Aumentaremos un 30% la inversión en infraestructuras judiciales en 2017

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GARRIDO EXPONE EN LA ASAMBLEA EL PLAN DE ACCIÓN EN LA JUSTICIA

La Comunidad de Madrid tiene previsto aumentar un 30% la inversión destinada a modernizar infraestructuras judiciales en 2017, dentro del plan de acción en Justicia que viene desarrollando el Gobierno regional desde el inicio de la legislatura. Así lo ha avanzado hoy el consejero de Justicia, Ángel Garrido, durante su comparecencia en el pleno de la Asamblea para informar sobre los planes del Gobierno en relación a las sedes judiciales de la región.

02 febrero 2017

Garrido ha explicado que la modernización y mejora de las infraestructuras judiciales será el eje prioritario para 2017 del plan de acción en Justicia, al igual que la justicia gratuita y las medidas tomadas en materia de personal lo han sido en los dos últimos ejercicios. Una prioridad que se va a concretar, principalmente, en la agrupación de sedes, el impulso de nuevos edificios judiciales y la modernización de los ya existentes. Todo ello, en línea con lo hablado en la última semana con los principales operadores jurídicos de la región, en las reuniones mantenidas por el consejero.

“Hacemos nuestras las reivindicaciones de los jueces decanos, del Tribunal Superior de Justicia, de la Fiscalía y de los sindicatos. Ellos, mejor que nadie, conocen las necesidades que la Justicia arrastra hace años y es con ellos con quienes hemos acordado las próximas actuaciones”, ha señalado Garrido.

Traslado y agrupación de sedes
En lo referente al traslado y agrupación de sedes, Garrido ha destacado los planes para concentrar secciones dependientes de la Audiencia Provincial en una nueva ubicación más adecuada, así como para unificar la jurisdicción penal en un mismo entorno. Se están estudiando también las necesidades de los juzgados de Getafe para reubicarlos en un nuevo inmueble, atendiendo a las solicitudes de la fiscalía de área, y se está trabajando en la reagrupación de los juzgados de Aranjuez en un único edificio, en Patio de los Caballeros.

En cuanto a nuevas construcciones, se está negociando con Torrejón de Ardoz lo relativo al nuevo edificio judicial de la localidad, y se está estudiando encargar una valoración del estado en el que se encuentran los edificios de los nuevos juzgados de Navalcarnero y San Lorenzo de El Escorial, cuyas obras se iniciaron pero quedaron paralizadas. “En definitiva, estamos trabajando en la búsqueda de soluciones eficaces y viables económicamente”, ha resumido el consejero.

La otra línea de actuación en infraestructuras judiciales será la modernización de los inmuebles ya en funcionamiento. Se va a seguir con la mejora, por ejemplo, de la climatización de diferentes dependencias judiciales (apartado al que ya se destinaron 400.000 euros el año pasado) y se van a realizar actuaciones de mejora y pintura en los juzgados de guardia de Plaza de Castilla.

Justicia gratuita
En su intervención, el consejero ha recordado que en 2015 se dio un impulso a la justicia gratuita, con la mejora de los baremos para abogados y procuradores. Impulso que se mantendrá a lo largo de la legislatura y que en 2017 se concretará en la puesta en marcha de mejoras en sistema de certificaciones para los pagos en este ámbito.

En 2016, el Gobierno regional centró sus esfuerzos en introducir mejoras en materia de personal al servicio de la Administración de Justicia, con el fin de agilizar los procedimientos judiciales. Se nombraron 881 funcionarios interinos para reforzar los juzgados con más carga de trabajo, un 60% más que en 2015. Y, en paralelo, también se cubrieron el 40% de las plazas que se encontraban vacantes.

“En 2017, vamos a seguir cubriendo con personal funcionario las vacantes que existen, alcanzando el máximo de plazas que permite el Ministerio de Justicia al año”, ha indicado. “El buen funcionamiento de la Administración de Justicia es un objetivo prioritario para este Gobierno. Sabemos que es un servicio público esencial y, por eso, Madrid es la comunidad que más ha apostado por la Justicia, con una inversión global de 3.000 millones de euros desde que asumimos las competencias en materia de Justicia en el año 2003”, ha concluido.