Dictamen nº:

145/24

Consulta:

Alcalde de Coslada

Asunto:

Responsabilidad Patrimonial

Aprobación:

21.03.24

 

 

DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad, en su sesión de 21 de marzo de 2024, emitido ante la consulta formulada por el alcalde de Coslada, a través del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, al amparo del artículo 5.3 de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, en el asunto promovido por Dña. ……, sobre reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios derivados de una caída sufrida en un campo de futbol, que atribuye al mal estado de conservación y mantenimiento del césped.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

 

PRIMERO.- El 3 de junio de 2021 la persona citada en el encabezamiento, representada por un abogado, presenta una reclamación de responsabilidad patrimonial en la que refiere que la reclamante, portera del equipo de futbol femenino “Escuela de Futbol ……” y federada en la Real Federación de Futbol de Madrid, el día 28 de febrero de 2021 había sufrido un accidente disputando un partido de futbol en el campo de futbol denominado “Barrio del Puerto”, propiedad del Ayuntamiento de Coslada, del que fueron testigos todas las jugadoras, entrenadores y cuerpo técnico de los dos equipos que disputaban el partido.

Refiere que el citado equipo de futbol femenino utiliza dicho campo, de césped artificial, para los entrenamientos y para disputar partidos de la Liga 1ª de futbol femenino local y que el accidente tiene lugar en la segunda parte del partido disputado con el equipo de futbol también femenino “……”, celebrado el 28 de febrero de 2021 cuando “iba a bloquear el tiro de una jugadora del equipo contrario, introdujo su pie izquierdo en un agujero que había en el césped debido al mal estado de conservación y mantenimiento del mismo”.

Indica que a consecuencia del accidente sufrió fractura de tobillo derecho que requirió intervención quirúrgica el día 1 de marzo de 2021 en el Hospital Universitario del Henares y a la fecha de presentación de la reclamación se encontraba de baja médica e incapacitada para la realización de tareas habituales de su vida diaria.

Solicita una indemnización “provisionalmente calculada” de 60.000 euros. En escrito posteriormente presentado valora el daño en 33.232,98 euros con el siguiente desglose: 32.232,21 euros por lesiones y 1.000,77 euros por gastos que relaciona en hoja adjunta.

 Acompaña al escrito de reclamación: la licencia de la Real Federación de Futbol de Madrid, el acta del partido celebrado el 28 de febrero de 2021, un documento privado en el que la reclamante atribuye su representación a un abogado, parte de asistencia de Cruz Roja Española, una fotografía del supuesto lugar del accidente, diversa documentación médica y parte médico de confirmación de incapacidad temporal.

En el acta firmada por el árbitro del partido, en su apartado “otras incidencias” consta: “el partido se tuvo que parar en el minuto 61, aproximadamente por espacio de 30 minutos, debido a la lesión de gravedad (fractura abierta de tibia a la altura del tobillo) de la portero del club local Escuela Futbol ……, teniéndose que personar en el terreno de juego una ambulancia con facultativos médicos para su retirada del terreno de juego. El partido se reanudó de nuevo, terminando sin más incidencias, previo acuerdo de ambos equipos”.

SEGUNDO.- A causa de la referida reclamación se instruyó un procedimiento de responsabilidad patrimonial del que constituyen aspectos a destacar en su tramitación, los siguientes:

El 20 de septiembre de 2021, el 5 de enero de 2022, el 18 de mayo de 2022 y el 1 de julio de 2022 la reclamante solicita el impulso del procedimiento.

El 29 de julio de 2022, mediante Decreto de Alcaldía se acuerda el inicio del procedimiento de responsabilidad patrimonial y se requiere a la reclamante para que aporte la declaración de no haber sido indemnizada, indicación acerca de si por los mismos hechos se siguen otras reclamaciones y si se propone prueba testifical, facilite datos de contacto de los testigos.

El anterior requerimiento fue atendido por la reclamante en escrito presentado el 5 de agosto de 2022 y en él solicita la práctica de la prueba testifical de 7 testigos que identifica con nombre y dirección.

El 24 de octubre de 2022, la reclamante, solicita una indemnización de 33.232,98 euros con el siguiente desglose: 32.232,21 euros por lesiones, en base a un informe pericial de valoración de daño personal que acompaña, y 1.000,77 euros por los gastos que relaciona en hoja adjunta correspondientes a parquímetro, gasolina, taxi, parking, bota Walker, media compresora, apósitos e informe médico forense (folios 79 a 102).

El 16 de enero de 2023, la reclamante solicita el impulso del procedimiento.

El 29 de abril de 2023, el director técnico deportivo del Ayuntamiento de Coslada informa que la titularidad de la instalación deportiva Campo de Futbol El Puerto de Coslada corresponde al Ayuntamiento de Coslada y su mantenimiento a la Concejalía de Deporte de dicho ayuntamiento “bien a la Brigada Propia de Mantenimiento o bien a las empresas externas contratadas cuando la acción supera las posibilidades de la propia Brigada por la complejidad técnica o por la saturación de obras, mantenimientos programados y reparaciones previstas”, que el césped artificial de los campos de El Puerto se somete a riegos puntuales cuando son necesarios y que los campos están sometidos a un uso diario y tienen mantenimiento programado y arreglos imprevistos.

Con respecto a la revisión y control de las instalaciones de juego refiere: “Las inspecciones de las instalaciones las realizan el personal asociado a la instalación (personal de Conserjería, personal técnico y personal de la Brigada) y el personal técnico de los equipos y a los árbitros enviados para las competiciones de la Federación de Fútbol de Madrid y de la propia delegación de Coslada a nivel de campeonato Local.

Al disputarse partidos oficiales de la Federación de Madrid los árbitros, junto a los delegados de los equipos, son los encargados de inspeccionar el estado de las instalaciones y si son aptas para la actividad prevista.

Cuando se perciben que hay daños en las instalaciones se envían los partes correspondientes. Se someten a análisis y se actúa de forma conveniente, bien con medios propios o bien con medios ajenos”.

Continúa el informe señalando que, en las semanas previas al accidente, los entrenamientos se desarrollaron con normalidad sin constancia de ningún percance destacable y, en el acta que acompaña, el colegiado del encuentro no hizo referencia a ninguna deficiencia en el terreno de juego, únicamente se menciona la lesión producida, la actuación de medios sanitarios en el apartado “otras incidencias” y se reanudó el juego sin más incidencias.

Finalmente recoge las siguientes conclusiones: “El mantenimiento de las instalaciones se desarrolla al ritmo que se van produciendo los desperfectos y averías y existe un intervalo entre el acontecimiento y la solución del mismo. Este tiempo depende de la extensión del daño y del tiempo técnico preciso, bien por medios propios o ajenos.

La Federación de Fútbol de Madrid tiene la potestad de clausurar los campos donde se desarrollan sus competiciones hasta que los mecanismos de reparación, arreglo y solución de los desperfectos vuelvan a dejar practicable la instalación. En este momento la Federación revisa el espacio deportivo y levanta o no la suspensión de práctica deportiva. Si los “desperfectos” que puedan existir no son suficientemente importantes como para clausurar un campo no se procede en ese sentido.

Las superficies de juego tienen desperfectos y averías sobrevenidas por el tiempo de uso y por incidentes no previsibles. Cuando ocurren tales circunstancias y en el menor tiempo posible se solucionan como anteriormente se señaló.

Este tipo de superficies sufre un desgaste más acusado en ciertos lugares mucho antes del tiempo útil de durabilidad de la misma, por ejemplo en los puntos de penalti, en las juntas de las líneas de las zonas medias y en ciertos lugares donde el uso es más intensivo. Estos espacios se van arreglando según van siendo apreciables.

Una vez la superficie de juego llega a su final de vida útil se sustituye la totalidad del mismo para que continúe desarrollándose la práctica deportiva”.

Mediante resolución de la instructora del procedimiento de 6 de junio de 2023 se admite parcialmente la prueba propuesta por la reclamante y se acuerda citar como testigos a cinco de los siete testigos propuestos, lo que se comunica a la interesada (folios 114 a 122).

El abogado de la reclamante comparece en dependencias municipales para aportar al procedimiento una fotografía del campo de futbol el día de los hechos, DNI del abogado y dos DVD.

Previa citación, el 13 de junio de 2023 presta declaración en comparecencia personal ante el instructor del procedimiento una de las testigos propuestas, jugadora del equipo de futbol de la Escuela de Futbol …… que según su testimonio era defensa cuando ocurrió el accidente y presenció la caída que se produjo “justo en la línea del área pequeña”. La testigo estaba situada detrás de la reclamante, “con la finalidad de cuando la portera sale a la defensa de la jugada, haya otra jugadora que proteja la portería”. Preguntada sobre cual pudo ser la causa de la caída manifiesta que vio cómo se desarrolló la jugada y de repente vio caída a la reclamante, “porque había un hueco en el que faltaba el césped artificial”. A la pregunta de si en los entrenamientos había detectado el mal estado del césped responde: “A día de hoy el estado del césped sigue siendo defectuoso, de hecho, en los entrenamientos el entrenador del equipo pone petos, tipo chaleco reflectante, para que no se pase por encima del césped que está defectuoso”. Sobre la descripción del agujero y estado del campo manifiesta “no existía en esa zona donde ocurrió la lesión el césped artificial” y preguntada sobre si le pidió al delegado del campo, al entrenador o al árbitro que pararan la celebración del partido porque había un agujero y el terreno estaba en mal estado manifiesta que no pidió parar el partido.

Otra testigo, jugadora del equipo de futbol de la Escuela de Futbol …… que jugaba el partido de medio centro manifiesta que presenció la caída. Identifica el campo de futbol donde se produjo el accidente y como se desencadenó la jugada “perdieron un balón en la banda, cuando la jugadora del equipo contrario recuperó el balón, encaró el balón frente a (…) y fue cuando cayó”, declara que existía un agujero en el campo y que el pie quedó enganchado en el agujero y no giró, que en la línea blanca del área pequeña faltaba césped y caucho y “se veía el asfalto”. A la pregunta de si pidió que pararan la celebración del partido porque había un agujero y el terreno estaba en mal estado manifiesta que no pidió que constara la incidencia porque escuchó al árbitro decir que lo iba a reflejar en el acta para que la Federación tomara una decisión.

El otro testigo, entrenador de la reclamante, declara que se encontraba en el campo, concretamente en el banquillo. Preguntado sobre el estado del campo declara “que la mayoría de campos de Madrid están en el mismo estado vergonzoso” y “no vio como se había producido la caída, que estaba preparando el cambio y que le avisaron de la caída”. Preguntado si en los entrenamientos había detectado el mal estado del césped manifiesta que sí y preguntado sobre el estado del campo y del agujero responde “que hay desgaste, sobre todo en las zonas en la que se entrena, la zona de la portería es una de esas zonas”. A la pregunta de si pidió al árbitro que constara en el acta la existencia del agujero y el mal estado del campo responde afirmativamente “además manifiesta que es una obligación del árbitro que conste esas incidencias”. A la pregunta del abogado de la reclamante sobre si después del incidente se cerró el campo y se arregló el defecto declara “que al Club le mandaron a entrenar y jugar los partidos al campo de la calle Méjico, no recuerda cuanto tiempo después del incidente del día 28/2/2023 les cambiaron el campo”.

Otra de las testigos declara, que estaba de entrenadora del equipo para ayudar a su pareja que era el entrenador del equipo ……. No presenció la caída porque se encontraba en el banquillo y en su opinión la caída tiene lugar por el mal estado del campo “el problema era la grieta que había, que frenó el pie y por eso se fracturó el tobillo, si no hubiera existido esa grieta el pie no se hubiera frenado y no hubiera producido la lesión”, “el césped se había despejado y no estaba unido al otro tramo de césped”. Preguntada si le pidió al árbitro que parara la celebración del partido por el mal estado del terreno responde que cree que el árbitro les dio la opción de reanudar el partido o suspenderlo, pero se decidió continuar.

Finalmente, la última de las testigos, árbitro del partido de futbol, en su declaración telemática manifiesta que vio la jugada que se produce en el área pequeña donde la reclamante estaba defendiendo la portería. Sobre las obligaciones como árbitro manifiesta que comprueban las redes, los banderines de los córner, las fichas de las jugadoras pero no tiene obligación de comprobar el estado del terreno donde se va a celebrar el partido, lo que tienen obligación es, en caso de condiciones meteorológicas adversas proponer que se celebre el partido o se suspenda y cuando arbitra un partido es porque previamente la Federación inspecciona y valida el estado de los campos de futbol y está en condiciones de que se pueda jugar. No recuerda si existía un agujero ni el estado del terreno y dichas cuestiones no se pueden reflejar en el acta “eso se debe plantear previo al inicio del partido, ya que afecta a ambos equipos y es una decisión consensuada por las tres partes”.

Consta en el expediente que se confirió trámite de audiencia a la reclamante y el 31 de julio de 2023 presenta un escrito de alegaciones en el que a la vista de las declaraciones de los testigos considera acreditada la relación de causalidad entre el daño sufrido y el funcionamiento de los servicios públicos.

Con fecha 1 de agosto de 2023 se redacta propuesta de resolución en la que se propone desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial.

Remitido el expediente a esta Comisión Jurídica Asesora, el Pleno de este órgano consultivo aprobó el dictamen 497/23, de 28 de septiembre, en el que se concluyó que procedía la retroacción del procedimiento para que se otorgara audiencia a la Real Federación Madrileña de Futbol.

TERCERO.- Tras el dictamen 497/23, de 28 de septiembre, de esta Comisión Jurídica Asesora, se han sustanciado los siguientes trámites:

El 3 de octubre de 2023, se otorgó audiencia a la Real Federación Madrileña de Futbol.

  El 18 de octubre de 2023, el secretario general de la Real Federación Madrileña de Futbol presenta un escrito de alegaciones para, en primer lugar, y con carácter previo negar, en todo caso, los hechos recogidos en la reclamación en cuento omitan o se opongan a las que a continuación relaciona y alega: prescripción de la acción dado el tiempo transcurrido desde la fecha del accidente hasta la fecha de notificación de la reclamación a la federación, que el campo de futbol no es de su titularidad y la federación no tiene potestad para realizar obras de rehabilitación y/o de mantenimientos en las instalaciones por ser una competencia exclusiva del consistorio, la asunción de riesgo por parte de la reclamante y la conformidad de los equipos participantes sobre el estado del terreno al no comunicar al colegiado la imposibilidad de disputar el partido por el estado del terreno y su peligrosidad.

Conferida nuevamente audiencia a la interesada, su representante el 27 de noviembre de 2023 presenta alegaciones para reiterar, en síntesis, que de la prueba testifical practicada resulta acreditada la relación de causalidad entre la actividad administrativa y el resultado dañoso, alega que la reclamación se ha presentado en plazo legal y que la obligación de mantenimiento del campo de futbol es de competencia municipal.

El 10 de enero de 2024, la reclamante solicita el impulso del procedimiento.

El 2 de febrero de 2024, la instructora del procedimiento formula propuesta de resolución desestimatoria de la reclamación al no concurrir los presupuestos de la responsabilidad patrimonial.

Mediante Decreto de Alcaldía de 5 de febrero de 2024 se acuerda recabar dictamen a este órgano consultivo.

Con idéntica fecha, la reclamante solicita el impulso del procedimiento.

CUARTO.- El alcalde de Coslada, a través del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, remite solicitud de dictamen preceptivo a la Comisión Jurídica Asesora con registro de entrada en este órgano el día 20 de febrero de 2024.

Ha correspondido la solicitud de consulta del presente expediente, registrada en la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid con el n.º 100/24, a la letrada vocal Dña. Rosario López Ródenas que formuló y firmó la oportuna propuesta de dictamen, deliberada y aprobada, por el Pleno de esta Comisión Jurídica Asesora en su sesión de 21 de marzo de 2024.

A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes

 

CONSIDERACIONES DE DERECHO

 

PRIMERA.- La Comisión Jurídica Asesora emite su dictamen preceptivo, de acuerdo con el artículo 5.3.f) a de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, al tratarse de una reclamación de responsabilidad patrimonial de cuantía superior a 15.000 €, y la solicitud se efectúa por el alcalde de Coslada, órgano legitimado para ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.3.c) del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 5/2016, de 19 de enero (en adelante, ROFCJA).

SEGUNDA.- La tramitación del procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado a instancia de parte interesada, según consta en los antecedentes, ha de ajustarse a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC).

La reclamante ostenta legitimación activa para promover el procedimiento de responsabilidad patrimonial, al amparo del artículo 4 de la LPAC y el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP), en cuanto es la persona que sufrió los daños que reclama.

Tal y como se indicara en el dictamen 497/23, de 28 de septiembre, la interesada actúa representada por un abogado en base a un documento privado y como ha señalado esta Comisión en sus dictámenes 399/16, de 8 de septiembre; 430/16, de 29 de septiembre y 500/16, de 3 de noviembre, entre otros, si bien es cierto que en el ámbito privado, el artículo 1710 del Código Civil establece que el mandato puede ser expreso o tácito, y que el expreso puede otorgarse en documento público o privado, y aun de palabra, en el ámbito del procedimiento administrativo, el artículo 5 de la LPAC, es muy explícito al exigir la acreditación de la representación. Se infiere así que los documentos privados no cumplen el requisito de fehaciencia impuesto por la normativa de procedimiento administrativo, tal como, por ejemplo, se indicó en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 1 abril de 2004 (recurso 109/2003), que confirmaba una resolución administrativa en la que no se admitía la representación otorgada a un abogado mediante documento privado, lo que exige, en este caso, que la representación sea acreditada en forma adecuada.

La legitimación pasiva corresponde al Ayuntamiento de Coslada, titular de la instalación en la que se produjo el accidente.

En lo relativo al plazo de presentación de la reclamación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67.2 LPAC el derecho a reclamar la responsabilidad patrimonial a la Administración prescribe al año de manifestarse el efecto lesivo y de que se haya determinado el alcance de las secuelas.

En el caso que nos ocupa, el accidente por la que se reclama tuvo lugar el 28 de febrero de 2021 por lo que la reclamación presentada el día 3 de junio del mismo año, se encuentra formulada en plazo, con independencia de la fecha de curación o estabilización de las secuelas.

En cuanto al procedimiento, se observa que de conformidad con el artículo 81 de la LPAC se ha recabado el informe de la Concejalía de Deportes, se ha incorporado la documentación aportada por la reclamante, se ha practicado la prueba testifical propuesta, tras el dictamen 497/23, de 28 de septiembre se ha otorgado audiencia a la Real Federación de Futbol de Madrid y a la interesada y se ha redactado la correspondiente propuesta de resolución en sentido desestimatorio de la reclamación de responsabilidad patrimonial planteada.

Se observa, no obstante, el excesivo plazo de tramitación del procedimiento, que excede en mucho el plazo de seis meses establecido en la ley. Ahora bien, como hemos mantenido en anteriores dictámenes, el transcurso del plazo de resolución y notificación no exime a la Administración de su obligación de resolver expresamente y sin vinculación alguna con el sentido del silencio desestimatorio producido [artículos 24.1 y 24.3 b) de la LPAC], ni en consecuencia a esta Comisión Jurídica Asesora de dictaminar la consulta.

TERCERA.- La responsabilidad patrimonial de la Administración se rige por el artículo 106.2 de la Constitución Española a cuyo tenor: “Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”. El desarrollo legal de este precepto se encuentra contenido actualmente en la LRJSP, completado con lo dispuesto en materia de procedimiento en la ya citada LPAC.

La viabilidad de la acción de responsabilidad patrimonial de la Administración, según doctrina jurisprudencial reiterada, por todas, las Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 11 de julio de 2016 (recurso de casación 1111/2015) y 25 de mayo de 2016 (recurso de casación 2396/2014), requiere:

a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas.

b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal -es indiferente la calificación- de los servicios públicos en una relación directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal. Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2007 (Recurso 10231/2003), con cita de otras muchas declara que “es doctrina jurisprudencial consolidada la que sostiene la exoneración de responsabilidad para la Administración, a pesar del carácter objetivo de la misma, cuando es la conducta del propio perjudicado, o la de un tercero, la única determinante del daño producido aunque hubiese sido incorrecto el funcionamiento del servicio público (Sentencias, entre otras, de 21 de marzo, 23 de mayo, 10 de octubre y 25 de noviembre de 1995, 25 de noviembre y 2 de diciembre de 1996, 16 de noviembre de 1998, 20 de febrero, 13 de marzo y 29 de marzo de 1999)”.

c) Que exista una relación de causa a efecto entre el funcionamiento del servicio y la lesión, sin que ésta sea producida por fuerza mayor.

d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño cabalmente causado por su propia conducta. Así, según la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio de 2009 (recurso de casación 1515/2005 y las sentencias allí recogidas) “no todo daño causado por la Administración ha de ser reparado, sino que tendrá la consideración de auténtica lesión resarcible, exclusivamente, aquella que reúna la calificación de antijurídica, en el sentido de que el particular no tenga el deber jurídico de soportar los daños derivados de la actuación administrativa”.

CUARTA.- Del breve resumen de los presupuestos de la responsabilidad patrimonial incluidos en la consideración jurídica precedente, se deduce que no cabe plantearse una posible responsabilidad de la Administración sin la existencia de un daño real y efectivo a quien solicita ser indemnizado.

En este sentido recuerda la Sentencia de 13 de febrero de 2018 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (recurso 597/2017), con cita de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que “la existencia de un daño real y efectivo, no traducible en meras especulaciones o expectativas” constituye el núcleo esencial de la responsabilidad patrimonial traducible en una indemnización económica individualizada, de tal manera que resulte lesionado el ámbito patrimonial del interesado “que es quien a su vez ha de soportar la carga de la prueba de la realidad del daño efectivamente causado”.

Del expediente administrativo resulta acreditado que la reclamante, el día del accidente fue diagnosticada de fractura luxación de tobillo derecho que requirió tratamiento quirúrgico y rehabilitador.

Probada la realidad del daño, procede analizar si concurren los demás presupuestos de la responsabilidad patrimonial.

Esta Comisión viene destacando que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la carga de la prueba de los requisitos determinantes de la responsabilidad patrimonial de la Administración corresponde a quien la reclama. Es decir, ha de probar el nexo causal o relación causa-efecto entre el resultado dañoso y el funcionamiento del servicio público, lo que supone que le corresponde probar la existencia del accidente y que los daños sufridos derivan del mal estado de conservación de la portería.

En el presente caso, la reclamante invoca como causa del accidente el mal estado de conservación y mantenimiento del campo de futbol, concretamente, la existencia de un agujero en el césped del campo de futbol donde se disputaba el partido.

  Para acreditar la relación de causalidad, ha aportado al procedimiento, el parte de asistencia de Cruz Roja Española, diversa documentación médica, un parte de confirmación de incapacidad temporal, diversas fotografías del campo de futbol, un informe pericial de valoración del daño corporal y ha propuesto la declaración de testigos que presenciaron los hechos.

En este caso del conjunto de la pruebas e informes obrantes en el expediente, y en especial, de la prueba testifical practicada puede tenerse por acreditados los hechos que sustentan la reclamación pues si bien es cierto que los informes médicos, no acreditan que la caída se produjera en el lugar invocado por la reclamante, ni que fuera propiciada por las circunstancias que aduce, sino solamente que la interesada padeció unos daños físicos, de la prueba testifical practicada, se puede inferir sin género de duda, que la reclamante durante la celebración de un partido de futbol, sufrió un accidente en la línea del área pequeña por la existencia de una grieta/agujero.

Una vez establecida la relación de causalidad, ha de determinarse si el daño tiene la condición de antijurídico en cuanto a que la reclamante no tenga el deber jurídico de soportarlo.

La premisa establecida por la jurisprudencia del Tribunal Supremo consiste en que la imputabilidad de responsabilidad patrimonial a la Administración tiene como título, en estos casos, el deber de mantenimiento y conservación de las instalaciones deportivas en adecuado fin al que sirven. Tal y como señala la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 17 de enero de 2023 (recurso 285/2022) “la eficacia exigible de los servicios públicos ha de ser la estándar en función de los valores aceptados al momento actual, y de lo que a tenor de los mismos puede resultar racionalmente exigible a la Administración en el funcionamiento de sus servicios públicos conforme a las exigencias de un Estado Social y Democrático de Derecho”.

En el caso que nos ocupa, el accidente se produce en un agujero existente en el área pequeña de un campo de futbol de césped artificial de unas instalaciones deportivas municipales, que a la vista de la fotografía obrante en el expediente y de las declaraciones testificales, rebasa los estándares de seguridad exigibles por la ausencia de mantenimiento y conservación de las instalaciones municipales en una zona del campo que sufre un continuo desgaste por la celebración de partidos y entrenamientos.

En este punto, cabe afirmar que es al Ayuntamiento de Coslada a quien le corresponde la inspección y vigilancia del estado de los servicios e instalaciones deportivas, siendo responsable de que los mismos se encuentren en las debidas condiciones de seguridad, tal y como establece el artículo 25. 2. l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.

Aun cuando pudiera reprocharse a la Federación que no ha acreditado las inspecciones realizadas al campo de futbol, y al árbitro, la suspensión del encuentro, ello no exime la responsabilidad de la Administración como titular de las instalaciones, estando obligada a mantenerlas en un estado de seguridad suficiente para garantizar el desarrollo de los eventos a los que están destinadas evitando riesgos como el que nos ocupa que se concretó en un daño real y efectivo.

En este caso, la Administración lejos de haber desplegado actividad probatoria alguna tendente a demostrar la ruptura del nexo causal por la actividad de un tercero, la actuación del propio perjudicado o la concurrencia de fuerza mayor, que son los supuestos que excluyen o, en su caso, modulan la responsabilidad patrimonial de la Administración, reconoce en el informe del Director Técnico Deportivo del Ayuntamiento de Coslada que “este tipo de superficies sufre un desgaste más acusado en ciertos lugares mucho antes del tiempo útil de durabilidad de la misma, por ejemplo en los puntos de penalti, en las juntas de las líneas de las zonas medias y en ciertos lugares donde el uso es más intensivo”.

Tampoco ha concretado la Administración las medidas desplegadas para asegurar que el campo de futbol se encontraba en condiciones de seguridad para la práctica deportiva limitándose a informar que “como cualquiera otra de las instalaciones municipales estos campos de futbol El Puerto se someten a mantenimientos programados y arreglos imprevistos sujetos al devenir de los días. El césped artificial de los campos de El Puerto se somete a riegos puntuales cuando son necesarios”.

No obstante, aun reconociendo la responsabilidad de la Administración en atención a la peligrosidad del desperfecto anteriormente mencionado, apreciamos un factor de moderación como es el conocimiento que tenía la reclamante del estado de conservación y mantenimiento del campo de futbol en el que también entrenaba según manifiesta la propia reclamante en el escrito de reclamación, al asumir los riesgos mediante su participación en el partido que se estaba disputando lo que permite moderar la responsabilidad patrimonial y establecer una concurrencia de culpas en un 70% atribuible a la entidad de desperfecto y en un 30% a la actitud de la reclamante de asunción del riesgo.

QUINTA.- Acreditada la realidad del daño y su relación de causalidad con los servicios públicos, procede pronunciarse sobre la concreta valoración de los daños solicitados.

Respecto a los daños físicos sufridos por la reclamante, obra en el procedimiento un informe pericial emitido por un especialista en valoración del daño corporal que fija el daño en 32.232,21 euros, que, por un lado, no se corresponde con las lesiones recogidas en los informes médicos aportados, y, por otro lado, en su elaboración se ha aplicado el baremo correspondiente al año 2022, cuando el accidente tuvo lugar en 2021.

El informe pericial, aplicando el baremo de 2022, valora el daño en 32.232,21 euros en base a 319 días de incapacidad temporal: 6 días de perjuicio personal particular grave, 168 días de perjuicio personal particular moderado y 145 días de perjuicio personal particular básico, 7 puntos de secuelas funcionales, 4 puntos de perjuicio estético, tres intervenciones quirúrgicas y por perjuicio moral, por perdida de calidad de vida.

Sin embargo, conforme a la documentación medica aportada por la reclamante (folios 18 a 56) son dos y no tres las intervenciones quirúrgicas. Una de ellas, realizada el 1 de marzo de 2021 para reducción abierta y fijación interna de fractura suprasindesmal de tobillo derecho con placa de 1/3 de caña y tornillos y la segunda intervención realizada el 15 de abril de 2021para la retirada de tornillo transindesmal de 3,5 mm y cierre de la herida.

Respecto a los días de incapacidad temporal únicamente se ha aportado un parte médico de confirmación de incapacidad temporal según el cual la reclamante permaneció de baja desde el 1 de marzo de 2021 hasta el 18 de junio de 2021 (folio 16). Se trata por tanto de 110 días de los cuales 4 días se consideran de perjuicio personal particular grave, graves, 70 días de perjuicio moderado y 36 días de perjuicio básico.

En cuanto a las secuelas, el perito de parte estima que a la reclamante le corresponde una valoración de 7 puntos por secuelas funcionales y 4 puntos por perjuicio estético, sin embargo, su valoración resulta excesiva si se tiene en cuenta que en la documentación médica aportada no se relacionan las secuelas funcionales. Únicamente en el folio 54 consta que en la consulta de Traumatología del día 24 de marzo de 2021 el facultativo advierte a la paciente de posibles secuelas por el tipo de fractura, por lo que asignaremos 4 puntos por secuelas funcionales y 1 punto de perjuicio estético.

Finalmente, en cuanto a la cantidad por gastos que reclama, 1.000,77 euros, la reclamante se ha limitado a relacionar el importe y concepto (parquímetro, gasolina, taxi, parking, bota Walker, media compresora, apósitos, informe médico forense) sin soporte documental alguno.

Así pues, la cantidad indemnizatoria que corresponde, aplicando el baremo de 2021, asciende a 12.147,68 euros. A dicha cuantía se ha de restar el 30% correspondiente al factor de moderación de la asunción del riesgo de la reclamante.

Resulta de ello el derecho a ser indemnizada en la cantidad de 8.503,38 €, que deberá actualizarse en la fecha que se ponga fin al procedimiento, conforme a lo establecido en el artículo 34.3 de la LRJSP.

En mérito a cuanto antecede, la Comisión Jurídica Asesora formula la siguiente

 

CONCLUSIÓN

 

Procede estimar parcialmente la presente reclamación de responsabilidad patrimonial y reconocer a la interesada una indemnización de 8.503,38 euros, cantidad que deberá ser actualizada conforme a lo establecido en el artículo 34.3 de la LRJSP

A la vista de todo lo expuesto, el órgano consultante resolverá según su recto saber y entender, dando cuenta de lo actuado, en el plazo de quince días, a esta Comisión Jurídica Asesora de conformidad con lo establecido en el artículo 22.5 del ROFCJA.

 

Madrid, a 21 de marzo de 2024

 

La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora

 

 

CJACM. Dictamen n.º 145/24

 

Sr. Alcalde de Coslada

Avda. de la Constitución, 47 – 28821 Coslada