Con el objetivo de facilitar a los ciudadanos la legalización de aquellos documentos emitidos por la Administración regional que deban surtir efectos en el extranjero, la Comunidad de Madrid ha actualizado la normativa reguladora de este procedimiento. La principal novedad de esta actualización es el reconocimiento de la firma electrónica en cualquier tipo de documento que sea susceptible de ser legalizado, de modo que tenga la misma validez que si se tratase de un documento firmado manualmente.
La Comunidad de Madrid va a diseñar y aplicar un plan de actuaciones para impulsar el acceso y la mejora de la atención a las personas con discapacidad intelectual, colectivo especialmente vulnerable en situaciones de emergencias. “El objetivo es que, desde el momento en el que una persona con discapacidad intelectual realiza una llamada al 112, la atención de los profesionales de los servicios de emergencia sea accesible, eficaz e inclusiva”, ha explicado el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, Pedro Rollán.
El Plan de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid (PIR) destina casi 60 millones de euros a financiar obras y gasto corriente en municipios del sureste de la región. El vicepresidente, consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de la Comunidad, Pedro Rollán, ha visitado Valverde de Alcalá (427 habitantes) y Villar del Olmo (1.997 habitantes), para conocer el resultado de las inversiones realizadas por la Comunidad y los nuevos proyectos programados.
La Comunidad de Madrid está trabajando en el impulso de un convenio de colaboración con el Ministerio de Justicia para la creación de una comisión mixta con los letrados de la Administración de Justicia (antiguos secretarios judiciales).
La Comunidad de Madrid se sitúa a la cabeza de las regiones españolas con un menor consumo de agua embotellada sin gas por habitante y año, según la base de datos del Consumo de Hogares del Ministerio para la Transición Ecológica. Mientras la media española se sitúa en un consumo de 59,4 litros por habitante y año, los madrileños tan solo consumen 16,7 litros al año, lo que demuestra que confían en la excelente calidad de su agua del grifo, suministrada por Canal de Isabel II.
La Comunidad de Madrid va a primar la cualificación y la experiencia en la nueva bolsa de interinos para la Administración de Justicia que ha aprobado el Consejo. Se trata de la primera convocatoria que se hace desde la bolsa de 2009, a la que se presentaron más de 25.000 solicitudes de aspirantes.
La Comunidad de Madrid ha aprobado un gasto de 16,4 millones de euros destinado a licitar un nuevo contrato de limpieza de las sedes judiciales durante los próximos tres años, lo que supone un incremento del 27 % respecto al anterior, para la totalidad de las sedes judiciales, con una superficie total de 335.216 m², a cuya limpieza se van a dedicar 270.000 horas, un aumento de 84.000 horas en los próximos tres ejercicios.
La Comunidad de Madrid ha convocado la concesión de una serie de ayudas destinadas a aquellos centros universitarios de la región que dispongan de Centros de Documentación Europea. El objetivo es que las universidades madrileñas contribuyan a difundir el proyecto europeo y actúen como elementos de dinamización y de divulgación de las políticas llevadas a cabo por la Unión Europea.
Las reservas de agua almacenadas en los embalses gestionados por Canal de Isabel II cerraron el mes de agosto en el 82 % de su capacidad total, un dato que supera en más de 15 puntos la media registrada para estas fechas durante los últimos 20 años y en 16 al volumen embalsado en las mismas fechas del año pasado, cuando los embalses estaban alrededor del 66 % de su capacidad máxima. Este es el dato más alto de los registrados durante los últimos 25 años.
La Comunidad de Madrid destinará este año un total de 300.000 euros para ayudar a entidades sin ánimo lucro cuyo objeto de actuación sea la atención a las víctimas del terrorismo. Este paquete de ayudas, que han sido aprobadas esta semana, se enmarca en el firme compromiso del Gobierno regional con este colectivo y se suma a otras iniciativas como la de impulsar una Ley regional para apoyar a las víctimas del terrorismo o la inclusión de su historia en los currículos escolares.