Autorizamos 41 acuerdos con ayuntamientos para garantizar los servicios sociales

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LA COMUNIDAD APORTA 27,5 MILLONES DE EUROS

Este año vamos a destinar 27,5 millones de euros para garantizar los servicios sociales de la región, a través de los convenios de colaboración con ayuntamientos y mancomunidades para el desarrollo de la atención social primaria en municipios. El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la celebración de 41 convenios entre la Comunidad de Madrid y diversas entidades locales (27 ayuntamientos y 14 mancomunidades).

03 mayo 2017

Otros 13 convenios que se van a suscribir no necesitan ser aprobados por el Consejo de Gobierno, al ser de una cuantía inferior a 250.000 euros. De esta manera, en 2017 se van a celebrar 54 convenios entre la Comunidad de Madrid y entidades locales, por un importe total de 39,6 millones de euros, de los que el Gobierno regional aporta 27,5 millones y las entidades locales 12,1 millones.

El objeto de estos convenios es regular la cooperación entre las partes firmantes para la gestión de los servicios sociales de atención primaria que se dirigen a toda la población del municipio o mancomunidad correspondiente, así como hacer efectivos los derechos de la Renta Mínima de Inserción (RMI), con el seguimiento de los programas individuales y los apoyos personalizados para la inserción social y laboral derivados de la RMI.

Valoración de situaciones de dependencia
Los convenios contemplan, igualmente, la encomienda de gestión a cada una de las entidades locales para la valoración de las situaciones de dependencia, salvo los correspondientes a los ayuntamientos de Coslada y Meco, y las Mancomunidades de Sierra Oeste y Las Cañadas, que no aceptaron la citada encomienda.

A través de estos convenios de colaboración se financian los gastos de personal necesarios para la gestión de los programas, proyectos, prestaciones y servicios objeto del convenio, y los gastos de mantenimiento de cada centro municipal de atención social primaria necesarios para su funcionamiento. Asimismo, se financian los gastos derivados de los programas de atención domiciliaria; de emergencia social; de prevención, inserción y promoción social; de atención al menor, y de alojamiento alternativo.