Incendios: qué cubre mi seguro y cómo reclamar los daños en una vivienda o un vehículo

Cada verano, las elevadas temperaturas y la escasez de precipitaciones incrementan el riesgo de incendios forestales y urbanos. Aunque la mayoría de ellos no llegan a afectar a zonas habitadas, basta con que el fuego alcance una urbanización, una vivienda aislada o un garaje para que las consecuencias trasciendan el ámbito de la emergencia y se conviertan también en un problema económico para las personas afectadas. Cuando las llamas se extinguen y los servicios de emergencia autorizan el regreso a los inmuebles, comienza una etapa en la que surgen numerosas dudas: quién responde de los daños, qué cubre el seguro, qué documentación debe conservarse o cómo actuar si la indemnización propuesta no coincide con las pérdidas sufridas.

En el contexto actual, con incendios forestales de especial gravedad y declaraciones de emergencia en distintos territorios de la región, conviene recordar que estas declaraciones no determinan por sí solas quién indemniza los daños. Para saber si existe derecho a indemnización será necesario revisar, en primer lugar, la póliza contratada y, en su caso, las ayudas públicas que puedan aprobarse específicamente para las zonas afectadas.

El contrato de seguro constituye el punto de partida para determinar qué riesgos están cubiertos y cuáles quedan excluidos. Por ello, es conviene revisar periódicamente las sumas aseguradas y comprobar que continúan ajustándose al valor real de la vivienda y de los bienes protegidos. También es aconsejable verificar si la póliza incluye coberturas que pueden resultar especialmente útiles tras un incendio, como los gastos de alojamiento provisional cuando la vivienda queda inhabitable, la retirada de escombros, la reposición de documentos personales o la restauración estética de las estancias afectadas.

No menos importante es conocer las limitaciones del contrato. Algunas pólizas establecen franquicias, fijan importes máximos para determinados bienes o exigen que objetos de especial valor —como joyas, colecciones, instrumentos musicales o equipos profesionales— hayan sido declarados expresamente para quedar cubiertos. Revisar estos aspectos antes de que ocurra un siniestro evita sorpresas en un momento especialmente delicado.

En el Portal del Consumidor de la Comunidad de Madrid puede consultarse información sobre los distintos tipos de seguros, los aspectos que conviene revisar antes de contratar una póliza y los derechos que asisten a las personas consumidoras cuando surge un conflicto con la entidad aseguradora. 

Asimismo, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) ofrece información sobre la normativa aplicable, las obligaciones de las aseguradoras y el funcionamiento del mercado asegurador.

Una vez controlada la emergencia y garantizada la seguridad de las personas, comienza una fase decisiva para la correcta tramitación del siniestro.

El primer paso consiste en comunicar el incendio a la entidad aseguradora. El artículo 16 de la Ley de Contrato de Seguro establece que el tomador, el asegurado o el beneficiario deben notificar el siniestro dentro de los siete días siguientes a haber tenido conocimiento del mismo, salvo que la póliza establezca un plazo más amplio. En la actualidad, la mayoría de las compañías permite realizar esta comunicación por teléfono, a través de aplicaciones móviles o mediante formularios disponibles en sus páginas web. En cualquier caso, resulta conveniente conservar el número de expediente o cualquier justificante que acredite la notificación.

Si la zona ha sido evacuada, confinada o no se permite el acceso por razones de seguridad, no debe intentarse entrar en la vivienda o garaje hasta que lo autoricen los servicios de emergencia. En estos casos, conviene comunicar igualmente el siniestro a la aseguradora cuanto antes, indicando que el acceso al inmueble o al vehículo todavía no ha sido posible por instrucciones de las autoridades.

Al mismo tiempo, es recomendable documentar el estado en que ha quedado la vivienda o el vehículo mediante fotografías y vídeos, reunir facturas u otros documentos que permitan acreditar el valor de los bienes afectados y conservar, siempre que sea posible y sin comprometer la seguridad, aquellos objetos dañados que deban ser examinados posteriormente por el perito.

Además, la Ley de Contrato de Seguro prevé que, una vez producido el siniestro, el asegurado o tomador comunique por escrito a la aseguradora la relación de objetos existentes, los salvados y una estimación de los daños. Si no es posible reunir toda la información desde el primer momento, conviene remitir una primera comunicación y completarla posteriormente con facturas, fotografías, inventarios u otros documentos.

Solo cuando existan razones de seguridad o sea imprescindible evitar que los daños aumenten deberían realizarse actuaciones urgentes antes de la inspección pericial, como cerrar accesos, retirar agua, proteger bienes no afectados o encargar reparaciones provisionales. Estas actuaciones deben documentarse con fotografías y facturas, y comunicarse a la aseguradora. La Ley de Contrato de Seguro obliga al asegurado a emplear los medios a su alcance para aminorar las consecuencias del siniestro, sin que ello implique asumir riesgos personales ni desobedecer las indicaciones de las autoridades.

La comunicación del siniestro marca el inicio del expediente, pero la fase que normalmente determina el importe de la indemnización comienza con la valoración de los daños. En la mayoría de los casos, la entidad aseguradora designará un perito para inspeccionar la vivienda o el vehículo afectados y elaborar un informe sobre el origen del incendio, el alcance de los desperfectos y el coste estimado de su reparación o reposición.

La visita del perito constituye uno de los momentos más importantes de todo el procedimiento. De su informe dependerá, en gran medida, la propuesta de indemnización que formule posteriormente la aseguradora. Por ello, resulta conveniente facilitar el acceso al inmueble, aportar toda la documentación disponible y señalar aquellos daños que puedan haber pasado desapercibidos a simple vista.

La labor pericial no consiste únicamente en calcular cuánto cuesta reparar una pared quemada o sustituir un electrodoméstico. También debe determinar qué desperfectos guardan una relación directa con el incendio y cuáles pueden deberse a otras causas. En ocasiones, además de los daños visibles, aparecen problemas que solo se manifiestan con el paso de los días. El humo puede afectar al funcionamiento de equipos electrónicos o sistemas de climatización, mientras que la humedad derivada de las labores de extinción puede provocar deterioros progresivos en revestimientos, carpinterías o instalaciones eléctricas.

Si estas circunstancias se detectan después de la primera inspección, conviene ponerlas en conocimiento de la aseguradora lo antes posible para que puedan incorporarse al expediente. Del mismo modo, las facturas de adquisición, fotografías tomadas antes del incendio o certificados relativos a determinadas instalaciones pueden resultar de gran utilidad para acreditar el valor de los bienes afectados y facilitar una valoración ajustada a la realidad.

El objetivo del seguro es restituir, dentro de los límites pactados en la póliza, el perjuicio económico ocasionado por el incendio. Sin embargo, la complejidad de algunos siniestros puede hacer que la tramitación se prolongue durante varias semanas, especialmente cuando existen daños estructurales, intervienen varias compañías aseguradoras o resulta necesario realizar peritaciones complementarias.

Con el fin de proteger a las personas aseguradas frente a retrasos injustificados, la Ley de Contrato de Seguro establece determinados plazos que las entidades aseguradoras deben respetar. El artículo 18 dispone que, una vez concluidas las investigaciones necesarias para determinar la existencia del siniestro y su alcance, la compañía debe satisfacer la indemnización correspondiente. Además, dentro de los cuarenta días siguientes a la recepción de la declaración del siniestro deberá abonar, al menos, el importe mínimo de lo que pueda deber según las circunstancias conocidas hasta ese momento.

Esta previsión adquiere una especial importancia cuando el incendio ha dejado la vivienda inhabitable o ha ocasionado daños que requieren actuaciones urgentes. El anticipo de una parte de la indemnización puede facilitar el inicio de las reparaciones, el alquiler temporal de otra vivienda o la reposición de bienes imprescindibles mientras concluye la tramitación del expediente.

Cuando el retraso en el pago carece de causa justificada, la propia Ley de Contrato de Seguro contempla un régimen específico de intereses destinado a proteger a la persona asegurada y a fomentar una gestión diligente por parte de las entidades aseguradoras.

Los incendios forestales, los fuegos declarados en garajes o la propagación de las llamas desde inmuebles próximos pueden ocasionar daños de distinta consideración en turismos, motocicletas, caravanas o vehículos industriales.

En estos casos, la cobertura dependerá del tipo de seguro contratado. Las pólizas a todo riesgo suelen incluir la garantía de incendio, mientras que en los seguros a terceros esta cobertura puede formar parte de una modalidad ampliada o haberse contratado de forma opcional. Por ello, la respuesta de la aseguradora variará según las condiciones particulares del contrato.

Si el vehículo puede repararse, la indemnización cubrirá, con carácter general, el coste de la reparación dentro de los límites previstos en la póliza. Cuando los daños sean tan graves que la reparación resulte antieconómica, la compañía podrá declarar el denominado siniestro total y calcular la indemnización conforme a los criterios pactados.

En este punto adquieren especial relevancia conceptos como valor de nuevo, valor venal o valor venal mejorado. Algunas pólizas garantizan durante los primeros años la sustitución del vehículo por otro nuevo de características similares, mientras que otras toman como referencia el valor de mercado inmediatamente anterior al incendio. Comprender estas diferencias ayuda a interpretar correctamente la propuesta de indemnización y evita expectativas que no se corresponden con el contrato suscrito.

Cada vez que un incendio de grandes dimensiones ocupa la actualidad vuelve a plantearse la misma duda: ¿corresponde al Consorcio de Compensación de Seguros indemnizar los daños?

La respuesta es más limitada de lo que muchas personas creen.

La resolución de un expediente de incendio no siempre pone fin a las dudas de la persona asegurada. Aunque muchas reclamaciones concluyen mediante acuerdo entre las partes, también existen situaciones en las que la indemnización propuesta resulta inferior a la esperada, determinados daños quedan excluidos de la cobertura o la tramitación se prolonga más de lo deseable.

En estos supuestos conviene recordar que el contrato de seguro no solo impone obligaciones al asegurado. La entidad aseguradora también debe actuar conforme a los principios de buena fe contractual, motivar sus decisiones cuando rechaza total o parcialmente una reclamación y respetar los plazos establecidos por la legislación.

Antes de considerar agotadas las posibilidades de acuerdo, resulta recomendable solicitar una explicación detallada de la valoración realizada y comprobar cómo se aplican al caso concreto las condiciones generales y particulares de la póliza. En ocasiones, una diferencia que inicialmente parece insalvable responde a una cuestión técnica o a la necesidad de aportar documentación adicional que permita acreditar el valor de los bienes dañados o el alcance real del siniestro.

Cuando el desacuerdo persiste, el ordenamiento jurídico ofrece distintos mecanismos para la defensa de los derechos de las personas aseguradas. El primer paso suele consistir en dirigirse al Servicio de Atención al Cliente o, si existe, al Defensor del Cliente de la entidad aseguradora, órganos encargados de analizar las reclamaciones presentadas por los asegurados y emitir una respuesta motivada.

Para acudir después al Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, la persona consumidora debe haber reclamado previamente ante el Servicio de Atención al Cliente o Defensor del Cliente de la entidad, y que la reclamación haya sido inadmitida, desestimada total o parcialmente, o que haya transcurrido más de un mes sin respuesta.

Si el conflicto continúa sin resolverse, podrán utilizarse las restantes vías previstas por la normativa, incluida, cuando resulte necesario, la vía judicial. Antes de iniciar cualquier procedimiento conviene conservar toda la documentación relacionada con el expediente y ordenar cronológicamente las comunicaciones mantenidas con la aseguradora, ya que una reconstrucción precisa de los hechos facilita el análisis del caso.

Las personas consumidoras también pueden encontrar información sobre contratación de seguros, derechos de la clientela y mecanismos de reclamación en el Portal del Consumidor de la Comunidad de Madrid, así como en la página de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, donde se recopila información actualizada sobre la normativa aplicable y la protección de las personas aseguradas.

En definitiva, el seguro no evita que se produzca un incendio, pero sí puede contribuir de manera decisiva a reducir su impacto económico. Para que esa protección resulte efectiva es imprescindible conocer las coberturas contratadas, mantener la póliza actualizada y actuar con diligencia desde el primer momento. La información, junto con la prevención, continúa siendo la mejor aliada de las personas consumidoras para proteger su patrimonio y ejercer sus derechos con seguridad.

En todo caso, durante episodios de altas temperaturas o riesgo extremo de incendios, deben seguirse siempre las indicaciones de Protección Civil, servicios de emergencia y autoridades competentes, especialmente en evacuaciones, confinamientos, accesos a viviendas afectadas o retorno a zonas desalojadas.