El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado esta semana una inversión de 6,6 millones de euros del contrato para la gestión de cuatro centros de acogimiento residencial especializado para menores con discapacidad intelectual, moderada o severa, y con necesidades de cuidados sociosanitarios. Este acuerdo tendrá una vigencia entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2026.
La Comunidad de Madrid invertirá 4,5 millones de euros para la ejecución de medidas judiciales en medio abierto que cumplen los menores infractores. El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles una prórroga de dos años del contrato para la gestión integral de tres Centros de Día, y dos programas orientados a la atención de estos jóvenes que cumplen medidas no privativas de libertad, y que incluyen tratamiento ambulatorio y tareas socioeducativas, así como actividades de reparación extrajudiciales.
La Comunidad de Madrid va a activar una nueva línea de ayudas de 7 millones de euros para personas que no puedan acceder a alimentación básica a través del sistema de tarjetas monedero diseñado por el Gobierno de España. El Ejecutivo autonómico publicará a finales de este mes la convocatoria de la primera línea de estas prestaciones, de 3,5 millones, a las que se podrán presentar las entidades sociales dedicadas al reparto de comida, con cargo al 0,7% del IRPF e Impuesto de Sociedades. La restante cantidad se destinará después del verano, debido al retraso en la aprobación del crédito a la Administración regional.
La Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Atención al Mayor y la Dependencia, y en colaboración con las universidades públicas madrileñas de Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos, abre el plazo de preinscripción para las actividades organizadas para el segundo semestre del Programa Interuniversitario para mayores. Las personas interesadas pueden realizar la preinscripción desde el lunes 22 de julio hasta el 15 de septiembre de 2024.
La Comunidad de Madrid triplica su inversión para los servicios sociales de atención primaria que presta conjuntamente con el Ayuntamiento de Madrid. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy 4,8 millones de euros adicionales pasando de 2,2 millones del año pasado a los 7 millones que aporta en 2024 para este convenio.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha conocido hoy la inversión de 6,2 millones de euros para la adjudicación del contrato que refuerza la seguridad alimentaria y calidad nutricional en las casi 500 residencias de mayores de la región. La iniciativa comienza este verano e incluye a las de gestión privada con un plan que permitirá la realización de 1.000 auditorías específicas al año.
La Comunidad de Madrid, en su política de atención a las personas mayores de la región, ha visitado la residencia y el centro de día municipal de Griñón, que cuenta con 44 plazas de atención residencial y 30 atención diurna, financiadas por la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia, dependiente de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado recientemente una inversión de 721.435 euros del contrato para la apertura de un nuevo centro de acogida temporal para mujeres con discapacidad intelectual víctimas de violencia. Este recurso público abrirá este año dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años, con o sin hijos, menores de edad, que hayan sufrido agresión por parte de su pareja o expareja.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado, en su reunión de este miércoles, el mantenimiento de los servicios que prestan dos recursos sociales a personas con discapacidad intelectual con una inversión de 2,7 millones de euros para 83 plazas.
La Comunidad de Madrid comienza este mes a instalar los 400.000 equipos de teleasistencia avanzada para dependientes tras una inversión de 82,4 millones de euros. Este recurso beneficia a personas mayores o con discapacidad en situación de dependencia que viven en su domicilio, pero que requieren de una supervisión en remoto permanente para prevenir incidentes domésticos, además de actuaciones profesionales en cuestiones sanitarias, sociales y otras actividades cotidianas.