El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan Anual de Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad de Madrid 2017, que contempla, entre otras actuaciones, la puesta en marcha del Consejo de Cooperación para el Desarrollo. Con una previsión presupuestaria de 2.325.000 euros, el plan desarrolla los objetivos, prioridades y recursos establecidos en el Plan General de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid 2017-2020.
Vamos a destinar 18,6 millones para garantizar el mantenimiento de 423 plazas de atención a mayores dependientes y personas con discapacidad intelectual en centros sociales de Majadahonda, Leganés, y Madrid capital (Villaverde). Hemos aprobado la prórroga durante un año del contrato con la Fundación ANDE para la gestión del Centro de Atención a personas con discapacidad intelectual Majadahonda.
Apoyamos la formación de jóvenes en riesgo de exclusión para su inserción sociolaboral a través de proyectos como 'Primera Experiencia Profesional', desarrollado por la Federación de Plataformas Sociales Pinardi. Durante el último mes, un grupo de 20 jóvenes en situación de vulnerabilidad han compartido actividades de formación mediante distintos talleres, experiencias prácticas como visitas a empresas y tutorías individuales y de grupo.
Este año vamos a invertir 14 millones de euros en obras de adaptación y renovación del equipamiento en los centros de atención a personas mayores en situación de dependencia de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS). En el conjunto de 2016 y 2017, los gastos de la AMAS destinados a obras de remodelación y mantenimiento ascienden a casi 40 millones de euros, lo que supone un incremento del 57,8% en este ámbito desde 2015.
La Comunidad de Madrid apoya a las personas con discapacidad intelectual de la región en la búsqueda y mantenimiento de empleo a través de distintas iniciativas, como los Servicios de Provisión de Apoyos para la Inserción Sociolaboral (SERPAIS) que ofrecen oportunidades reales de acceso al empleo y en los que han participado 300 personas en el primer semestre de 2017 de las cuales el 56,67% lograron o mantuvieron el empleo.
La Comunidad de Madrid ha aprobado destinar 12 millones de euros a 438 plazas de atención a personas mayores de la región en residencias de El Berrueco, Getafe y en centros y pisos tutelados de Madrid capital (Villaverde), Leganés y Buitrago de Lozoya, durante los próximos tres años. Los pisos tutelados son dedicados a mayores autónomos sin alojamiento estable o con vivienda inadecuada
Durante el primer semestre del año hemos prestado atención psicosocial a 352 víctimas de violencia de género (197 mujeres y 155 menores) a través del Programa Mira, un referente en la atención al daño emocional postraumático de las víctimas de violencia de género y en el apoyo a su recuperación emocional y social. Este recurso de la Comunidad, integrado en la Red Integral de Atención para la Violencia de Género, comenzó su actividad en 2006.
Disfrutamos de la mayor tasa de actividad de población extranjera (80,46%), ocho puntos por encima de la media nacional (72,5%), según los datos de la EPA del primer trimestre del año. La Comunidad de Madrid promueve la integración sociolaboral de los inmigrantes que viven en la región a través de distintos proyectos que apuestan por la formación y el refuerzo de las habilidades laborales, así como por talleres de búsqueda y mejora del empleo.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el gasto de 14.912.950 euros que garantizan el mantenimiento de 808 plazas en diferentes centros sociales para atender a personas con enfermedad mental grave y duradera y a mayores. También se ha dado el visto bueno al plan económico financiero para llevar a cabo las obras de rehabilitación integral de dos módulos de la residencia de mayores Doctor González Bueno.
Nos vamos a personar como acusación particular en un nuevo caso de violencia de género ocurrido el pasado 2 de mayo en Alcobendas, cuando una mujer y su hijo fueron asesinados presuntamente a manos de la pareja. Con este ya son 15 los casos en los que este año la Comunidad se persona en procedimientos judiciales relacionados con casos de violencia de género, tras el acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno.