La Comunidad de Madrid aprueba las inversiones para la asistencia a los refugiados ucranianos en la región

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El Consejo de Gobierno ha autorizado, en su reunión de hoy, destinar más de 600.000 euros para la ayuda a los refugiados ucranianos que atiende la Comunidad de Madrid a través del Protocolo de Actuación Inmediata del Hospital público Enfermera Isabel Zendal.

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/img/colectivos/refugiados_ucrania_zendal.jpeg16001200 Dispositivo del Hospital Zendal para la recepción de personas de Ucrania
06 abril 2022

El Ejecutivo autonómico garantiza mediante mediante dos contratos de emergencia de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, la asistencia de las prestaciones y servicios a los desplazados por la inversión de Rusia y el envío de material a Ucrania en un operativo solidario gracias a las aportaciones de miles de madrileños.

El primero de los contratos, con una dotación de 159.720 euros, corresponde al servicio de transporte necesario para hacer llegar a países fronterizos con Ucrania (Polonia y Rumanía) todo el material donado, y que desde el pasado 7 de marzo ha ido llegando de forma centralizada al nuevo centro sanitario público ubicado en Valdebebas.

Estos envíos solidarios, procedentes de 520 entidades públicas y privadas, incluyen alimentos no perecederos e infantiles, productos de higiene personal, lencería y ropa, medicamentos y otros artículos farmacéuticos y sanitarios. Hasta este momento ya se han cursado más de 561.000 kilos de cargamentos y han partido un total de 87 expediciones sufragadas por el Ejecutivo regional.

El segundo cuenta con un presupuesto de 445.348 euros y cubre dos tipos de prestaciones. Por una parte, la asistencia presencial activada desde el mes pasado en el Hospital público Enfermera Isabel Zendal y donde hasta la fecha han sido atendidos 4.191 refugiados, y por otra la cobertura del servicio telefónico gratuito 900 822 833, que desde el 18 de marzo ha dado respuesta a 2.989 ciudadanos, exclusivamente en ucraniano, sobre el acceso a los recursos públicos sanitarios, educativos, sociales y de movilidad regionales a los que tienen derecho.