El Gobierno regional y la Fiscalía Superior de Madrid apuestan por la tecnología

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PARA GESTIONAR DE MANERA MÁS EFICIENTE LAS TUTELAS

El Gobierno regional, a través de la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos (AMTA), firma un convenio con la Fiscalía Superior de Madrid, por el que los fiscales, con competencias en materia de incapacidad, podrán tener acceso a los informes patrimoniales y a todo el historial económico de los tutelados. Ese acuerdo va a permitir que la fiscalía pueda ejercer la labor de control de la tutela, evitando requerimientos judiciales de solicitud de información.

20 abril 2017

Como cualquier otro tutor, la AMTA tiene que rendir cuentas ante la Justicia de la administración del patrimonio realizada. La intervención del fiscal en el control judicial de las tutelas es fundamental y su intervención es preceptiva.


La AMTA cuenta con más de 3.000 expedientes abiertos, siendo más de 50.000 folios en total los que se presentan anualmente en los diferentes Juzgados de la región. Este nuevo portal permitirá a los fiscales acceder a la información en tiempo real sin necesidad de papel, lo que supone una mejora evidente en la realización de sus funciones en la defensa y protección de las personas con discapacidad.

Plan estratégico de la AMTA 2016-2021
Hace un año que se puso en marcha el Plan Estratégico de la AMTA 2016-2021, un documento que marca la hoja de ruta del Gobierno regional para los próximos años en materia de tutela e incapacidad y que recoge la importancia de ofrecer formación y especialización a los trabajadores de la Agencia y a las personas que trabajan en el sector.

De las cuatro líneas de actuación marcadas en el Plan Estratégico, la Comunidad de Madrid ya está dando respuesta a todas ellas a través de medidas concretas que buscan mejorar la gestión de la Agencia, hacer más visible su labor, sensibilizar a la sociedad y buscar nuevos modelos de intervención con las personas más vulnerables de la región.

La Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos cuenta con un presupuesto de 6,9 millones de euros para 2017, que permitirá seguir protegiendo a las personas que han sido incapacitadas judicialmente por diversos motivos.