La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado hoy que su Gobierno está volcado en la tarea de ofrecer “unos servicios públicos de calidad que faciliten la integración de las personas que más dificultades tienen”. Lo ha hecho durante su intervención en el acto de entrega de la quinta edición de las Ayudas a la Acción Social y los IV Premios al Voluntariado Universitario de la Fundación Mutua Madrileña.
El Gobierno regional, a través de la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos (AMTA), firma un convenio con la Fiscalía Superior de Madrid, por el que los fiscales, con competencias en materia de incapacidad, podrán tener acceso a los informes patrimoniales y a todo el historial económico de los tutelados. Ese acuerdo va a permitir que la fiscalía pueda ejercer la labor de control de la tutela, evitando requerimientos judiciales de solicitud de información.
La viceconsejera de Políticas Sociales y Familia, Belén Prado, ha inaugurado la II edición de 'Los Desayunos de la Agencia', organizados por la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos (AMTA), y ha recordado el compromiso de la Comunidad con la protección del tránsito a la vida adulta de los menores con enfermedad mental o discapacidad, para que puedan afrontar mejor el futuro pese a las dificultades de una enfermedad o una discapacidad.
La Comunidad invertirá 9,2 millones para ofrecer 218 plazas de atención en residencia y centro de día a personas con esclerosis múltiple y personas con discapacidad intelectual grave, tal y como ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno. El objetivo del Gobierno regional es atender al mayor número posible de personas con discapacidad de la región, para lo que la Comunidad cuenta con más de 23.000 plazas de atención social, totalmente gratuitas.
El Consejo de Gobierno ha autorizado una aportación de 3.074.898 € en 2017 al fondo patrimonial de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos (AMTA), para la protección de las personas incapacitadas judicialmente. Dicha aportación, del 50% de la dotación presupuestaria para 2017, es necesaria para atender inicialmente las necesidades de financiación de la AMTA, sin perjuicio de que a lo largo del ejercicio sean precisas más.
El próximo 27 de abril tendrá lugar en la sede de la Dirección General de la Familia y el Menor una charla formativa titulada “Los niños y las nuevas tecnologías. Resolviendo dudas sobre su uso”, impartida por la psicóloga Silvia Álava Sordo, Directora del Área Infantil del Centro de Psicología Álava Reyes, especialista en Psicología Clínica y Educativa y Psicoterapia y autora de los libros “Queremos Hijos Felices” y “Lo que nunca nos enseñaron”.
La Comunidad destinará 8,2 millones para atender en residencias y centros de día a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Esta inversión permitirá concertar 179 plazas, desde el 1 de mayo de 2017 hasta el 31 de octubre de 2018, dedicadas a la atención de estas personas. Se trata de 88 plazas de centro de día y 91 plazas de residencia con atención diurna, lo que supone un incremento respecto a las concertadas en la actualidad.
El Gobierno regional trabaja en la extensión de los programas deportivos en los diferentes colectivos a los que atiende en sus centros, como mecanismos imprescindibles para fomentar la práctica de actividad física, generar hábitos saludables y potenciar las actividades intercentros que favorecen la comunicación, la interacción y el trabajo en equipo. Están previstas más de 250 actividades para personas con discapacidad intelectual.
La Comunidad de Madrid se va a personar como acusación popular en tres nuevos casos de violencia de género ocurridos en la Comunidad, en los que una mujer fue asesinada y otras dos resultaron heridas graves, presuntamente, por sus parejas sentimentales. Así se ha dado cuenta hoy al Consejo de Gobierno de la encomienda a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.
Vamos a crear en los próximos meses una Mesa de Diálogo para dar seguimiento al Plan de Inclusión de Población Gitana 2017-2021. Con esta medida se pretende reforzar la colaboración y el trabajo en red entre el movimiento asociativo gitano y las Administraciones públicas, y promover también el debate sobre cuestiones relevantes para la población gitana en la Comunidad de Madrid.