La Comunidad de Madrid tendrá el nuevo núcleo penal de la capital a pleno rendimiento en noviembre

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El nuevo núcleo penal que la Comunidad de Madrid va a poner en marcha en Madrid capital, en la zona de San Blas, estará a pleno rendimiento en noviembre, una vez se concluya la mudanza de órganos judiciales y fiscales que se ha iniciado este mes de octubre.
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11 octubre 2018

Así lo ha avanzado hoy la consejera de Justicia, Yolanda Ibarrola, en el pleno de la Asamblea de Madrid, donde ha comparecido, a petición propia, para explicar los detalles de la agrupación de la jurisdicción penal que el Gobierno regional está impulsando en Madrid capital. “Se trata de la mayor inversión en infraestructuras judiciales en Madrid desde que S.M. el Rey Juan Carlos inaugurara, hace 40 años, los juzgados de Plaza de Castilla”, ha destacado.

Ibarrola ha enmarcado la puesta en marcha del nuevo núcleo penal en la apuesta del Gobierno que preside Ángel Garrido por mejorar las infraestructuras judiciales al considerar la Justicia no solo como un derecho inalienable de los ciudadanos sino, también, “como un servicio público fundamental, motor de desarrollo humano y económico, y que, por tanto, debe prestarse en las mejores condiciones posibles”. Por este motivo, la Comunidad de Madrid puso en marcha el año pasado un Plan de modernización de las infraestructuras judiciales que cuenta con un presupuesto de 19,7 millones de euros en este ejercicio, casi el triple que en 2017 y 30 veces más que al inicio de la legislatura. 

Entre las prioridades de este plan figura el nuevo núcleo penal, que va a concentrar 56 juzgados en tres edificios, situados en un radio de 100 metros. En concreto, Ibarrola ha explicado que en el nuevo edificio del número 31 de la calle Albarracín se ubicarán los 11 juzgados de Violencia sobre la Mujer, 14 juzgados de lo Penal y seis juzgados Penales de Ejecutorias. Además, ha añadido, “contará con las dependencias relacionadas con la Fiscalía, la Oficina de Asistencia a Víctimas y la unidad de Policía adscrita”.

Por su parte, en el número 37 de la calle Hermanos García Noblejas se mantendrán todos los juzgados de Menores y dependencias asociadas, como la Fiscalía específica o el Grupo de Menores de la Brigada Provincial de Policía Judicial. A ello se suma que en una ubicación cercana se encuentran las oficinas de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI) de la Comunidad. La última pieza del nuevo núcleo penal es el edificio de la calle Julián Camarillo, 11, donde se ubicarán 18 juzgados de lo Penal y la Fiscalía de lo Penal. 

Más que un mero agrupamiento

Para Ibarrola, este núcleo va más allá de un simple agrupamiento de juzgados, al permitir mejoras sensibles en la jurisdicción penal. Así, por ejemplo, se logra un incremento de la superficie judicial disponible de 12.000 metros cuadrados y se acaba con los problemas que genera la dispersión de sedes. “No debemos olvidar que, en la situación anterior, justiciables y agentes jurídicos tenían que padecer sedes distanciadas entre sí hasta por 12 kilómetros”, ha dicho. Además, se han mejorado las dependencias judiciales, atendiendo las demandas de los profesionales de la Justicia y poniendo una especial atención a las necesidades de las víctimas de delito, especialmente las de violencia de género y los menores. 

Para la consejera, el mejor ejemplo de esto es el planteamiento funcional y dotacional de la nueva sede de la calle Albarracín, 31, que concentra la subjurisdicción de Violencia sobre la Mujer y donde se ha querido crear “un espacio en el que las víctimas se encontrasen en un ambiente protegido y con la necesaria privacidad, evitando el contacto con el agresor, y los efectos perversos de lo que se denomina «segunda victimización»”. Para ello, según ha detallado Ibarrola, se ha planificado un sistema con entradas diferenciadas y recorridos internos configurables y se ha implantado la primera cámara Gessel de la región, que permite tomar declaración a las víctimas más vulnerables en un entorno más tranquilo y aislado respecto al victimario.

Con las víctimas

“De esta forma, las nuevas instalaciones permiten asegurar la libertad y la integridad física y psíquica de las víctimas y de sus familiares, proteger su intimidad y dignidad y neutralizar cualquier tipo de represalia o intimidación”, ha señalado. Ibarrola ha recordado que todo este proyecto se ha llevado a cabo con transparencia y diálogo tanto con los operadores jurídicos como con los sindicatos o los grupos parlamentarios. “En resumen, hemos hecho, en muchos casos, un auténtico trabajo a medida, que redundará en el mejor servicio a los madrileños y el mejor ejercicio posible de la administración de Justicia”, ha concluido.