Preguntas frecuentes de consumo

Sí, usted dispondrá de un plazo de diez años desde la compra de una vivienda nueva para reclamar por deficiencias que se presenten en la estructura. Entre dichas deficiencias, se contemplan los vicios o defectos constructivos que afecten a los elementos estructurales del edificio, tales como los de cimentación, soportes, vigas, forjados o muros de carga.

Sí. Pero usted debe tener en cuenta que el futuro comprador de una vivienda deberá respetar el contrato de alquiler.

En caso de venta, el inquilino tiene derecho de adquisición preferente. Dispone de un plazo de 30 días para aceptar la oferta de compra que le haga el propietario. Si no se le ha hecho esa oferta o se vende el piso a otra persona a un precio inferior al notificado, sepa que el inquilino puede impugnar la venta y adquirirlo en las condiciones en las que se ha vendido; es el llamado derecho de retracto.

El comprador que adquiera la propiedad, tendrá que subrogar al contrato de alquiler y, en todo caso, introducir un anexo en el contrato con los datos del nuevo propietario.

Sí siempre que realice dos contratos independientes, la agencia inmobiliaria podrá cobrar comisión, tanto al propietario de la casa como al comprador o arrendatario, pues ambos reciben los servicios de la inmobiliaria.

Las agencias inmobiliarias realizan un contrato denominado de mediación o corretaje, por el que alcanzan un acuerdo con el propietario de una vivienda para ofrecer su vivienda para la venta o alquiler.

Estos contratos no tienen una regulación propia, por lo que se rigen por el principio de autonomía de la voluntad de las partes recogido por el artículo 1255 del Código Civil.

Ya que este contrato con la inmobiliaria, se celebra a iniciativa del propietario de la vivienda, la comisión que cobre la inmobiliaria lo pagará el propietario, sin que pueda repercutirlo, ni una parte ni la totalidad, sobre el futuro comprador o arrendatario de la vivienda, que no es parte del contrato celebrado entre los dos primeros.

Incluir una cláusula que contemple lo contrario sería una vulneración del artículo 1257 del Código Civil, que establece que los contratos sólo pueden tener efecto entre las partes contratantes.

Sin embargo, el comprador o arrendatario firmará otro contrato con la agencia inmobiliaria, para que gestione la intermediación del alquiler o compra. Este contrato es independiente del anterior y por tanto la agencia inmobiliaria podrá cobrar también una comisión al comprador o arrendatario en concepto de búsqueda y gestiones realizadas para obtener una vivienda.

Para entender que un consumidor se encuentra en situación de vulnerabilidad económica a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19 se requiere que se cumplan conjuntamente los siguientes requisitos:

• Que la persona que esté obligada a pagar la renta de alquiler pase a estar en situación de desempleo, Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), o haya reducido su jornada por motivo de cuidados, en caso de ser empresario, u otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos, no alcanzando por ello el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (IPREM). Este indicador se incrementará en el caso de hijos a cargo, familias monoparentales, mayores de 65 años a cargo de la unidad familiar o situación de discapacidad superior al 33%.
• Que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. A estos efectos, se entiende por «gastos y suministros básicos» el importe del coste de los suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, de los servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de propietarios, todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario.

En el Real Decreto 11/2020 se han adoptado una serie de acuerdos a este respecto siempre que:

• Se trate de su vivienda habitual,
• Que usted se encuentre en situación de vulnerabilidad económica a causa de la COVID-19

Además, habrá que diferenciar si la parte arrendadora es una gran empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, entendiendo por tal la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos, (excluyendo garajes y trasteros) en cuyo caso,

• Lo debe solicitar desde el 2 de abril de 2020 hasta el próximo 31 de enero de 2021 (no será necesario realizar esta petición si el aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma se hubiera conseguido ya con carácter voluntario por acuerdo entre ambas partes).
• La persona arrendadora deberá comunicarle en el plazo de 7 días laborables, si opta por:
  
   
  • Una reducción del 50% de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el Estado de Alarma decretado por el Gobierno y las mensualidades siguientes si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad provocada a causa de la COVID-19, con un máximo en todo caso de cuatro meses.
  • Una moratoria en el pago de la renta arrendaticia que se aplicará de manera automática y que afectará al periodo de tiempo que dure el Estado de Alarma decretado por el Gobierno y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad provocada a causa de la COVID-19, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses.

En los contratos de arrendamiento de vivienda habitual sujetos a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (compruébelo en su contrato), en los que, dentro del periodo comprendido entre el 2 de abril y el 31 de enero de 2021, finalice el periodo de prórroga obligatoria previsto o el periodo de prórroga tácita, podrá aplicarse, previa solicitud del arrendatario, una prórroga extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento por un periodo máximo de seis meses, durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor. Esta solicitud de prórroga extraordinaria deberá ser aceptada por el arrendador, salvo que se fijen otros términos o condiciones por acuerdo entre las partes.

SÍ, conforme las medidas adoptadas, se prevé la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Es decir, a la persona arrendataria que acredite ante el Juzgado encontrarse en una situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia de los efectos de la expansión de la COVID-19, que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviva, podrá concedérsele una suspensión extraordinaria del acto de lanzamiento, por un periodo máximo hasta el 31 de enero de 2021. Para que opere esta suspensión, la persona arrendataria deberá acreditar que se encuentra en alguna de las situaciones de vulnerabilidad económica que se definen en Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la COVID-19.

Puede consultar más información sobre alquiler en el siguiente reportaje.