Testigos

La vigente Ley de Enjuiciamiento Civil establece que todos los que residan en territorio español, nacionales o extranjeros, que no estén impedidos, tendrán obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar cuanto supieren sobre lo que les fuere preguntado si para ello se les cita con las formalidades prescritas en la ley.

El que sin estar impedido no concurriere al primer llamamiento judicial, incurrirá en la multa de 200,00 € a 5.000,00 €. Si persiste en no concurrir será perseguido por el delito de obstrucción a la justicia y desobediencia grave a la autoridad.

No. Excepción: Las personas de la Familia Real que no sean el Rey, la Reina, sus respectivos consortes, el Príncipe Heredero y los Regentes del Reino, El Presidente y los demás miembros del Gobierno, los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado, el Presidente del Tribunal Constitucional, el Presidente del Consejo General del Poder Judicial, el Fiscal General del Estados y los Presidentes de las Comunidades Autónomas.

 Sí, si se les cita con las formalidades prescritas en la Ley.

Se exceptúa: el Rey, la Reina, sus respectivos consortes, el Príncipe Heredero y los Regentes del Reino, Los Agentes Diplomáticos acreditados en España y el personal administrativo, técnico o de servicio de las misiones diplomáticas, así como sus familiares, si concurren en ellos los requisitos exigidos en los tratados. 



También están dispensados de la obligación de declarar: los parientes del procesado en línea directa ascendentes y descendente, su cónyuge, sus hermanos consanguíneos o uterinos y los laterales consanguíneos hasta el segundo grado civil, los hijos naturales respecto de la madre en todo caso, y respecto del padre cuando estuvieren reconocidos, así como la madre y el padre en iguales casos.

En el artículo 24 de la Constitución se dice que todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.



La Ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

Si no hay exención a declarar, incurrirá en la multa de 200,00 € a 5.000,00 €, y si persistiere en su resistencia será perseguido por el delito de desobediencia grave a la autoridad.

Sí, pero teniendo en cuenta que la declaración de los testigos menores de edad se llevará a cabo evitando la confrontación de los mismos con el inculpado, utilizando para ello cualquier medio técnico que haga posible la práctica de esta prueba.

El juez instructor, antes de recibir al testigo púber el juramento y de interrogar al impúber, les instruirá de la obligación que tienen de ser veraces, y en su caso de las penas con que el código penal castiga el delito de falso testimonio en causa criminal.

Poner a una o varias personas en presencia de otra u otras, con objeto de apurar la verdad de dichos o hechos.

Sí. Los testigos que comparezcan a declarar ante el tribunal tendrán derecho a una indemnización, si la reclamaren. El tribunal la fijará, teniendo en cuenta únicamente los gastos del viaje y el importe de los salarios perdidos por el testigo con motivo de su comparecencia para declarar

La Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre de Protección a testigos y peritos en causas criminales confiere al juez o tribunal la apreciación racional del grado de riesgo o peligro y la aplicación de todas o alguna de las medidas legales de protección que considere necesarias, previa ponderación, a la luz del proceso, de los distintos bienes jurídicos constitucionalmente protegidos; medidas que, en el marco del derecho de defensa, serán susceptibles de recurso en ambos efectos.



Una de las medidas que puede adoptar el juez o tribunal según el artículo 2 b) de dicha Ley Orgánica es que los testigos comparezcan para la práctica de cualquier diligencia utilizando cualquier procedimiento que imposibilite su identificación visual normal, tales como la mampara o biombo.

De conformidad con la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales, los testigos que intervengan en procesos penales y colaboren con la justicia serán protegidos en la forma y medida que sea necesaria para su salvaguarda.