Mostramos nuestro total compromiso con los menores víctimas de delitos sexuales

López ha sido el encargado de inaugurar hoy la jornada ‘Cómo mejorar la atención de los niños y niñas víctimas de abuso sexual a través del modelo Barnahus’ que organiza la ONG Save the Children, un evento que se ha celebrado en formato online y en el que han participado personalidades del mundo académico, así como de la Judicatura y la Fiscalía.

En este sentido, el titular de Justicia se ha referido a los “muy ambiciosos” planes de modernización que ha puesto en marcha el Ejecutivo madrileño “que tienen en la humanización, el respeto a la víctima y el trato adecuado a los menores uno de sus ejes de actuación”. Así, López ha destacado el diseño de entradas y recorridos diferenciados para víctimas y presuntos agresores en las sedes judiciales, así como circulaciones restringidas, evitando en todo momento el encuentro visual entre ellos.

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas también ha destacado la implantación de cámaras Gesell, presentes ya en una decena de juzgados de la región y que se incorporarán a futuras nuevas sedes judiciales. Son, tal y como ha explicado, “espacios en los que se puede tomar declaración al menor en un entorno positivo, quedando su testimonio como prueba preconstituida, y evitando que la víctima tenga que volver a repetirla durante la vista oral, porque somos conscientes de lo traumática que es esa situación para el menor”. 

López no ha olvidado la labor de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas de Delitos, “una red asistencial integral, coordinada y especializada para las víctimas de delitos, que da respuesta a todas las necesidades que pueden surgir en los ámbitos jurídico, psicológico y social”.

“Modernizar la justicia es sinónimo de hacerla más humana, más cercana y más empática para las víctimas. Sin embargo, sabemos perfectamente que queda mucho por hacer y que hay muchos aspectos que debemos mejorar”, ha manifestado el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, que considera que nuestra obligación, como gestores y como responsables públicos, es agotar las fórmulas que permitan, en un marco de garantías jurídicas, no dañar, no perjudicar, no traumatizar ni un ápice más al menor que ya ha sido victimizado”.