La Comunidad de Madrid ha organizado el seminario Aspectos jurídicos de las situaciones de soledad de las personas mayores y sus derechos
La Red de Atención a Mayores en Soledad de la Comunidad de Madrid ha organizado el seminario Aspectos jurídicos de las situaciones de soledad de las personas mayores y sus derechos, que ha sido inaugurado por el Director General de Atención al Mayor y a la Dependencia, Óscar Álvarez López, y ha reunido a más de 60 asistentes vía online.
El seminario ha contado con la intervención de Carmen Callejo, miembro del Comité Técnico-Científico de la Red y profesora titular de Derecho Civil en la Universidad Complutense. En su ponencia La soledad no deseada y su relevancia jurídica, ha abordado la importancia de la articulación de un sistema de apoyo jurídico a las personas mayores, desgranando cómo debe de ser el nuevo sistema basado en el reconocimiento de la capacidad jurídica de la persona con discapacidad y la provisión de apoyos para ese ejercicio.
Tras la ponencia de Carmen Callejo, ha tenido lugar una mesa redonda sobre las diferentes figuras legales de representación legal y el papel de los profesionales sociosanitarios como garantes de los derechos de las personas mayores. En esta mesa han participado Lydia Ramos (Subdirectora de Gestión Jurídica y Social de AMAPAD); Trinidad Bernal (Presidenta de Fundación ATYME); Paloma Chaminade (Coordinadora Programa apoyo a personas adultas con discapacidad de Fundación Aldaba) y Carla Bonell, Coordinadora del Servicio Estatal de Atención a Personas Mayores (SEAM) y Responsable de derechos humanos de HelpAge.
En su intervención, Óscar Álvarez ha incidido en la consideración de la soledad no deseada como un problema multifactorial que trasciende lo individual, remarcando la importancia de la corresponsabilidad y de las redes de convivencia en la detección y promoción de los derechos de las personas.
La soledad no deseada puede dificultar la participación de las personas mayores y el acceso a apoyos para llevar a cabo sus proyectos. De ahí, la importancia de considerar la dimensión jurídica de la persona como mecanismo que contribuya a la garantía de estos derechos de provisión de apoyos.