Personas con discapacidad intelectual harán prácticas en dependencias de la Comunidad
Personas con discapacidad intelectual podrán realizar prácticas formativas en dependencias de la Comunidad de Madrid gracias al convenio suscrito hoy con Envera-Asociación de Empleados de Iberia padres de personas con discapacidad, con el fin de promover su inserción sociolaboral. El convenio tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018, con posibilidad de prorrogarlo hasta cuatro años más.
Asimismo, los participantes no podrán asumir responsabilidades profesionales ni ocupar puestos de trabajo en la Comunidad de Madrid. En un primer momento, podrán realizar estas prácticas trece personas (seis en la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno y siete en la Consejería de Política Sociales y Familia).
Tras la firma del convenio, suscrito hoy por los consejeros de Presidencia, Justicia y Portavoz, Ángel Garrido, y de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, Garrido ha subrayado “el valor de iniciativas conjuntas como esta para seguir promoviendo la autonomía y el desarrollo integral de las personas con discapacidad y garantizar su integración plena y efectiva en la sociedad”.
Por su parte, Carlos Izquierdo ha incidido en la importancia de la coordinación entre las administraciones y la iniciativa social o privada, con el fin de colaborar en actuaciones cuyo objetivo es lograr el mayor bienestar social y desarrollo integral de las personas más vulnerables.
Estrategia para personas con discapacidad
La Comunidad de Madrid cuenta con la mayor tasa de actividad de personas con discapacidad de toda España, con un 42,8 %, nueve puntos por encima de la media nacional, según el último estudio de Empleo de las Personas con Discapacidad publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Además, el Gobierno regional está trabajando en la Estrategia para la Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid 2017-2021. Para su elaboración se cuenta con la participación y aportaciones de las distintas administraciones públicas, entidades y asociaciones representativas del tercer sector de la discapacidad, agentes sociales y personas con discapacidad y sus familias.




