Hemos realizado 237 acompañamientos a víctimas de violencia de género
DURANTE PROCESOS JUDICIALES EN 2016
Hemos realizado el año pasado 237 acompañamientos psicosociales a 174 víctimas de violencia de género durante el proceso judicial, un recurso del Gobierno regional que pretende prestar el máximo apoyo a estas mujeres. En lo que va de año este programa ha atendido ya 112 mujeres en 155 acompañamientos psicosociales. Para ello contamos con un equipo de educadoras que presta sus servicios en todos los juzgados de la región.
El motivo de realizar un proyecto de estas características es la necesidad de dar apoyo emocional a estas mujeres con equipos profesionales, ante la angustia y ansiedad que les produce enfrentarse al proceso judicial. Por ello, a través de este programa se dispensa asistencia durante todo el proceso judicial, favoreciendo la expresión de las mujeres. El Gobierno regional está totalmente comprometido con el apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género, por lo que en 2015 se puso en marcha la Estrategia Madrileña contra la Violencia de Género, que cuenta con un presupuesto de 272 millones y 160 medidas que pretenden luchar activamente contra este gravísimo problema.
Red de atención a mujeres víctimas de violencia de género
En la Comunidad de Madrid contamos con una amplia Red de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, que el pasado año atendió a más de 14.000 mujeres y familiares dependientes de ellas. Dicha red, que garantiza una atención integral, multidisciplinar y de protección a las víctimas de violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones, dispone de 23 centros residenciales y 5 centros no residenciales, en los que reciben programas individualizados de atención, de acuerdo con las características específicas de cada mujer y su unidad familiar.
Asimismo, la Comunidad de Madrid cuenta con 52 Puntos Municipales del Observatorio Regional contra la Violencia de Género, que en la práctica suponen una “puerta de entrada” al resto de recursos de la red, con prestación directa de servicios de atención social, asistencia psicológica y asesoría jurídica por parte de profesionales especializados, sin necesidad de que las mujeres dispongan de orden de protección ni hayan presentado aún denuncia.