Esta ley no tiene ningún sentido de existir pues atenta contra toda las libertades. Un médico por su ética, valores y juramento hipocrático tiene todo el derecho a decidir no hacer un aborto y no ser señalado en un listado. 
Que se empiecen a respetar los derechos y libertades básicos de los ciudadanos. 

Buenos días.
Escribo en relación al registro de personas objetoras de conciencia para realizar abortos en la Comunidad de Madrid.
En primer lugar, agradezco a Isabel Díaz Ayuso las medidas a favor de la mujer embarazada, del no nacido y del recién nacido como la ayuda de los 500 euros al mes, el cómputo del no nacido a los efectos favorables de la familia numerosa y su oposición inicial a crear la lista de objetores de conciencia a realizar abortos.
Aunque el aborto, el homicidio voluntario de un niño inocente en el vientre de su madre, es un tema que parece socialmente aceptado, sigue siendo un pecado gravísimo y un crimen atroz, provocando la muerte de un ser humano inocente, igual en dignidad que las personas nacidas. 
Estando esta cuestión de fondo el gobierno actual de nuestro país propone facilitar aún más el acceso al aborto en los hospitales públicos, pagados por los impuestos de todos los trabajadores. Esta es otra cuestión injusta, ya que actualmente no hay ningún mecanismo para objetarse a financiar abortos con nuestros impuestos.
El actual gobierno socialista-comunista-independentista propone señalar a todos los profesionales sanitarios que no estén de acuerdo a realizar abortos o a ser cómplices de ello.
Este mismo señalamiento atenta directamente contra la libertad religiosa y la libertad de conciencia, ya que obliga a los profesionales sanitarios a exponer sus convicciones morales o religiosas, ya sea ante sus jefes directos o indirectos o ante sus compañeros de profesión. Además, con esta lista se estarían recopilando datos muy sensibles que afectan de forma muy directa a la privacidad de los profesionales.
Por otro lado, supone que muchos profesionales que no quieran realizar abortos, no se atrevan a apuntarse en la lista de objetores por miedo o por evitar posibles problemas.
Además, es un atentado contra el propio juramento hipocrático que defienden los médicos.
La defensa de la vida es el núcleo central del juramento hipocrático y se manifiesta principalmente a través de la prohibición de causar daño, la negativa a facilitar la muerte y el compromiso con la salud del paciente.
En el juramento hipocrático original, se defiende la vida de forma explícita como se puede leer en las siguientes citas, entre otras.
"No administraré a nadie un fármaco mortal, aunque me lo pida, ni tomaré la iniciativa de una sugerencia de este tipo" y "Asimismo, no recetar a una mujer un pesario abortivo".
Por lo que se está obligando a los médicos a ir en contra de lo que juraron al graduarse. 
Además, los médicos en ese juramento hipocrático se comprometen a defender el bienestar del paciente, no a obedecerle en todo lo que pida, ya sea el aborto, la eutanasia o la aplicación de cualquier fármaco o tratamiento que el paciente pida a su antojo.
El aborto provocado en la mujer precisamente no contribuye a su bienestar psicológico ni emocional, ni por supuesto al bienestar del niño que lleva dentro, cuya vida es eliminada directamente.
Es una barbaridad lo que se pretende hacer desde el gobierno imponiendo a las comunidades autónomas esta lista negra.
No debería haber lista de ningún tipo, ni de médicos objetores ni de médicos a favor de practicar abortos, ya que la medicina de por sí busca favorecer la vida, no lo contrario. 
Con esa lista se está cometiendo un atropello a la vida de los niños abortados, dejándolos aún más desprotegidos, a las madres embarazadas quitando la vida a sus hijos y provocando secuelas de distinto tipo, a la profesión médica en sí misma yendo contra su núcleo fundamental, a la libertad de conciencia de los profesionales sanitarios al obligarles a manifestar sus convicciones, al uso injusto de los impuestos de los ciudadanos para manchar de sangre inocente las manos de los profesionales sanitarios.
¿Dónde queda el derecho a la vida, a la libertad de conciencia, al ejercicio de la profesión médica sin coacciones políticas?
Esta lista negra de hecho puede llevar a la estigmatización de los profesionales que se auto señalen. Puede provocar discriminación a la hora de contratación o de promoción y presiones directas o indirectas contra los profesionales objetores.
Como responsables políticos de la Comunidad de Madrid tenéis el deber de defender la vida, la profesión médica no desvirtuada y la libertad de conciencia de cada ciudadano.
Por todo ello pido a la Comunidad de Madrid en mi nombre y en el de todos los miles de niños abortados que no continúe con el trámite de la lista de objetores al aborto.
No os lavéis las manos ante tanta sangre inocente.
Es una responsabilidad muy grave.