Tutela de adultos

La tutela es la institución de guarda que procede cuando se declara la incapacidad total de una persona para decidir por sí mismo y administrar sus bienes, convirtiéndose el tutor en el representante legal del incapaz, tanto en el ámbito personal como en el patrimonial. También procede en los casos donde el individuo puede regir su persona, pero no sus bienes, o al revés, decretándose en este supuesto una tutela parcial. 

El tutor es la persona física o jurídica designada por el juez, que tiene como misión el cuidado del incapacitado, su representación en todos los actos que no puedan realizar por sí solos, y la administración de su patrimonio.

Para la designación de tutor se preferirá a un familiar, y en su defecto, quien el juez considere más idóneo, pudiendo también ser tutores las personas jurídicas, públicas o privadas, que no tengan finalidad lucrativa y entre cuyos fines figure la protección de incapaces.

No pueden ser designados como tutores quienes estén enemistados con el incapacitado, estén en prisión o tengan determinados antecedentes penales que les imposibiliten ejercer el cargo de tutor. El juez determinará si se dan algunas de estas circunstancias.

Pueden excusarse de ser tutor aquellas personas a las que, por razones de edad, enfermedad, ocupaciones personales o profesionales, falta de vínculos entre tutor y tutelado o por cualquier otra causa, les resulte gravoso el ejercicio del cargo.

Las personas jurídicas podrán excusarse cuando carezcan de medios suficientes para el adecuado desempeño de la tutela.

El tutor actuará y firmará en nombre de la personada tutelada en todos los actos con trascendencia jurídica. Los actos que efectúe el incapaz sin la asistencia de su tutor serán nulos y carecerán de validez legal.

La principal obligación del tutor es velar por el tutelado y, en particular, debe procurarle alimentos y promover la recuperación de la capacidad y su inserción en la sociedad.

Con el fin de evitar que el tutor pueda adoptar decisiones que perjudiquen al tutelado, tiene la obligación de presentar al juez un inventario de los bienes y deudas del tutelado e informar anualmente de la situación personal y patrimonial del tutelado, presentando una rendición anual de cuentas.

Cuando se extinga la tutela por fallecimiento del tutelado, o se nombre a otro tutor, debe presentar la Rendición Final de Cuentas para su aprobación por el juzgado.

La actuación del tutor se encuentra supervisada en todo momento por el juez, el cual, debe autorizar cualquier modificación sustancial en el patrimonio o en la situación del incapaz que puedan perjudicar sus intereses.

El tutor necesita, por tanto, autorización judicial, para actos como internar al tutelado en establecimiento de salud mental, para enajenar bienes inmuebles, para dar y tomar dinero a préstamo. 

La tutela de un adulto se extingue:

• Por fallecimiento de la persona sometida a tutela.
• Cuando habiéndose originado por privación o suspensión de la patria potestad, el titular la recupere.
• Al dictarse la resolución judicial que ponga fin a la incapacitación o que modifique la sentencia de incapacitación en virtud de la cual se sustituye la tutela por la curatela   

Pueden ser removidos del cargo de tutor los que, con posterioridad a su nombramiento, incurran en alguno de los casos en los que no se puede ser tutor o se conduzcan mal en el desempeño de la tutela, por incumplimiento de los deberes propios del cargo

La remoción, solo podrá hacerse por el juez, que nombrará entonces un nuevo tutor.