (recurso 993/2019), en virtud del recurso planteado por la Universidad Complutense de Madrid en reclamación de la compensación que la Comunidad está obligada a abonar por la financiación del importe del precio de matrícula de los alumnos becados en concepto de familia numerosa de categoría general, en relación al curso académico 2017-2018. En la citada sentencia se recogen otros numerosos pronunciamientos judiciales del mismo tribunal, en relación a las mismas partes contendientes, si bien referenciados a distintos cursos, en concreto para el año 2012/2013, (Recurso 404/2014) Sentencia de 4 de febrero de 2016; Sentencia de 20 de junio de 2017  (recurso 857/2015), referida a las compensaciones de los ejercicios 2013/2014 y 2014/2015; Sentencia de 15 de marzo de 2018 (recurso 763/2016), sobre compensación de los precios de matrícula del curso académico 2015/2016 y la Sentencia de 12 de marzo de 2020 (recurso 483/2018) referida a los precios de matrícula del curso 2011/2012. Igualmente, cita otras sentencias por idénticos temas planteados por distintas universidades, en relación a las compensaciones de cantidades de las becas, en las que ha dictado sentencias estimatorias de las pretensiones instadas, señalando entre otras y por todas: Sentencia de 16 de julio de 2015 (recurso 1127/2013) referida a la Universidad Carlos III de Madrid; Sentencia de 4 de febrero de 2016 (recurso 404/2014) en relación con la reclamación planteada por la Universidad de Alcalá de Henares; Sentencia de 23 de julio de 2015 (recurso 1014/2014), en relación con la Universidad Complutense de Madrid y la ya citada Sentencia de 13 de junio de 2017 (recurso 37/2016), respecto a la Universidad Carlos III de Madrid.

En virtud de todos los pronunciamientos judiciales citados, estimatorios de las pretensiones de las universidades públicas madrileñas, la referida Sentencia de 29 de mayo de 2020 es contundente al señalar que queda clara la obligación de la Comunidad de Madrid “de financiar íntegramente, con cargo a sus presupuestos, la diferencia entre el precio público de matrícula que se fijen, y el límite mínimo que corresponda a cada enseñanza, financiado por el Estado” y estima la pretensión de la universidad pública madrileña de reclamación de cantidad por la deuda derivada de la falta de financiación del tramo autonómico de las bonificaciones del precio de matrícula de los alumnos miembros de las familias numerosas de carácter general en el importe no asumido por el entonces Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en virtud de lo establecido por el  art. 7.1.b) del  Real Decreto Ley 14/2012 de 20 de abril,  de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo y la disposición adicional tercera del  Real Decreto 726/2017, de 21 de julio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2017-2018, condenado a la Comunidad de Madrid al pago de  , con los intereses legales.

En definitiva, versando el acuerdo sometido a dictamen sobre una obligación impuesta legalmente, cuyo cumplimiento por la Comunidad de Madrid es una exigencia del principio de legalidad que rige la actuación de la Administración (artículos 9.1 y 3 y 103.1 de la Constitución Española), y no tratarse de un acto de disposición sobre derechos de contenido económico, que precise de la tutela y salvaguarda de este órgano consultivo, no procede la emisión del dictamen solicitado, al no encontrarnos en el supuesto previsto en el artículo 5.3 e) de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre.

Por todo lo expuesto la Comisión Jurídica Asesora adopta el siguiente

 

ACUERDO

 

Procede la devolución del presente expediente al no resultar preceptivo el dictamen de este órgano consultivo.

 

Madrid, a 15 de diciembre de 2020

 

La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora

 

 

CJACM. Acuerdo nº 12/20

 

Excmo. Sr. Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación

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